El Gobierno calculó que la puesta en marcha de la ley de emergencia en discapacidad implicaría un gasto equivalente al 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir unos $3 billones, lo que al tipo de cambio mayorista actual ($1.353) equivale a unos u$s2.200 millones.
Sin embargo, la consultora PxQ había estimado en agosto que el costo fiscal de la norma aprobada por el Congreso sería bastante menor: 0,21% del PBI en 2025. Incluso, remarcaron que hoy sería más bajo aún, porque mientras más se demore la aplicación de la ley, más se reduce el impacto presupuestario.
En paralelo, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que la eliminación temporal de las retenciones a los granos demandará recursos equivalentes al 0,23% del PBI. De todos modos, en 2025 se computará solo un 0,15% del producto (alrededor de u$s1.000 millones), ya que el impuesto a las Ganancias se liquida en el ejercicio siguiente. El impacto final sobre ese tributo sería de 0,14% del PBI.
Según el informe del IARAF, “la pérdida de recaudación sería equivalente al 46% del superávit fiscal previsto en el Presupuesto 2026 (0,3% del PBI para 2025)”. En términos comparativos, la quita de retenciones al agro (0,23% del PBI) representa dos tercios del costo que hubiera tenido poner en marcha la ley de emergencia en discapacidad (0,35% del PBI), una muestra de la selectividad del ajuste.
El impacto de la eliminación temporal de retenciones a la carne es bastante menor. En agosto, las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron u$s393,5 millones, de los cuales el 68% correspondió a novillo, categoría que paga una retención de 5% (antes era 6,75%). Esa alícuota dejó en el fisco poco más de u$s13 millones.
“Específicamente de carne, no quitará mucho al fisco, un primer cálculo preliminar da unos u$s20 millones. Pero depende de si se adelantan o no exportaciones para aprovechar la eliminación de retenciones”, explicó el economista Guido Zack, de Fundar, en diálogo con Ámbito.