La comisión investigadora de la Cámara de Diputados logró avances que superan a la propia Justicia Federal y empiezan a cercar al entorno directo del presidente Javier Milei.
La causa por la estafa global de la criptomoneda $LIBRA ingresó en un punto de máxima tensión política e institucional. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados logró avances que superan a la propia Justicia Federal y empiezan a cercar al entorno directo del presidente Javier Milei. Documentación incorporada al expediente revela que dos asesores presidenciales recibieron transferencias vinculadas al operador cripto estadounidense Hayden Mark Davis, principal acusado del esquema financiero internacional bajo investigación.
Según información obtenida a partir de un oficio parlamentario, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy —ambos colaboradores cercanos al presidente— habrían recibido fondos derivados del circuito ilícito de $LIBRA, blanqueados a través de una “financiera de confianza” que convertía criptodólares en efectivo. Novelli, además, abrió y vació cajas de seguridad en la sucursal del Banco Galicia de Martínez, mientras que una de sus hermanas —sin empleo registrado— movió miles de dólares en paralelo. La madre del propio Hayden Davis también quedó bajo sospecha: habría contratado a Milei para promocionar criptoactivos que terminaron en fraudes masivos.
Lejos de tratarse de figuras marginales, Novelli y Terrones Godoy forman parte del primer anillo político del oficialismo libertario. Ambos organizaron el Tech Forum 2024, evento que cerró el propio Milei con el clan Davis sentado en primera fila. Hoy, ambos asesores están bajo investigación en la Argentina y en el exterior: Novelli tiene pasaporte italiano y Terrones Godoy ciudadanía española con residencia en México, motivo por el cual la querella —representada por el abogado Martín Romeo— pidió su inmediata detención ante riesgo de fuga.
Los movimientos de dinero son precisos y verificables: las transferencias se realizaron poco después de que Davis se reunió y se fotografiara con Milei en la Quinta de Olivos, apenas horas antes de que estallara públicamente el fraude el 14 de febrero. Las operaciones fueron detectadas gracias al analista financiero Fernando Molina, quien rastreó una billetera digital usada por Davis. Desde allí salieron cinco millones de dólares destinados a acallar reclamos y se pagaron presuntos sobornos en Argentina.
Avance político y bloqueo institucional
A pesar de estas evidencias, la causa local se empantanó en maniobras judiciales y políticas que favorecieron la impunidad. Tras pasar por tres juzgados distintos, quedó en manos del juez federal Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, quienes no impulsaron medidas decisivas. De hecho, Taiano contaba desde hace meses con informes de billeteras internacionales, pero delegó la pericia en una división del propio Ministerio de Seguridad, lo que implicó que el Ejecutivo terminara investigándose a sí mismo. Para coronar el blindaje, la “Oficina Anticorrupción” se negó a colaborar con el Congreso y cerró su expediente sin investigar ni a Milei ni a su hermana Karina.
Frente a la parálisis judicial, la investigación parlamentaria tomó la delantera. La comisión que preside Maximiliano Ferraro citó formalmente al presidente Milei a declarar. Y desmontó una afirmación central del discurso presidencial: mientras Milei dijo públicamente que solo había “cinco argentinos damnificados” por $LIBRA, datos de la plataforma Ripio revelan más de 1.300 víctimas en el país.
Estados Unidos mira a Milei
El avance también se da en el exterior. En Estados Unidos, la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, investiga más de 100 millones de dólares “provenientes de Argentina” que Davis reconoció manejar. En un dictamen reciente, Rochon no descartó que parte de esos fondos estén vinculados a Javier Milei y a Karina Milei, y lo dejó asentado en un expediente que involucra a fondos internacionales que litigan contra el país en Nueva York y Londres.
El cerco se cierra
La investigación parlamentaria dejó de ser un expediente político y se convirtió en una amenaza real para el gobierno libertario. Por primera vez en 20 años, una comisión del Congreso ha logrado superar la inacción de la Justicia Federal y avanzar directamente sobre el círculo presidencial. Las pruebas financieras, los vínculos personales con la familia Milei y el intento de encubrimiento institucional dibujan el mapa de un escándalo que ya es internacional.
Los próximos meses serán decisivos: si el Congreso demuestra que los fondos de $LIBRA terminaron en el entorno presidencial, el caso dejará de ser una estafa financiera para convertirse en un episodio de corrupción de Estado con ramificaciones en Argentina, Estados Unidos y Europa. Y Milei, que llegó con la promesa de “no robar”, enfrentará su mayor crisis desde que asumió el poder.