En el centro de la investigación aparece un entramado entre Radio y Televisión Argentina (RTA) y la productora Imhouse S.A., vinculada al periodista Marcelo Grandío, señalado como allegado personal del funcionario.
La situación judicial de Manuel Adorni suma nuevos elementos que no solo agravan las sospechas en su contra, sino que empiezan a resquebrajar la confianza dentro del propio espacio libertario que hasta ahora lo sostenía.
La ampliación de la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón incorporó información que complejiza el expediente y refuerza la hipótesis de un presunto esquema de contrataciones irregulares en medios públicos.
El avance de la causa, impulsado tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, permitió acceder a contratos, transferencias y comprobantes que, según la presentación judicial, evidenciarían un mecanismo sistemático de contrataciones durante la gestión de Adorni. Este cúmulo de datos no solo incrementa la presión judicial, sino que empieza a generar incomodidad en su entorno político, donde surgen dudas sobre el costo y viabilidad de sostenerlo.
Uno de los focos está puesto en seis contratos de coproducción firmados entre RTA e Imhouse S.A., bajo la sospecha de que podrían haber beneficiado directamente a Grandío. La Justicia busca determinar si existió un circuito de retornos y si el funcionario utilizó su posición para favorecer a su círculo cercano.
A esto se suman elementos sensibles que profundizan el desgaste: transferencias bancarias desde la empresa del periodista hacia Adorni por más de $1,6 millones entre 2022 y 2023, un viaje a Punta del Este con gastos que habrían sido cubiertos parcialmente por la productora, y un presunto esquema de triangulación en las contrataciones que habría servido para evitar vínculos formales directos.
Además, la denuncia advierte sobre un incremento sostenido en los montos de los contratos, incluso en un contexto de ajuste en los medios públicos, lo que refuerza las sospechas sobre un posible beneficio indebido.
En este escenario, el caso deja de ser solo un problema judicial y comienza a tener impacto político. Aunque el oficialismo aún lo respalda, la acumulación de indicios introduce fisuras y debilita su posición interna. La investigación avanza y, con cada nuevo dato, el margen de maniobra de Adorni parece reducirse, mientras crecen las tensiones dentro del espacio que hasta ahora lo defendía.