Mientras el Gobierno ajusta los bolsillos de jubilados y trabajadores bajo la consigna de que “no hay plata”, estalló un escándalo que salpica al corazón del Ministerio de Economía y al bloque de La Libertad Avanza.
En medio de una situación económica crítica para la mayoría de los argentinos, una investigación que reunió registros de la Central de Deudores del BCRA reveló que un grupo de funcionarios nacionales, asesores directos del Ministerio de Economía y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) por montos que alcanzan los 350 mil dólares. La noticia generó un fuerte cimbronazo político y pedidos de informe en el Congreso por parte de la oposición, que cuestiona la discrecionalidad en la asignación de estos préstamos de la banca estatal.
Entre los beneficiarios de estas líneas de crédito —que en algunos casos superan los 800 millones de pesos— se encuentran figuras cercanas al entorno del ministro Luis Caputo, como los economistas Felipe Núñez y Federico Furiase, además del funcionario de Presidencia conocido como “Juan Doe” y los diputados oficialistas Mariano Campero y Santiago Santurio. Según los datos difundidos, Núñez habría obtenido un crédito de 475 millones de pesos en febrero de 2025, mientras que otros legisladores habrían accedido a financiamientos similares durante el último año, superando ampliamente los montos promedio otorgados al público general.
Ante la escalada de la polémica, el Banco Nación emitió un comunicado defendiendo la transparencia de su operatoria, asegurando que “9 de cada 10 créditos hipotecarios en Argentina los otorga el BNA” y que los solicitantes cumplieron con todos los requisitos técnicos. Sin embargo, el diputado Esteban Paulón presentó una batería de medidas para investigar si existió un “exceso de límites de asistencia crediticia a personas vinculadas” o “personas políticamente expuestas”, alertando sobre un posible trato preferencial mientras miles de ciudadanos encuentran barreras infranqueables para acceder a la vivienda propia.
La controversia se suma al malestar social generado por la reciente caída en la imagen del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras conocerse el caso de las “jubiladas prestamistas” vinculadas a su familia. En este escenario, la oposición busca determinar si el Banco Nación, bajo la gestión del recientemente despedido Daniel Tillard, funcionó como una herramienta de beneficio para el círculo íntimo del poder, en abierta contradicción con el discurso de austeridad y fin de los privilegios que pregona el Ejecutivo.