Empleados del ente estatal encargado de controlar a las obras sociales publicaron un comunicado donde advierten sobre las irregularidades en la gestión y una parálisis en la atención de reclamos de usuarios. También señalaron persecución laboral y alertan por el impacto en el acceso a la salud.
Por Santiago Masetti/ El conflicto gremial en la Superintendencia de Servicios de Salud viene escalando paulatinamente y suma tensiones. Los trabajadores del organismo denunciaron un proceso de vaciamiento bajo la gestión del actual superintendente, Claudio Stivelman, y advirtieron sobre irregularidades administrativas, persecución laboral y posibles despidos.
En ese sentido, los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicaron que en el marco del conflicto, las medidas impulsadas por la conducción del organismo estarían afectando el funcionamiento de áreas claves encargadas de tramitar reclamos de usuarios del sistema de salud.
Los reclamos cajoneados por los funcionarios
Una de las graves consecuencias del conflicto impulsado por Stivelman tiene como objeto la paralización de expedientes vinculados a reclamos de beneficiarios de obras sociales. Muchos de esos trámites dependen de la rapidez con la que el organismo interviene para garantizar prestaciones médicas, por lo que las demoras pueden afectar tratamientos y servicios considerados vitales.
En ese contexto, denunciaron que la gestión estaría promoviendo un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, que trasladará los costos al beneficiario y fomentará la judicialización de los conflictos.
Por ello, explicaron que este esquema desvirtúa las funciones para la que fue creada la Superintendencia de Servicios de Salud, cuya función es ofrecer soluciones administrativas gratuitas sin necesidad de una asistencia legal.
Denuncias por irregularidades en obras sociales
El comunicado emitido por los trabajadores de la Superintendencia también apunta contra la falta de intervención frente a presuntas irregularidades en algunas obras sociales que no abonan los diferentes tratamientos .
En particular, los trabajadores denunciaron que la Obra Social Unión Personal estaría aplicando coseguros diferenciados a empleados estatales que no estén afiliados al sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), una práctica que calificaron como “discriminatoria e ilegal”.
Además, señalaron que otras obras sociales comenzaron a cobrar coseguros para intervenciones quirúrgicas, algo que contradice lo establecido por el Programa Médico Obligatorio.
Paros a la japonesa
Una vez iniciado el conflicto, los trabajadores realizaron dos paros a nivel nacional y otras variadas formas de protestas para lograr visibilizar el conflicto, por lo que indicaron que continuarán con nuevas medidas de fuerza.
Las formas de protestar, comenzaron con asambleas, manifestaciones y luego se adoptó una modalidad particular: los trabajadores realizaron lo que denominaron “paros a la japonesa”, en la que se intensifica la atención al público para amplificar la importancia del trabajo que realiza el organismo.
Desde que arrancó este año, durante las jornadas de paro se priorizó la recepción y resolución de reclamos de usuarios con el objetivo de demostrar el impacto que tiene el funcionamiento del organismo en la protección del derecho a la salud.
Los trabajadores sostienen que el conflicto no solo involucra sus condiciones laborales sino también el acceso de la población a prestaciones médicas. Por ese motivo, pidieron el acompañamiento de los beneficiarios del sistema y de la sociedad en general frente a lo que consideran un deterioro en el funcionamiento del organismo encargado de supervisar a las obras sociales.
También convocaron a la unidad de los trabajadores estatales y de distintos sectores sociales para enfrentar lo que definieron como un proceso de recorte de derechos y debilitamiento de las políticas públicas vinculadas al sistema de salud.