El procurador pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidente en la causa Vialidad. Se profundiza la ofensiva judicial contra la dirigente política más votada desde el retorno democrático.

En un nuevo capítulo de la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó este jueves a la Corte Suprema que se eleve la condena en su contra a 12 años de prisión, esta vez por el delito de asociación ilícita, en el marco de la causa Vialidad.

La medida busca no solo agravar la pena ya impuesta por administración fraudulenta —6 años dictados en diciembre de 2022—, sino también habilitar su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que en los hechos representaría la proscripción política de la principal referente del campo popular argentino.

Casal respaldó el recurso presentado por el fiscal Mario Villar y pidió ampliar el decomiso de bienes y revertir la absolución del ex ministro Julio De Vido. En su dictamen, acusó a los tribunales inferiores de haber actuado con “arbitrariedad” al descartar la figura de asociación ilícita, desoyendo incluso pruebas y criterios ya debatidos en instancias anteriores.

La avanzada se da en un contexto político marcado por la judicialización de la política, donde sectores del Poder Judicial operan abiertamente como actores partidarios. No es menor que Casal, procurador interino desde 2017, haya sido sostenido durante años por el macrismo y nunca ratificado por el Senado, lo que debilita su legitimidad institucional.

Cristina Kirchner ya había denunciado en múltiples ocasiones que las causas judiciales en su contra no buscan justicia sino su proscripción. La posible intervención de la Corte, luego del dictamen de Casal, abre la puerta a un fallo definitivo que, de concretarse, excluiría a la expresidenta de la vida política por fuera de cualquier decisión del voto popular.