Bonadío volvió de su licencia y lo primero que dictó fue el juicio a CFK por la “carta de San Martín”
Bonadío volvió de su licencia por problemas de salud y como primera medida dictó el juicio oral contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que investiga la posesión por parte de la senadora de Unidad Ciudadana de la “carta de San Martín”.
La misma fue requisada durante un allanamiento en El Calafate, por la que acusa a la Senadora de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al no haberla entregado al Archivo Histórico de la Nación. Se trata de un escrito que José de San Martín le envió desde Francia al prócer chileno Bernardo O'Higgins en 1835, a la que también se suma un prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen.
Ambos documentos se encontraban en la residencia de El Calafate, que fue allanada por orden del mismo magistrado. Tras el procedimiento, la carta quedó en manos del Archivo General de la Nación. En marzo de 2019, el juez procesó a la ex Presidenta, alegando que había obtenido la carta de forma ilegal y la procesó por presunto “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos”.
Cabe recordar que Cristina en su flamante libro “Sinceramente” explica cómo obtuvo el documento. En él aclara que se trató de un obsequio del presidente Ruso, Vladimir Putin, durante una viaje a Rusia en marzo de 2015. Según narra en el libro, el mandatario ruso “la mandó a comprar en Nueva York” específicamente para CFK.
“No es factible concebir que la doctora Cristina Fernández de Kirchner, abogada, ex diputada, senadora nacional y ex presidenta del país por dos períodos, desconociera que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendental relevancia histórica que, como tales, constituyen patrimonio cultural de la Argentina o de Chile”, argumentó el magistrado en su momento.
A su vez, el periodista Néstor Espósito explicó en Tiempo Argentino que el delito por el que Bonadío acusa a CFK, ni siquiera figura como autónomo en el Código Penal. Aparece en una ley sancionada en 1961 por el entonces vicepresidente José María Guido, por ausencia del primer mandatario, Arturo Frondizi.
La ley en cuestión es la 15.930, que dispuso la creación del Archivo General de la Nación. En su artículo 26 estipula que "las personas que infringieren la presente ley mediante ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos, serán penadas con multa de diez mil a cien mil pesos moneda nacional, si el hecho no configurare delito sancionado con pena mayor".
El artículo 19 sostiene que "los documentos de carácter histórico que estén en poder de particulares deben ser denunciados por sus propietarios al Archivo General de la Nación" y advierte que "la no observancia de esta disposición implicará ocultamiento". Pero ese artículo se agotó en 1962, pues estipulaba un año de plazo para hacerlo.
La ley también prevé que "los poseedores de documentos históricos podrán continuar con la tenencia de los mismos, siempre que los mantengan en condiciones que garanticen su conservación". La carta de San Martín y el prontuario de Yrigoyen se mantienen en perfecto estado, pese al paso del tiempo.
Finalmente, el artículo 25 determina que "todo funcionario o agente público dará cuenta al Archivo General de la Nación … de la existencia de documentos de carácter histórico que comprueben en las actuaciones en que intervengan". La interpretación del fallo permite concluir que la ex presidenta está procesada (tal vez, sólo tal vez) porque no le avisó al Archivo General de la Nación que tenía esos documentos. “Bonadío cada vez más arbitrario, más ilegal…” escribió la ex presidenta en su libro Sinceramente, resumiendo la acusación.