Una firma contratada por la gestión vidalista para las cobranzas extrajudiciales de ABSA, la empresa del agua, llama a los deudores, la mayoría jubilados, y hasta los amenaza con “quedarse con la casa” para ejecutar la morosidad, lo cual disparó un desesperado pedido de "piedad" de una abuela a Vidal.
Es que en las últimas semanas, decenas de vecinos platenses recibieron agresivos mensajes por parte de una empresa privada que terceriza el servicio de cobranzas extrajudiciales de Agua Bonaerense SA. La firma anti-morosos lanzó una agresiva campaña de recupero de deudas que incluye amenazas explícitas de iniciar acciones judiciales y hasta advertencias de “quedarse con la casa” de los deudores, la mayoría jubilados, para ejecutar la morosidad.
Crecieron las quejas de los usuarios intimados que recurrieron a la Defensoría del Pueblo de la Provincia en un intento desesperado por denunciar las amenazas y eludir las profundas consecuencias del incumplimiento del pago de las abultadas tarifas.
No sólo los asustó el llamado telefónico con una voz con tono y palabras amenazantes del otro lado, sino que la problemática también viene del lado de lo económico: es que por la deuda inicial producto de los tarifazos, las facturas morosas se engrosan con cuantiosas multas que elevan la deuda en muchos casos hasta límites impagables.
El aluvión de presentaciones se incrementó en los últimos días y alertó a la Defensoría, desde donde desplegaron una estrategia para contener los casos, una gran parte de jubilados, y trasladarlos a la empresa estatal. Lo confirmó su titular, Guido Lorenzino, al mismo medio: “Hemos recibido innumerables casos de adultos mayores preocupados por intimaciones realizadas desde un centro operativo tercerizado de ABSA, reclamando una deuda importante”.
El ombudsman bonaerense confirmó que, según la mayoría de los denunciantes que llegaron hasta esas oficinas, la empresa encargada de cobranzas extrajudiciales los presiona “con el argumento de que si esa deuda no se paga, perderían la propiedad”.
“Lo preocupante es el argumento de perder la propiedad, que para una persona mayor o para cualquier persona es algo gravísimo, sabiendo además que esto no es así, porque hay muchas instancias previas que pueden resolver la situación”, explicó Lorenzino.
Una jubilada afectada por las intimaciones lanzó un desesperado pedido a Vidal, mientras la gobernadora hace campaña en tono feminista: “Que tenga piedad con los jubilados, que no tenemos ni para comer. Bajen el costo de la factura, por favor, tengan piedad con la gente. Sepan que somos jubilados y no podemos estar pagando, pagando, pagando también tenemos que comer”.
Mirá el video:
María Juana Andino, abuela que hizo su reclamo ante la Defensoría, explicó su caso: “Tengo una deuda de ABSA. Me cobraron una multa como de $14 mil que no puede seguir pagando. No tengo plata, no me alcanza. Pago la Luz, el gas, que son importante para mí, y me llaman para decirme que tengo que pagar la deuda. No puedo".
Otro caso, el de María del Carmen Gotelli, también expone la situación de los jubilados y, encima, el de una persona que fue afectada por las inundaciones y perdió todo. Pidió un plan de pagos “razonable" y no una "usuara" como lo que les "están reclamando", y precisó: “Me quede prácticamente sin nada después de las inundaciones, y fui pagando a medida que podía porque no me gusta tener deudas, pero no se pudo pagar todo y ahora nos reclaman una deuda que es directamente usurera”.
La polémica empresa anti-deudores ganó la licitación pública abierta por la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Vidal para encargarse del servicio de cobranzas extrajudiciales a clientes morosos de ABSA. Se trata de una firma privada sobre la que llueven cuestionamientos por presunta estafa en la provincia de Córdoba, beneficiada por con un millonario contrato de “tercerización” para realizar una tarea para que la propia empresa tiene un departamento exclusivo: cobranzas.
Hace sólo días y a pesar de este panorama, Vidal quiso aclarar que “el mayor esfuerzo” ya se hizo, pero admitió que todavía falta subir las tarifas, al menos un 25% para eliminar los subsidios, más el incremento por inflación, que promedia el 55% anual.
Fuente: Infocielo, Política Argentina
