La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo sostuvo que el nombramiento del teniente general Carlos Presti al frente de Defensa es un “gesto deliberado” para confrontar con los organismos de derechos humanos y quebrar consensos básicos de la democracia.
Estela de Carlotto volvió a marcar distancia del rumbo oficial y calificó como una “provocación innecesaria” la decisión del Gobierno de colocar al teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa. La histórica referente advirtió que el gesto “rompe reglas de convivencia democrática que costó demasiado construir”.
En declaraciones radiales, Carlotto sostuvo que el nombramiento de un militar en actividad “desconoce reclamos de décadas” y “revive sombras del pasado que la Argentina ya pagó con dolor”. “Es una falta de respeto. No sólo no corresponde, sino que además es peligroso. No podemos naturalizar que se alteren principios básicos porque al Presidente se le ocurre experimentar con instituciones”, señaló.
La dirigente afirmó que el Gobierno “está jugando con fuego” y que sus decisiones “mortifican a un país que ya bastante tiene con la crisis diaria”. Consideró que el Poder Ejecutivo “debería estar trabajando para calmar los ánimos, no para tensar la cuerda con medidas que hieren la memoria colectiva”.
“Las políticas de Estado son responsabilidad de los civiles. La democracia se sostiene respetando esa premisa, no forzándola para justificar aventuras ideológicas”, agregó.
El Gobierno defendió la designación al destacar la “trayectoria impecable” de Presti y reivindicar el regreso de militares a la conducción del área. Sin embargo, las palabras oficiales solo profundizaron el malestar entre organismos de derechos humanos, que ven en el movimiento un intento por “reescribir el pasado” y desmantelar acuerdos construidos desde 1983.
Para Carlotto, el problema excede nombres propios: “No podemos vivir pendientes de qué ocurrencia tendrá hoy el Presidente. La Argentina merece estabilidad y respeto por su historia. Esto va en sentido contrario”.
Con el decreto ya en vigencia, la tensión vuelve a instalarse en un terreno especialmente sensible para la sociedad argentina, que observa cómo decisiones del oficialismo reabren debates que parecían saldados desde hace cuatro décadas.