Con una estrategia dilatoria y sin mayorías propias, el oficialismo apuesta a postergar el debate hasta diciembre mientras la oposición busca forzar la sanción antes del recambio parlamentario.
El tratamiento del Presupuesto 2026 se perfila como una larga maniobra de supervivencia política antes que un debate serio sobre las cuentas públicas. El Gobierno llevará el proyecto al Congreso sin consenso entre las comisiones clave y con la intención evidente de estirar los tiempos hasta que el nuevo mapa legislativo le resulte más favorable.
Lejos de promover una discusión sobre prioridades fiscales o inversiones estratégicas, el oficialismo busca ganar semanas. El texto ingresará al recinto sin dictamen unificado y con advertencias sobre posibles “modificaciones técnicas” de último momento, eufemismo que en la jerga parlamentaria suele anticipar enmiendas improvisadas para contentar aliados circunstanciales.
Desde la oposición denuncian que la Casa Rosada busca congelar la agenda presupuestaria para esquivar los costos de un ajuste que ya golpea a las provincias y amenaza con paralizar programas en salud, educación y obra pública. “No quieren discutir porque saben que el número no les cierra ni política ni socialmente”, admitió un referente de la bancada peronista.
En la práctica, el oficialismo apuesta a dilatar todo lo posible. Sin mayoría en Diputados y con un clima económico adverso, intenta reproducir la lógica que aplicó en otros proyectos sensibles: ganar tiempo, dosificar concesiones y trasladar el costo político al próximo Congreso. Mientras tanto, los gobernadores son nuevamente moneda de cambio en la negociación por partidas y transferencias.
Los bloques opositores, en cambio, ya diagramaron un cronograma propio para forzar el debate. Habrá seis reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda entre el 15 y el 29 de octubre, con la intención de emitir dictamen el 4 de noviembre y llevar el texto al recinto antes de fin de mes.
El oficialismo confía en que el calendario electoral opere como escudo. La oposición, que huele la debilidad del Gobierno, quiere que la rendición de cuentas llegue al recinto antes de diciembre, cuando cambie la composición de las cámaras. En el medio, el país espera un presupuesto que, una vez más, parece destinado a ser rehén de las urgencias políticas y no una hoja de ruta económica.