El fallo impide al organismo dependiente del poder ejecutivo, inmiscuirse en la universidad. Además aseguró que la institución está en regla y presentó todos sus balances a la AGN.
El Gobierno sufrió un revés significativo en su lucha ideológica contra la Universidad de Buenos Aires (UBA). En un fallo contundente, la Justicia rechazó el intento del Poder Ejecutivo, a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), de auditar a la universidad. La resolución subraya la autonomía universitaria y advierte sobre los rasgos de inconstitucionalidad de las medidas propuestas.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, a cargo del juez Santiago Carrillo, desestimó la medida precautoria solicitada por la SIGEN. En su fallo, el magistrado determinó que el control interno de las universidades nacionales, incluido el de la UBA, no es competencia de este organismo, tal como lo establece la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior.
La UBA presentó pruebas que refutan cualquier acusación de falta de transparencia. El fallo destaca que la universidad ha cumplido con todas las normativas de rendición de cuentas, incluyendo la presentación de balances a la Auditoría General de la Nación (AGN). Además, se constató que en el sitio web de la UBA están publicados informes de auditorías internas desde 2015, junto con la normativa aplicable y los manuales de procedimiento.
El juez Carrillo enfatizó que las universidades nacionales poseen un estatus jurídico especial, adquirido en la reforma constitucional de 1994, que protege su autonomía. “La Ley de Educación Superior contiene disposiciones que restringen la injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en su ámbito institucional, reservando al Poder Legislativo y Judicial el rol de control sobre sus actos”, subrayó en la resolución.
Este intento de intervención por parte del Gobierno ha sido percibido como un ataque a la autonomía universitaria, un principio central de las universidades públicas. La UBA, por su parte, afirmó que nunca ha cuestionado su obligación de rendir cuentas, pero señaló que la SIGEN carece de competencia para auditarla, ya que su función se limita a organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.
El fallo también desestimó los argumentos de la SIGEN sobre un supuesto peligro de extravío o alteración de documentación por parte de la UBA, calificándolos como “meras conjeturas”.
Este revés judicial no solo frena los planes del Ejecutivo de intervenir en la gestión interna de la UBA, sino que también pone en evidencia la tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales, un conflicto que se suma a las críticas por la política presupuestaria hacia la educación superior y la persecución ideológica al sistema educativo en su conjunto.