Tras la orden judicial para que el Banco Central congele las cuentas de Vicentin la empresa emitió un comunicado en el que aduce que la consecuencia de esta medida es "la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa".
El comunicado emitido por la empresa dice: "El Juez Penal de Primera instancia del Distrito Nro. 2 de la Ciudad de Rosario Dr. Hernán Postma ante la requisitoria del Fiscal Miguel Moreno ha ordenado una medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores. Le han ordenado al Banco Central el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la compañía".
Y señala: "La consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin S.A.I.C pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición".
El directorio de la empresa dice que "los argumentos esgrimidos por el fiscal, son absolutamente falsos, no existe ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el tramite concursal que atraviesa la empresa, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor recientemente designado por el Dr. Fabián Lorenzini, Juez del Concurso que tramita la compañía en la localidad de Reconquista".
Además consideran que "no cabe otra posibilidad que concluir que esta sucesión de medidas buscan impedir cualquier posibilidad de que la empresa pueda resolver su situación concursal y con ello cumplir con los acreedores y garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo".
"Poco le han importado al Sr. Juez y al Fiscal interviniente, la tranquilidad y el bienestar de los más de 5000 trabajadores y familias de Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires que serán directamente afectados por esta inconcebible decisión.
Más allá de las conocidas dificultades financieras que la compañía ha atravesado durante el corriente año, nuestros trabajadores han sido la prioridad y hemos garantizado la conservación de sus fuentes de trabajo y el cobro en tiempo y forma de sus salarios", expresa el comunicado.
Según Vicentin, "esta medida irracional no solo agrava la situación de la compañía si no que implica una destrucción de valor para los propios acreedores, afectando sus intereses y condicionando las posibilidades de alcanzar una pronta solución que pueda satisfacer a todas las partes implicadas en el proceso concursal".
Por último subraya: "Esperamos que quienes han tomado esta medida y quienes de manera irresponsable la hayan alentado, recapaciten a la brevedad, en caso contrario deberán asumir la responsabilidad directa sobre las consecuencias que la misma provoque".
La medida de la Justicia contra Vicentin
La Justicia santafesina dispuso este jueves la intervención del órgano de administración de la empresa agroexportadora Vicentin SAIC y además prorrogó la veeduría de contralor.
Esta decisión la tomó el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado de 1ra instancia, Civil y Comercial de la Ciudad de Reconquista, donde tramita desde el 10 de febrero de este año la causa caratulada “Vicentin S.A.I.C s/ concurso preventivo”.
En el marco de esta causa el magistrado mediante resoluciones del 7 de agosto y 3 de septiembre de 2020 ordenó que se constituya una veeduría de contralor – un grupo de personas especializadas en la materia externas a la empresa – con los siguientes objetivos: informar la situación financiera y económica de la empresa, informar las inversiones y actividades proyectadas o plan de trabajo para los próximos 12 meses, examinar el estado general de los negocios de la sociedad y detectar los sectores vulnerables; y proponer medidas, informes o requerimientos para el desarrollo de sus funciones en la forma más efectiva.
El plazo dispuesto para esta veeduría concluyó el 30 de noviembre. En esta instancia, el juez en su resolución se pregunta acerca de si se lograron los objetivos encomendados y concluye que como aún no cuentan con la información necesaria la veeduría debe continuar con su tarea. Pero además, consideró pertinente una medida más: la intervención del órgano de administración.
Fuente: El País Digital
