A solo tres días del vencimiento del nuevo plazo de desalojo, las negociaciones entre el gobierno provincial y las familias que participan de la toma de Guernica para encontrar una solución pacífica al conflicto se tornaron complejas.
El ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, denunció que “un grupo de organizaciones de izquierda impidieron de manera violencia el ingreso y la asistencia de la mesa interministerial del gobierno provincial a las familias que se encuentran dentro del predio”.
Acorde a la información brindada por la cartera bonaerense, se impidió el ingreso de trabajadores de los ministerios que intervienen en la toma que iban a distribuir a las familias agua potable, alimentos secos, alcohol en gel, pañales, zapatillas, frazadas y barbijos; a la vez que distribuir viandas de comida caliente luego del temporal.
En ese contexto, la solución pacífica que busca el gobierno de Axel Kicillof corre peligro. Cabe recordar que el juez que interviene en la causa postergó, a pedido de las autoridades provinciales, el desalojo previsto para el pasado 23 de septiembre, estableciendo como nueva fecha el 1 de octubre.
Estuvimos en la toma de Guernica dialogando con los vecinos. La cuestión del hábitat es un problema estructural de la PBA. Requiere una solución de fondo en la que estamos trabajando. Mientras tanto, todo nuestro compromiso para asistir a las personas en situación vulnerable. pic.twitter.com/DxJb0WRUZb
— Andrés Larroque (@larroqueandres) September 26, 2020
La idea que bajara la administración bonaerense es la relocalización de las 2.500 familias. Para ello, se realizó un censo donde se identificó 2.127 pequeñas construcciones con distinto nivel de precariedad. En tanto, se relevaron 1.904 grupos familiares o personas adultas solas. donde exosten 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc).
Dentro de las organizaciones que impidieron el ingreso de agentes del Estado, se encuentran el Polo Obrero y un sector vinculado a Humberto Tumini, referente de Barrios de Pie-Libres del Sur.
Mientras se acerca la fecha prevista del desalojo, la intención del Ejecutivo es logar una serie de acuerdos para que las familias dejen la ocupación y, en el mediano plazo, se les pueda otorgar una vivienda dentro del marco de los plazos que implica la ejecución de un programa de construcción de esa envergadura.
