Con 138 votos a favor, el oficialismo logró aprobar la llamada “ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, que elimina regulaciones y protecciones sobre sectores considerados clave para la industria, la ciencia, la tecnología y la defensa nacional.
La iniciativa fue respaldada no sólo por La Libertad Avanza, sino también por el PRO, la UCR y gobernadores aliados. Acompañaron los diputados vinculados a Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, además de integrantes del interbloque Provincias Unidas. El peronismo, la izquierda y algunos bloques provinciales rechazaron el proyecto, aunque reunieron apenas 96 votos, 42 menos que el oficialismo.
La oposición advirtió que detrás de la derogación de normas consideradas “obsoletas” por el Gobierno se esconde un avance sobre herramientas legales que protegían activos estratégicos del Estado y empresas nacionales sensibles. Entre ellas aparecen Arsat, Nucleoeléctrica Argentina, Fabricaciones Militares, Tandanor y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, compañías que ya habían sido incluidas por Milei en el primer intento de privatizaciones de la ley Ómnibus.
Durante el debate, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, alertó que el proyecto apunta a “liquidar empresas estratégicas para la ciencia, la tecnología y la defensa”. También cuestionó la derogación de la Ley de Bienes Culturales, sancionada en 2003 para evitar que compañías argentinas endeudadas quedaran en manos extranjeras. Según explicó, esa normativa no sólo protegía medios de comunicación sino también empresas vinculadas al desarrollo tecnológico y la defensa nacional.