El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe en el que advirtió que los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implicarán un costo fiscal de hasta u$s1.395 millones anuales para el Estado nacional. El estudio analiza el impacto de las exenciones impositivas y asegura que gran parte de los desembolsos corporativos ya estaban programados antes de la sanción de la ley.
De acuerdo con la investigación, el escenario base de resignación fiscal se ubica en los u$s1.069 millones al año, con un piso de u$s786 millones según el volumen de exportaciones. El principal factor de esta pérdida de recursos estatales es la disminución de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, que bajó del 35% al 25% para las corporaciones adheridas. Esta reducción en Ganancias representa una merma de u$s545 millones anuales, con especial beneficio en los desarrollos de gas natural licuado (GNL) y minería. Asimismo, entre 2025 y 2028 se prevé un impacto adicional de u$s430 millones por año debido a las franquicias arancelarias y la devolución del IVA durante la etapa constructiva.
El fisco también dejará de percibir unos u$s107 millones anuales por la flexibilización de las retenciones a las exportaciones, un esquema que favorece a emprendimientos de litio y plata. En este marco, la petrolera estatal YPF posee un rol central, ya que concentra el 68,5% de las inversiones totales aprobadas bajo el régimen. El CEPA cuestionó la efectividad del RIGI como motor de nuevos capitales, tras detectar que siete de los doce proyectos vigentes contaban con anuncios previos o estudios avanzados. El organismo concluyó que el sistema otorga privilegios cambiarios y aduaneros extraordinarios a planes económicos que se hubieran ejecutado de todas formas, reseñó Política Argentina.
Por último, el informe alertó sobre los riesgos de la propuesta denominada “SuperRIGI”, una ampliación que reduciría aún más el Impuesto a las Ganancias hasta el 15%.