Mediante un decreto publicado este lunes, el Gobierno dio el primer paso formal para la privatización del sistema ferroviario, se prevé incluso la venta de todo el material rodante propiedad del Estado nacional.
Con la publicación del decreto 67/2025, el Gobierno de Javier Milei ha dado un paso definitivo en la privatización del sistema ferroviario de cargas, iniciando el proceso de concesión de Trenes Argentinos Cargas (TAC). Esta medida no solo implica la entrega de la operación y administración de las vías a operadores privados, sino también el remate del material rodante que el Estado había adquirido con fondos públicos en los últimos años.
El decreto establece que la privatización se llevará a cabo mediante la “desintegración vertical” del sistema, fragmentando la red ferroviaria en lotes y concesionando por separado la infraestructura, los talleres y el material rodante. No obstante, una de las decisiones más controvertidas es la venta de locomotoras y vagones del Estado mediante subasta pública. Los ingresos obtenidos de estas ventas serán destinados a financiar obras en las vías concesionadas, lo que implica que bienes adquiridos con recursos nacionales serán liquidados en favor de operadores privados.
Este esquema profundiza el desmantelamiento del sistema ferroviario, superando incluso la política de concesiones de los años 90, cuando el Estado mantenía la propiedad del material rodante. Al privatizar no solo la operación sino también los activos físicos, el Gobierno elimina cualquier posibilidad futura de que el Estado recupere la administración de las cargas ferroviarias, dejándolo sin herramientas para intervenir en caso de incumplimientos o fracasos de las concesionarias.
El material rodante a subastar incluye locomotoras y vagones adquiridos en el marco de los acuerdos de financiación con China, los cuales permitieron renovar y ampliar la flota del sistema de cargas, especialmente en las líneas Belgrano y San Martín. Sin embargo, algunos de estos equipos aún no han sido completamente pagados, lo que podría generar trabas legales para su venta inmediata.
La medida también despierta interrogantes sobre su encuadre legal. La privatización de TAC choca con la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos, sancionada en 2015, que establece el acceso abierto a la infraestructura ferroviaria y la integración del sistema bajo administración estatal. Además, el desmembramiento del sistema ferroviario añade una nueva capa de fragmentación a un sector que ya ha sufrido las consecuencias de la falta de inversión privada en los corredores concesionados.
La desinversión y el abandono del sector ferroviario de cargas por parte del capital privado en las últimas décadas fueron las razones principales por las que el Estado tuvo que retomar la operación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Gracias a las inversiones estatales, se logró revertir parcialmente el deterioro de la infraestructura y aumentar la cantidad de cargas transportadas. Ahora, esas inversiones financiadas con fondos públicos serán entregadas a operadores privados, sin garantía alguna de que se mantengan o amplíen las mejoras logradas en la última década.
La privatización de TAC y el remate de su material rodante no solo marcan la entrega del sistema ferroviario de cargas al sector privado, sino que también eliminan cualquier posibilidad de que el Estado intervenga ante el posible incumplimiento de las concesiones. Con esta decisión, el Gobierno desmantela de manera irreversible un recurso estratégico para el desarrollo productivo del país y abre la puerta a una nueva crisis ferroviaria.
