Un dictamen fiscal de 270 páginas describe una asociación ilícita entre exfuncionarios macristas, actuales operadores mileístas y un laboratorio multinacional. El operador clave era el abogado personal de Javier Milei.
La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó atrás la etapa de declaraciones y audios para ingresar en la fase de las pruebas concretas. El dictamen del fiscal Franco Picardi, de 270 páginas, constituye la primera acusación formal sólida en la gestión del presidente Javier Milei y describe el accionar de lo que califica como una “banda mixta” dedicada a robarle a los sectores más vulnerables.
Según el documento, la asociación ilícita habría comenzado a operar en diciembre de 2023, apenas asumió el nuevo gobierno. El mecanismo central habría sido la imposición de sobreprecios escandalosos en la compra de medicamentos de alto costo, prótesis e implantes cocleares. Esos sobreprecios, que en algunos casos alcanzaron el 1900%, eran el origen de un circuito de coimas y enriquecimiento ilícito.
La “Banda Mixta”: Una alianza inédita
La investigación judicial identifica a los integrantes de este esquema, que combina funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, La Libertad Avanza y ejecutivos del sector privado.
En el núcleo de la operatoria se encontraría Diego Spagnuolo, abogado personal del presidente Milei y hombre de su máxima confianza en la ANDIS. Según el fiscal, lejos de ser un “cruzado del ajuste”, Spagnuolo también habría sido beneficiario de los pagos ilegales. En allanamientos a su domicilio se encontró una máquina de contar billetes y 80.000 dólares en efectivo que no pudo justificar.
El otro pilar de la banda sería Pablo Atchabahian, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS durante el gobierno de Mauricio Macri. Atchabahian, actualmente detenido, ya no era funcionario público, pero desde su cargo como gerente en el laboratorio Roche –una multinacional suiza de prestigio mundial– actuaba como un “director paralelo” de la agencia, dando órdenes a su excompañero y actual funcionario, Daniel Garbellini.
La nómina se completa con Luciana Ferrari, también exfuncionaria macrista en el ANDIS y actual empleada de Roche, a quien se le adjudica el uso de una “clave trucha” para acceder al sistema de compras del organismo y obtener información privilegiada.
El fiscal considera que ambos ejecutivos actuaban para favorecer los intereses de Roche a través de droguerías intermediarias.
El “lobby” y el circuito del dinero
El eslabón que conectaba a los funcionarios con el sector privado sería Miguel Ángel Calvete, un conocido consultor de medios. El dictamen lo señala como el coordinador de pagos y gestor de cobros para diversas droguerías y firmas del rubro. Su rol habría sido fungir como enlace y gestionar pagos indebidos a funcionarios del ANDIS, incluyendo al propio Spagnuolo.
La evidencia incluye filmaciones de Spagnuolo entrando a la oficina de Calvete con una mochila, y audios en los que Calvete le pide a su esposa que prepare 5 millones de pesos para “el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”. Para el blanqueo del dinero, el fiscal identificó a Alan Pocovi, quien se encargaría de convertir el dinero en efectivo en criptomonedas.
Los citados a indagatoria
- Pablo Atchabahian
- Miguel Ángel Calvete
- Diego Orlando Spagnuolo
- Daniel María Garbellini
- Eduardo Nelio González
- Lorena Di Giorno
- Roger Edgar Grant
- Luciana Ferrari
- Federico Maximiliano Santich
- Guadalupe Ariana Muñoz
- Patricio Gustavo Rama
- Ruth Noemí Lozano
- Andrés Horacio Arnaudo
- Silvana Vanina Escudero
- Alejandro Gastón Fuentes Acosta
El “verso” del ajuste
El fiscal Picardi construye una teoría que desnuda una doble moral. Mientras públicamente se anunciaban recortes, despidos de empleados y suspensiones de pensiones por discapacidad con el argumento de combatir el “curro” y el derroche, el organismo destinaba sumas siderales a pagar medicamentos con sobreprecios que alimentaban las coimas.
El hallazgo judicial deja atrás lo que hasta ahora era un cruce de versiones y audios, para instalar una acusación formal basada en chats, transferencias, audios interceptados y material de cámaras de seguridad. Un total de 15 personas fueron citadas a indagatoria por este caso, que se erige como el primer gran escándalo de corrupción con pruebas concretas de la era Milei, demostrando que, detrás del relato del ajuste, se escondía un sofisticado sistema de desvío de fondos públicos.