Los gobernadores han colocado la infraestructura en el centro de sus agendas. Varias provincias han tenido que afrontar el costo de sus obras recursos propios ante el estrangulamiento del Gobierno Nacional.
El Gobierno nacional ha centrado su recorte presupuestario principalmente en la reducción de la obra pública, una decisión que ha generado tensiones con los gobernadores. Estos buscan desmarcarse de dicha política y han colocado la infraestructura en el centro de sus agendas. Varias provincias han tenido que adaptar sus necesidades a los recursos propios, ya que el ajuste en los fondos transferidos desde el Gobierno central está generando crecientes reclamos sociales.
En el más reciente informe de la Estrategia Federal Logística del Consejo Federal de Inversiones (CFI), las provincias presentaron un listado de 1.143 proyectos clave en desarrollo. Estos se clasifican en:
- Trabajos en carreteras (635),
- Plataformas logísticas (164),
- Proyectos aéreos (103),
- Proyectos ferroviarios (85),
- Pasos de frontera (81),
- Proyectos fluvio-marítimos (75).
La obra pública como foco de recortes y la respuesta de las provincias
Los proyectos propuestos incluyen una variedad de intervenciones, desde la creación de áreas de descanso para transportistas y el desarrollo de plataformas online que faciliten la interacción entre proveedores de carga y transportistas, hasta la mejora de accesos a puertos, rutas y tramos urbanos con alta siniestralidad. Además, se busca implementar sistemas eficientes de control de pesos y generar nuevas conexiones tanto nacionales como internacionales.
Del total de los proyectos respaldados por el CFI, el 37% se encuentra en fase de estudio, el 38% ya ha sido completado, el 14% cuenta con financiamiento, y el 11% está en ejecución. Según el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, la logística es un factor clave para el desarrollo federal. “En un país tan extenso como Argentina, el desafío logístico es enorme. Tenemos todo lo que el mundo necesita, pero debemos crear condiciones que hagan nuestras economías más competitivas y nuestra producción accesible al mercado global”, afirmó.
El impacto del ajuste en la obra pública
Sin embargo, pese a los esfuerzos de las provincias, el ajuste impulsado por la administración de Javier Milei ha obstaculizado el desarrollo de muchos de estos proyectos de infraestructura. Los gobernadores, con recursos limitados, no pueden avanzar con todas las obras necesarias para responder a las demandas sociales, como el acceso a servicios esenciales como salud, educación y agua.
A diciembre de 2023, el Ministerio de Obras Públicas tenía 2.308 obras en ejecución de las 7.265 iniciadas durante la gestión de Gabriel Katopodis. Estas obras, que alcanzaron a todos los municipios del país, generaron empleo para 480.000 trabajadores de la construcción. La inversión de $309.888 millones ya destinada a proyectos como la gestión del recurso hídrico, infraestructura vial y conectividad ahora enfrenta el riesgo de deterioro, lo que incrementará sus costos cuando se decida retomarlas.
Proyectos detenidos en Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires, con 899 proyectos detenidos, la situación es especialmente crítica. A pesar de la falta de transferencias desde el Gobierno nacional, la gestión de Axel Kicillof ha priorizado completar algunas obras clave, como los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Estos proyectos, que beneficiarán a más de 7.700 niños en 60 municipios, requieren una inversión provincial de $23.624 millones. Sin embargo, el impacto del ajuste también se siente en otras áreas como la seguridad, donde el recorte de fondos para la prevención del delito ha dejado a municipios como Morón con $660 millones menos para políticas de seguridad.
Además, proyectos de viviendas y educativos, como el Plan PROCREAR y el Centro Interuniversitario del sur de la provincia, han quedado paralizados. “El sueño de una casa de estudios superiores quedó trunco por la decisión de Nación de no cumplir con el convenio firmado”, criticó el intendente Lucas Ghi.
El futuro de la obra pública bajo incertidumbre
Ante este escenario, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, ha dejado claro que la obra pública no será reactivada, lo que ha generado preocupación entre las provincias y los municipios que ven en estos proyectos una herramienta clave para impulsar la economía local en un contexto de recesión que aun no encuentra piso. Además, Sturzenegger expresó su apoyo al veto de Milei sobre el aumento a los jubilados, agudizando la tensión con los sectores más afectados.
