Desde que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal comenzaron la campaña en 2015 y hasta el último día del gobierno de Cambiemos, desde el aparato de comunicación PRO repetían sin cansancio el leitmotiv de "la pesada herencia" para justificar todas las faltas de medidas tanto en Nación como en Provincia.
Lo cierto, es que camino a los dos años de la salida de Cambiemos continúan trascendiendo turbios negociados entre el Estado y el empresario Víctor Lusardi del Grupo L que selló Vidal, y que involucra a ex ministros de la ex gobernadora, como es Cristian Ritondo. Una verdadera pesada herencia.
Dentro del Grupo L, se encuentra la firma Cook Master, empresa proveedora encargada de darle comida a los chicos de los centros dependientes del organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y al Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB). Hasta el último día de su gestión, Vidal firmó decretos para garantizarles el negocio aún fuera del Poder Ejecutivo.
Pero eso no es todo. Un informe que hicieron en conjunto administradores y directores de los centros cerrados de infancia y niñez y que fue entregado a la Comisión Asesora de Preadjudicación en octubre de 2020, implora al gobierno de Cambiemos que no continúen contratando un la Empresa del Grupo L . “La carne presenta un sabor extraño, como a vinagre o lavandina. El aspecto de las viandas no es adecuado: es difícil identificar las materias primas para la elaboración”, detallaron.
Cabe señalar que Roxana Lusardi, hija de Víctor, es amiga de Vidal y suelen almorzar juntas en el prestigioso Club Americano. También es íntima de Anita Moschini, secretaria privada del ex presidente Mauricio Macri.
En este contexto, con tal de mantener contentos a sus amigos, Vidal mantuvo el negocio y contra todas las recomendaciones volvió a contratar a la empresa Cook Master SRL propiedad de Lusardi.
Este alimento en mal estado es el que se reparte entre los chicos que tuvieron algún tipo de conflicto con la ley penal, o bien que se han quedado sin el amparo familiar y se encuentran en los distintos institutos de Niñez.
Se trata de menores que el Estado acompaña para recuperarlos, reinsertarlos, asistirlos, ayudarlos en su reincorporación a la sociedad. Para Cambiemos merecen comida indescifrable, escasa, aplastada, entregada tarde, con olor a lavandina, y sin que se le puedan determinar los ingredientes. Muy lejos del discurso que se repite desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y la oposición en el Congreso Nacional a la hora de sostener las clases presenciales en plena pandemia mundial.
Y aún hay más. Una investigación de LetraP daba a conocer en 2018 que la corporación de Lusardi se quedaba con la provisión de comida a las cárceles del SPB hasta 2019. En concreto, el 5 de octubre de 2017 Vidal firmó el decreto de adjudicación por $1.299.307.436 de la prestación del “servicio asistido de racionamiento para la cocción de alimentos para distintas Unidades Carcelarias y Establecimientos Penitenciarios”, por un período de 730 días a partir del 1° de octubre de 2017.
Para esto, fueron seleccionada tres empresas: las porciones menores se repartieron entre Servicios Integrales de Alimentación S.A. -por más de $27 millones- y Compañía Integral de Alimentos S.A. -por más de $240 millones. Pero el grueso de la adjudicación, por $1.030.621.592, fue para una sola: Cook Master S.R.L. del Grupo L.
Por último, a 48 horas de tener que dejar el gobierno, el 8 de diciembre de 2019 Vidal firmó uno de sus últimos decretos para adjudicarle de forma directa un contrato por 2500 millones de pesos a esta misma empresa. Todo ello disfrazado a partir de prórrogas y redeterminaciones de precios.
Algo de eso es lo que reconoció en su momento el jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, quien estuvo largamente preso por el espionaje ilegal. En su indagatoria, entre una gran cantidad de temas que abordó, el ex espía reveló que Leandro Araque, otro espía ilegal al igual que Ruíz, realizó gestiones para favorecer a la empresa de Roxana Lusardi, para que se extendieran los contratos para proveer alimentos al Servicio Penitenciario Bonaerense.
Y quien estuvo en medio de esa gestión fue el omnipresente Juan Bautista Mahiques, en ese momento secretario de Asuntos Penitenciarios, hoy fiscal general en la CABA nombrado por Larreta.
