Un borrador reservado del Ministerio de Economía propone eliminar el monotributo, aumentar los aportes de los autónomos y reducir las cargas patronales. El proyecto sigue recomendaciones del FMI y busca ampliar la base tributaria con más control fiscal.
El Gobierno avanza en silencio con una profunda reforma laboral e impositiva que reconfigura el sistema de trabajo en la Argentina. Según un documento interno del Ministerio de Economía al que accedieron empresarios cercanos al oficialismo, el plan incluye la eliminación del régimen de monotributo, una rebaja de las contribuciones patronales y un endurecimiento en el control de los trabajadores independientes.
El texto, titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”, propone una reducción de ocho puntos en las cargas patronales y la unificación del esquema de trabajadores independientes bajo la figura de “autónomos”, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
Con la eliminación del monotributo —régimen que hoy agrupa a unos tres millones de pequeños contribuyentes—, todos pasarían al sistema de autónomos, con cuotas más altas y obligaciones fiscales ampliadas. La nueva escala prevé montos que van desde $100.000 a $500.000, y un mínimo de facturación sujeto al IVA equivalente a la actual Categoría F, es decir, unos $3 millones mensuales.
En paralelo, el proyecto rediseña el Impuesto a las Ganancias. Se establece un único mínimo no imponible de $1,7 millones para 2025, y un trabajador soltero sin hijos comenzaría a tributar sobre un salario bruto de $2,84 millones. Con esta medida, el Gobierno incorporaría a casi tres millones de nuevos contribuyentes.
Mientras tanto, los empleadores recibirán un beneficio inmediato: las contribuciones patronales bajarán del 25,5% al 17% para las empresas que contraten nuevos trabajadores o incorporen ex monotributistas. Los aportes personales de los empleados también se reducirán, del 17% al 13%.
La iniciativa, aún en elaboración, se presenta como una “modernización del sistema” para formalizar la economía. Sin embargo, en los hechos, traslada más carga a los trabajadores independientes y favorece a los grandes empleadores. En medio de una caída del empleo y del consumo, el Gobierno insiste en un modelo que ajusta desde abajo para liberar presión en la cúpula empresarial.