Los pedidos de seguros por desempleo subieron 60% en el 2024, en medio de la recesión y el ajuste.
El derrumbe de la economía en 2024 quedó reflejado en el alarmante aumento de los pedidos de subsidios por desempleo, que se dispararon un 60% en medio de una recesión profunda y un brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei. Durante el año, 174.335 trabajadores despedidos sin causa comenzaron a cobrar la prestación por desempleo, un número que marca un récord histórico en la última década, según datos de la Seguridad Social.
La magnitud de la crisis se evidencia al comparar con los años anteriores: las solicitudes de subsidios casi duplicaron las 108.942 de 2023 y son más del doble de las 86.268 de 2022. Sectores clave de la economía, como la construcción (54.046 despidos), la industria manufacturera (36.233) y el comercio (28.790), fueron duramente golpeados, dejando a miles de trabajadores sin empleo en un contexto de fuerte contracción del consumo y desplome de la actividad.
El impacto en el empleo es aún más dramático al observar que en diciembre de 2024, pese a la rotación laboral y las bajas en el seguro, 102.549 personas aún dependían de esta prestación, cuyo pago promedio fue de apenas $214.822, cifra insuficiente frente a una inflación galopante que erosionó el poder adquisitivo de los beneficiarios.
La política de ajuste del gobierno también dejó en evidencia las limitaciones del sistema de subsidios, ya que a pesar de la normativa que establece que la prestación por desempleo debe equivaler al 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses de trabajo, un tope fijado por el Consejo del Salario Mínimo impidió que muchos despedidos cobraran ese porcentaje, generando una pérdida adicional de ingresos en plena crisis.
Con el desempleo en ascenso y sin señales de recuperación económica a corto plazo, el panorama laboral en Argentina se torna cada vez más sombrío. La combinación de recesión, caída del consumo y despidos masivos proyecta un 2025 igualmente desafiante para los trabajadores, que enfrentan un mercado laboral devastado por las políticas de ajuste.