Una resolución del Ministerio de Capital Humano la había suspendido. La Cámara Federal de San Martín confirmó la inconstitucionalidad de esa decisión.
La Justicia ratificó que el gobierno de Javier Milei debe poner en funcionamiento la Universidad Nacional de Pilar, tras declarar inconstitucional la suspensión de sus actividades por parte del Ministerio de Capital Humano. La Cámara Federal de San Martín confirmó un fallo de primera instancia que había invalidado la resolución ministerial que suspendía el inicio de las operaciones de la universidad, generando un fuerte revés para el Poder Ejecutivo en medio de las tensiones por el financiamiento de las universidades nacionales.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández, sostuvieron que los actos realizados para que la Universidad Nacional de Pilar comenzara a funcionar habían generado derechos subjetivos en sus destinatarios, lo que crea un marco de “inseguridad jurídica” si son revocados arbitrariamente. Los magistrados enfatizaron que el propio Estado Nacional había dado curso a esas acciones, y que un cambio de criterio sin justificación adecuada afecta la estabilidad y previsibilidad del sistema administrativo.
La controversia se originó en septiembre del año pasado, cuando el Congreso de la Nación aprobó la creación de cinco nuevas universidades, incluida la de Pilar. Durante el gobierno de Alberto Fernández, se designó a Elizabeth Diana Wagner como rectora organizadora de la institución, quien consiguió una sede y recibió 400 millones de pesos para su puesta en marcha. Sin embargo, en febrero de este año, ya bajo la gestión de Milei, el Ministerio de Capital Humano suspendió la creación de la universidad, argumentando la necesidad de revisar el cumplimiento de los procedimientos administrativos requeridos por la Ley de Educación Superior.
Frente a esta decisión, la rectora Wagner presentó un recurso de amparo, que fue aceptado en primera instancia por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien argumentó que una resolución ministerial no puede frenar la aplicación de una ley nacional sancionada por el Congreso. La Cámara Federal de San Martín confirmó ese fallo, y el gobierno podría ahora apelar la resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo judicial subraya la importancia de garantizar la seguridad jurídica en las decisiones del Estado y destaca que la reversión arbitraria de actos administrativos previamente aprobados afecta los derechos adquiridos de los involucrados.