El Gobierno Nacional prepara una serie de modificaciones a algunos artículos de las leyes de Defensa y de Seguridad interior para permitir el empleo de las Fuerzas Armadas en acciones policiales.
El gobierno de Javier Milei avanza en la modificación de normativas clave para permitir que las Fuerzas Armadas actúen “contra el terrorismo y el narcotráfico“, especialmente en zonas fronterizas. La iniciativa, que incluye cambios en las leyes de Defensa y Seguridad Interior, se aceleró tras un video donde presuntos narcotraficantes amenazaron con armas de guerra a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, lo que ha despertado fuertes sospechas sobre la autenticidad de su contenido y las intenciones del mismo.
Modificaciones propuestas y su alcance
El principal cambio busca alterar el Decreto 727 de 2006, que restringe la intervención militar a conflictos internacionales. Esta normativa había sido flexibilizada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero fue restablecida en 2020 bajo la administración de Alberto Fernández. Con las nuevas modificaciones, las Fuerzas Armadas podrían realizar patrullajes, controles de personas y vehículos, e intervenir en flagrancia en casos que se consideren amenazas graves, como narcotráfico o terrorismo.
Además, se evalúan cambios en la Ley de Seguridad Interior para extender la actuación militar a posibles ataques de grupos extranjeros como Hamás o Hezbollah, lo que evidencia una fuerte influencia de la política de seguridad de Israel y Estados Unidos. Durante la cumbre de ministros de Defensa de las Américas en Mendoza, el ministro Luis Petri adelantó que el Ejército podría desplegarse en ciudades fronterizas con Paraguay, Bolivia y Brasil para tareas de vigilancia y control.
El debate sobre la seguridad interior
La intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior ha generado polémica. Mientras el gobierno argumenta que el contexto actual exige un enfoque más amplio, críticos advierten que esto contradice la tradición constitucional de limitar el accionar militar a conflictos externos. También se cuestiona la potestad otorgada al Ministro de Defensa para autorizar estas intervenciones, una facultad que históricamente ha recaído en el Presidente como Comandante en Jefe.
Un contexto de tensión social y económica
Este movimiento se da en un marco de creciente conflictividad social y económica. Las políticas de ajuste impulsadas por Milei, junto con llamados a la paciencia mientras se estabiliza la economía, han provocado malestar en la población. Según analistas, el énfasis en el discurso de seguridad podría ser una estrategia para desviar la atención de la crisis social y justificar medidas represivas, incluyendo la participación militar en tareas de seguridad interna.
Influencias externas y agendas regionales
El alineamiento de la administración Milei con Estados Unidos e Israel ha reforzado la adopción de políticas de seguridad orientadas a sus intereses geopolíticos. Esto incluye la visión de América Latina como un socio estratégico para la seguridad global de EE.UU., una postura defendida por figuras como Patricia Bullrich. Este enfoque podría consolidar el papel de Argentina como gendarme regional, pero a costa de derechos humanos y sociales, la soberanía y el equilibrio de poderes interno.
El debate sigue abierto y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad, soberanía y derechos constitucionales, en un contexto de profundas tensiones sociales y creciente desigualdad, el gobierno parece estar dispuesto a avasallar cualquier oposición en nombre de “la libertad, el orden y el progreso”.