“Hace dos años que buscamos curros en las universidades, pero no encontramos nada”, admitió Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias, dejando en evidencia que las denuncias reiteradas contra la universidad pública carecen de sustento.
Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias más conocido por su actividad en redes que por su gestión, reconoció públicamente que el Gobierno nunca encontró pruebas de los supuestos “curros” en las casas de estudio. “Hace dos años que buscamos curros en las universidades, pero no encontramos nada”, admitió, dejando en evidencia que las denuncias reiteradas contra la universidad pública carecen de sustento.
– ¿Y cuantos CURROS EN LAS UNIVERSIDADES detectaste?
— Joel (@Joepsi) September 19, 2025
*Ninguno.
El secretario de políticas universitarias del gobierno Alejandro Alvarez. Que esta destruyendo la universidad pública y acusándolas de CORRUPCIÓN.
Admite que NUNCA ENCONTRO NADA IRREGULAR. Confesión de parte. pic.twitter.com/bHSuANFUdT
La contradicción es flagrante: apenas días atrás, el propio Álvarez había acusado a rectores y docentes de percibir sueldos millonarios, con cifras fantásticas de hasta 35 millones de pesos. Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si habían detectado algún desvío, su respuesta fue tajante: “No, nunca, curro, curro… no”.
El episodio desnuda un modus operandi ya conocido del gobierno de Milei: instalar acusaciones sin pruebas que luego se desmoronan. Ocurrió antes con los comedores comunitarios —donde se habló de miles inexistentes para justificar recortes— y ahora vuelve a repetirse con la universidad pública.
La polémica se agrava por el propio historial académico de Álvarez: en su paso por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA nunca aprobó una materia y ni siquiera logró superar el CBC, lo que plantea dudas sobre su idoneidad para conducir la política universitaria.
El caso se suma a una larga lista de denuncias fabricadas o inconsistentes, como las de supuestos desvíos en Capital Humano o en la ANDIS, que la justicia no comprobó, mientras los escándalos más sólidos involucran directamente a familiares del poder político, como la hermana del presidente y Lule Menem.
Lo que queda en claro es el patrón: usar acusaciones rimbombantes para desacreditar instituciones fundamentales, mientras la evidencia real brilla por su ausencia.