El show de Bullrich en Rosario y el caso de las Sociedades de Acciones Simplificadas
Mientras Patricia Bullrich monta un show mediático y busca militarizar Rosario siguiendo el “modelo Bukele”, omite mencionar como los narcos se beneficiaron de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) establecidas durante el macrismo.
Mientras la violencia narco que ya se cobró varios muertos golpea con crudeza a la Ciudad de Rosario, el Gobierno Nacional se apresta a intervenir con fuerzas federales , este operativo busca además involucrar a las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de logística y de patrullaje. Pero además el gobierno pretende involucrar a las FFAA en la lucha directa contra lo que la ministra de seguridad, Patricia Bullrich denomina “narco terrorismo”, para ello buscaran modificar la Ley de Defensa Nacional cuestión nada sencilla ya que deberá pasar por el Congreso Nacional. Mientras tanto el despliegue militar se realizará bajo el paraguas de lo establecido en la Ley de Seguridad Interior que solo contempla un apoyo en materia de logística y comunicaciones por parte del instrumento militar. Esta intención de las autoridades del ministerio de seguridad y de defensa ya fue rechazada por los propios mandos de las FFAA quienes no están de acuerdo en desvirtuar el rol de las fuerzas degradando a las FFAA a un rol policial y verse involucrados en enfrentamientos armados con el crimen organizado.
Es que tanto Bullrich como el ministro de defensa Petri siguiendo el modelo establecido por el Comando Sur de los EEUU para la región el cual se focaliza en las denominadas “nuevas amenazas”. En este contexto Bullrich cree poder replicar en Rosario (y también en el resto del país) los modelos de Ecuador, Colombia, México y El Salvador donde las FFAA se involucraron de lleno en la seguridad interna y en la mayoría de los casos con resultados desastrosos donde además de constatarse excesos por parte de los uniformados (como el caso de los falsos positivos en Colombia), los mismos terminaron muchas veces siendo parte del problema e incluso directamente pasándose al bando criminal constituyendo sus propios carteles o vendiendo armas a los grupos criminales que se hicieron de formidables arsenales como ocurrió en México dotándolos de mayor poder de fuego y organización.
La falsa creencia de pretender solucionar un tema tan complejo con la simple fuerza omite analizar en profundidad el fenómeno narco en Rosario, un aspecto especialmente interesante que la ministra parece no mencionar es el financiero, como señalaba el medio Ámbito en un articulo publicado en octubre de 2021, fue precisamente durante el gobierno de Mauricio Macri (donde Bullrich estaba al frente del ministerio de seguridad) que bandas delictivas como “Los Monos” se beneficiaron ampliamente de una figura jurídica introducida por decreto del entonces presidente Macri, se trata de las “Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS)”. Mediante esta invención jurídica los grupos del crimen organizado registraron diversas sociedades ficticias y lograron blanquear e introducir al circuito legal mas de $12.000 millones, además de obtener beneficios fiscales. Mediante esa normativa sancionada en la administración de Cambiemos, se designó como administrador del sistema al Ministerio de Modernización y se corrió a un lado a la Inspección General de Justicia,
Como bien destaca el informe de Ámbito citando fuentes judiciales y de la Inspección General de Justicia, estas SAS fueron una herramienta jurídica creada en 2017 enfocada en la simplificación de trámites y flexibilización tributaria para los emprendedores. Pero la mala aplicación de la normativa abrió las puertas a que bandas delictivas las utilicen para lavar dinero. Este esquema también fue utilizado por exportadores de carne que lo aprovecharon para no liquidar divisas, para subfacturar envíos al exterior y para eludir los controles del Ministerio de Agricultura.
Mientras la ministra Bullrich monta un burdo remake del modelo Bukele en las cárceles rosarinas que roza la ilegalidad y anuncia el envió de militares, hace silencio en relación a las SAS implementadas durante el gobierno que ella misma conformó y que es responsable de favorecer el lavado de activos mediante una normativa sospechosamente flexible.