El pago de más de 720 millones de pesos en alquileres, un contrato por 114 millones adjudicado sin licitación a la institución que dirige su esposa y presunto tráfico de influencias son los ejes de una denuncia penal que vuelve a exponer la opacidad en el manejo de fondos públicos
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, continúa sin ofrecer explicaciones públicas sobre las decisiones administrativas que lo colocaron en el centro de un nuevo escándalo. Esta semana, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio presentó una denuncia ante la Justicia Federal no solo contra el ministro, sino también contra su esposa, Josefina Rouillet —titular de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI)—, contra el canciller Pablo Quirno y otros funcionarios, por los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública y encubrimiento”.
Según la presentación judicial, Sturzenegger autorizó el alquiler de cuatro pisos de oficinas en el microcentro porteño y 24 cocheras para su cartera por un total superior a 720 millones de pesos. La cifra resulta particularmente sensible en un contexto de ajuste fiscal y recortes presupuestarios promovidos por el propio gobierno.
A ese monto se suma un contrato por 114 millones de pesos que la Cancillería adjudicó de manera directa —sin licitación pública— a la AACI, institución dirigida por Rouillet, para el dictado de cursos de inglés destinados a diplomáticos. La denuncia señala que la contratación se realizó mediante la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, firmada por la Subsecretaría de Coordinación y Administración de la Cancillería, lo que refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades administrativas y conflictos de interés.
El escrito judicial identifica a Rouillet como presunta coautora del delito de defraudación por su rol como directora ejecutiva de la entidad beneficiada y por su vínculo con el ministro. También apunta contra funcionarios de la Cancillería que habrían intervenido en la adjudicación directa y contra Quirno, a quien se acusa de presunto encubrimiento por “omisión de denuncia”, al haber defendido públicamente la contratación en redes sociales en lugar de impulsar una investigación interna.
En cuanto a Sturzenegger, la denuncia sostiene que no puede descartarse su intervención para favorecer a la entidad dirigida por su cónyuge, lo que configuraría un caso de tráfico de influencias. Además, se pidió investigar como “partícipes necesarios” a responsables de áreas técnicas y jurídicas que habrían avalado el procedimiento, así como a funcionarios vinculados a políticas de transparencia y ética pública.
El caso estalló luego de que el ministro promoviera y defendiera en medios el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que habilita descuentos salariales en casos de enfermedad, lo que profundizó la controversia al contrastar su discurso de austeridad con los millonarios gastos cuestionados.
Durante el fin de semana largo, la AACI envió un comunicado interno a sus trabajadores intentando justificar la contratación directa, argumentando, entre otros puntos, la cercanía geográfica de sus oficinas con la sede de la Cancillería. También señalaron que, aunque mantienen vínculos contractuales con el Estado desde 2018, en 2025 no habían prestado servicios. Sin embargo, trascendió que ese año sí se habrían dictado cursos para un reducido grupo de agentes, mientras que para 2026 el esquema se amplió significativamente.
Desde la Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei respalda “plenamente” al ministro, a quien suele elogiar públicamente. No obstante, cerca del mandatario evitan responder por qué no se abrió una licitación pública ni explicar el alcance de los alquileres millonarios, decisiones que contradicen el discurso oficial de austeridad y el programa de “alquiler cero” promovido por el propio Gobierno.
La falta de respuestas claras y la sucesión de contrataciones directas bajo sospecha vuelven a instalar un interrogante central: ¿cómo se compatibiliza el discurso de transparencia y ajuste con prácticas que, al menos en apariencia, eluden los mecanismos básicos de control y competencia pública?