La cara más cruel del ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Cómo impacta la decisión y la reacción de una ciudadanía cada vez menos protegida.
En un contexto donde el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha asestado un duro golpe al sistema de salud al desmantelar el Instituto Nacional del Cáncer (INC) y recortar de manera drástica el Programa Nacional de Cuidados Paliativos.
Creado en 2016, este programa era esencial para garantizar la atención integral de pacientes con cáncer avanzado, especialmente en las provincias más vulnerables. La medida, que incluye la suspensión de la compra de opioides como morfina y metadona y el despido de gran parte del equipo especializado, ha generado una fuerte ola de indignación entre profesionales de la salud y familiares de pacientes que dependen de estos servicios cruciales.
El Programa Nacional de Cuidados Paliativos no solo se encargaba de proveer medicamentos fundamentales para aliviar el dolor severo, sino que también formaba recursos humanos interdisciplinarios y ofrecía apoyo a equipos de atención en todo el país. Según denuncias de la doctora Mariana Pechenik, referente del programa, el recorte ha dejado a la iniciativa sin capacidad operativa, con solo dos de sus ocho integrantes originales. Esta reducción pone en peligro el acceso a cuidados paliativos, un derecho humano fundamental reconocido por la Organización Mundial de la Salud, afectando directamente la calidad de vida de miles de personas que enfrentan enfermedades terminales.
El impacto de la decisión: más problemas y menos cobertura
Las consecuencias de esta decisión son graves. Sin la provisión de opioides, los pacientes con cáncer avanzado enfrentan un aumento del sufrimiento físico, mientras que la falta de formación de nuevos especialistas agrava la ya escasa cobertura en cuidados paliativos en Argentina, donde solo el 14% de quienes los necesitan los reciben.
El desmantelamiento del INC forma parte de un recorte presupuestario más amplio: el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reportó que el INC sufrió una subejecución del 55% de su presupuesto en 2024. Este ajuste no solo compromete la atención actual, sino que también pone en jaque el futuro de las políticas oncológicas en el país.
Preocupación por el futuro de las políticas públicas de salud
Organizaciones como la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) han expresado su profunda preocupación por la falta de respuestas oficiales por parte del Ministerio de Salud, que hasta el momento no ha desmentido las denuncias ni ofrecido un plan alternativo. Además, el desmantelamiento del programa pone en riesgo avances legislativos, como la Ley de Oncopediatría (2022), que podría verse afectada por la reducción de recursos.
Marcha en defensa del sistema público de salud
En respuesta a esta situación, trabajadores de la salud han convocado a una marcha el 27 de febrero para defender el sistema público de salud y visibilizar el descontento frente a lo que consideran un abandono por parte del Estado.
