La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser querellante en la causa que investiga al expresidente Macri, al exministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel, por maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado nacional. Solicitó la inhibición general de bienes de AUSOL S.A., GCO S.A. y ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A.
El expediente que se tramita en Comodoro Py 2002 marca tres puntos claves de sospecha. El primero es el reconocimiento del Gobierno macrista sobre una deuda inexistente de 499 millones de dólares a las concesionarias en las que el propio expresidente tenía acciones. El reclamo encima es por "inversión no realizada por el Estado". Básicamente está diciendo que el propio Estado no hizo las obras que debía hacer.
Los dos funcionarios macristas involucrados son Javier Iguacel y Guillermo Dietrich. Estos dos fueron los que permitieron descomunales aumentos en las tarifas de peajes que llevó a Socma S.A a vender sus acciones en precio récord, teniendo un aumento de 3 a 83 pesos en una velocidad al menos inusual.
¿Y quién se quedó un porcentaje? Natal S.A, una empresa que no tiene ni antecedentes en el rubro y que se sospecha por haber pagado unos 19,7 millones de dólares cuando declaraba facturar unos dos millones de pesos por año.
Ante este panorama Vialidad decidió extender los contratos que vencían en 2018 y 2020 hasta 2030 pese a que Autopistas del Sol y el Grupo Concesionarias del Oeste incumplieron los contratos y mantienen multas de varios ceros. La apuesta de Natal de pagar las acciones un 397% más alto de lo que valían cuando asumió Cambiemos despiertan sospechas de si no tenían información previa.
La abogada de Vialidad declaró que “en la misma persona confluyeron el empresario que se benefició económicamente con el aumento de las tarifas del peaje, con la venta de las acciones y con la renegociación integral del contrato de concesión. No es que Macri solamente estuvo de los dos lados del mostrador, fue él mismo en todos los casos. Todo confluyó en su persona; negociación incompatible, fraude y estafa".
En junio el juez Canicoba Corral pidió a la justicia española que secuestre toda la documentación relacionada con el “negocio argentino” en las oficinas de la firma Abertis de la que es socio mayoritario Florentino Pérez: mails, contratos, análisis de mercado y cualquier material que se vincule con la denuncia trucha en el CIADI, el acuerdo que se pretendió hacer con el Estado, los aumentos de tarifas y las ventas de acciones.
Mientras tanto, la defensa del expresidente dice que Mauricio no firmó nada ni como jefe del Ejecutivo nacional ni como parte del Grupo Macri. Se ve que Dietrich e Iguacel tenían bastante autonomía para decidir sobre los negocios de su jefe político. Al final todo se redondeó en la venta de los paquetes accionarios al grupo Benetton.
Fuente: Política Argentina
