Moyano denunció penalmente a Macri por las extorsiones que sufrió el juez Carzoglio

Por los supuestos delitos de espionaje ilegal en su contra y de su familia, tráfico de influencias y sustracción de caudales públicos, Hugo Moyano denunció penalmente al presidente de la Nación y exige un resarcimiento por 100 millones de pesos. 

La denuncia la presentó su abogado Daniel Llermanos ante el juzgado federal 2 de la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora a cargo transitoriamente del juez Juan Carlos Augé.

La presentación está relacionada con revelaciones surgidas de la investigación que lleva adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que sacó a la luz una presunta banda dedicada el espionaje ilegal y la extorsión, y que involucra al fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos, al falso abogado Marcelo D’Alessio, y al periodista de Clarín, Daniel Santoro, entre otros. 

Además, Moyano hace referencia a las declaraciones del juez de San Isidro Luis Carzoglio, quien días atrás denunció haber recibido "una visita intimidatoria de integrantes de la AFI" mientras tramitaba una de las denuncias contra Pablo Moyano. Meses atrás, el magistrado desistió de pedir la detención del hijo del líder camionero y denunció presiones de funcionarios gubernamentales bonaerenses.

Según la denuncia, Macri, “en la convicción de que el firmante (Moyano) era un estorbo para sus planes de flexibilización laboral y de endeudamiento público de nuestro país, ha ejecutado desde junio de 2016 hasta la fecha, valiéndose de fondos del Estado y de la activa colaboración de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, del Ministerio de Seguridad y de periodistas, un plan criminal destinado a lograr mi desprestigio público”.

Ese supuesto plan fue “mediante reiteradas maniobras de falsificación material y/o ideológica de expedientes judiciales mediante tráfico de influencias, extorsión a personas privadas de libertad ordenando montar paralelamente políticas de confiscación del patrimonio de la Entidad Gremial que conduzco y el vaciamiento de la Obra Social”.

 

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