El asalto policial a las favelas de Alemão y Penha dejó al menos 122 fallecidos y abrió una crisis política entre el gobierno de Río (vinculado a Jair Bolsonaro) y el de Lula da Silva.
Una operación policial de gran escala en las favelas de Alemão y Penha derivó este martes en la jornada más sangrienta en la historia reciente de Río de Janeiro, con un saldo de al menos 122 muertos tras enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y miembros del Comando Vermelho, la principal facción narco del país.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, aliado del bolsonarismo, responsabilizó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por “no haber enviado refuerzos federales” pese —dijo— a “tres pedidos formales”. Desde Brasilia, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, rechazó esa versión y aseguró que “nunca se recibió solicitud alguna”, lo que desató un nuevo conflicto político entre el gobierno estadual y el federal.
La operación comenzó al amanecer, con unos 2.500 efectivos desplegados para desmantelar la cúpula del Comando Vermelho. A lo largo del día, las favelas fueron escenario de intensos tiroteos, incendios y barricadas. Varios barrios quedaron paralizados, con transporte suspendido y comercios cerrados. La prensa local reportó escenas de pánico y cuerpos tendidos en las calles, mientras el Centro de Operaciones de Río elevó el nivel de emergencia al grado 2, de una escala de 5.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su “horror” ante la magnitud del operativo y exigió una investigación “rápida, independiente y efectiva”, alertando que este tipo de intervenciones “acentúa el patrón de violencia letal en comunidades pobres y racializadas”.
En respuesta a la crisis, el gobierno federal enviará a Río una misión encabezada por los ministros de Justicia y de la Casa Civil, junto al director de la Policía Federal, para evaluar la situación y coordinar eventuales medidas.
El Comando Vermelho, surgido en 1979 dentro del penal de Ilha Grande, evolucionó desde un grupo de autodefensa carcelaria hasta convertirse en una red criminal con presencia en más de una decena de estados brasileños. Su expansión reciente en el área metropolitana de Río, según informes oficiales, ha sido la más rápida entre las organizaciones delictivas del país.