El caso de Manuel Adorni sumó nuevos y escandalosos datos que profundizan las sospechas sobre su patrimonio: el jefe de Gabinete omitió declarar una propiedad clave y recién la incorporó cuando la investigación judicial ya estaba en marcha.
La vivienda en el country Indio Cua, adquirida el 15 de noviembre de 2024 por su esposa, Bettina Angeletti, no fue incluida en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. La normativa es clara: los funcionarios deben informar también los bienes de su cónyuge, incluso en anexos reservados. Sin embargo, ese documento directamente no fue presentado por Adorni.
La irregularidad tomó mayor gravedad porque la “corrección” no fue espontánea. El funcionario recién incorporó la propiedad meses después, cuando la causa por presunto enriquecimiento ilícito ya avanzaba y la Justicia solicitó la documentación completa. El expediente está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes ahora analizan si existió un incremento patrimonial injustificado.
El contexto complica aún más la situación: la propiedad fue comprada mediante un préstamo de 100.000 dólares, con una tasa del 11% anual, otorgado por dos particulares —una comisaria retirada y su hija— y gestionado por la escribana Adriana Nechevenko. El crédito fue garantizado con otro inmueble del matrimonio, lo que revela una operatoria financiera que también quedó bajo la lupa judicial.
El periodista de investigación Hugo Alconada Mon fue contundente: Adorni había presentado su declaración pública, pero omitió el anexo reservado correspondiente a los bienes de su pareja, y solo lo entregó cuando el fiscal y el juez comenzaron a exigirlo. Esto abre una duda central: si se trató de un descuido o de una maniobra deliberada para ocultar información sensible.
Además, la causa no se limita a esta propiedad. En su primer año como funcionario, Adorni y su esposa habrían sumado una casa en un country, un departamento en Caballito y una camioneta, lo que genera interrogantes sobre la compatibilidad entre esos movimientos patrimoniales y los ingresos declarados.
La polémica también salpica al entorno político: surge el interrogante sobre si el presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei estaban al tanto de estas inconsistencias. Si lo sabían, el costo es por avalar la situación; si no, expone una preocupante falta de control interno.
Con estos nuevos elementos, el caso deja de ser una simple omisión administrativa y se transforma en un episodio con posibles derivaciones penales, donde el eje ya no es solo qué se declaró, sino por qué se ocultó hasta que la Justicia intervino.