Imputaron a Patricia Bullrich por espiar ilegalmente a la comunidad mapuche
Este viernes el fiscal Franco Picardi solicitó determinar si la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto a otros funcionarios de esa cartera, desarrollaron "un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad".
Según Picardi el objeto dicha operación fue "coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal".
En la presentación, el fiscal apuntó a negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
Además, se delimitó la pesquisa a establecer si mediante un acuerdo entre los funcionarios, una vez producidos hechos ilegales y/o incluso muertes luego de las actuaciones presuntamente irregulares por ellos promovidas, “han utilizado los recursos estatales a su disposición para entorpecer y manipular las investigaciones penales en curso, encubrir su responsabilidad en las mismas así como las de miembros de las fuerzas de seguridad e instalar versiones falsas e inexactas de los sucesos acaecidos”.
A su vez, el Fiscal Federal sugirió a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5 María Eugenia Capuchetti la realización de distintas medidas de prueba, entre las que se encuentran distintas declaraciones testimoniales, la recopilación de documentación pertinente y pedidos de colaboración internacional.
Como la pesquisa se encuentra orientada a investigar la existencia de graves violaciones a los Derechos Humanos vinculadas con la utilización por parte de un grupo de funcionarios del poder coercitivo estatal de forma arbitraria y con el objeto de cercenar otros derechos constitucionales, el fiscal estimó que se encuentran dadas las condiciones previstas para tener por querellante en la causa a la APDH, tal cual lo solicitara en su denuncia.
En junio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció en la justicia a la ministra Bullrich, a su ex jefe de Gabinete, Pablo Noceti, y a otros funcionarios de la cartera, como autores de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches.
Según detalló Página 12, desde APDH señalaron que ese conflicto desde diciembre del año 2015 tuvo “un salto cualitativo de violencia y muerte”. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 5 de María Eugenia Capuchetti, y alcanza también al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cane y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman.
En su presentación a la jueza María Eugenia Capuchetti, el fiscal pidió compulsar otro expediente en el que se investigan hechos de espionaje a la familia de Santiago Maldonado que podrían ser de interés para la causa.