“En Jujuy no hay Estado de Derecho”, advirtieron.
En la madrugada del miércoles la policía de Gerardo Morales comenzó a patear puertas y revolver las casas de por lo menos once dirigentes sociales Jujuy y cinco domicilios de comedores, merenderos, cooperativas y sedes de organizaciones con órdenes de allanamiento del fiscal Diego Funes, quien decidió abrir una investigación de oficio, justo después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala. Brutal. Ser opositor a Morales se paga con prisión.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, repudió “el agravamiento de la persecución política y judicial a organizaciones sociales”. Desde la provincia, abogados/as y referentes reclaman la intervención del Poder Judicial local. “No hay Estado de derecho en nuestra provincia”, aseguraron. Morales reformó todo el poder judicial para dejarlo a su medida. Increíble.
Según reseñaron medios locales, los allanamientos de Jujuy se produjeron en San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá, Maimará, Lozano, Yala y Calilegua, en domicilios que pertenecen a dirigentes del Movimiento Evita, Tupac Amaru, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CETEP, Nuestra América, el MTR 12 de abril y el Frente Darío Santillán.
