En una medida que expone la profunda crisis que atraviesan las Fuerzas Armadas argentinas, el Gobierno autorizó al personal militar a desempeñarse en actividades privadas fuera de su horario de servicio, incluyendo trabajos como conductores de aplicaciones de transporte, repartidores y agentes de seguridad privada.
La decisión llega en medio de un escenario marcado por salarios que han perdido gran parte de su poder adquisitivo, crecientes dificultades para retener personal calificado y un éxodo constante de oficiales, suboficiales y profesionales especializados que abandonan la carrera militar en busca de mejores oportunidades en el sector privado.
Lejos de representar una ampliación de derechos laborales, la medida constituye para muchos un reconocimiento implícito de que los ingresos percibidos por quienes integran las Fuerzas Armadas resultan insuficientes para sostener un nivel de vida digno. La posibilidad de recurrir a un segundo empleo aparece así como una necesidad económica más que como una opción voluntaria.
La crisis afecta especialmente a cuadros técnicos y profesionales cuya formación demanda años de inversión estatal. Pilotos, ingenieros, especialistas en comunicaciones, médicos y otros perfiles estratégicos abandonan cada vez con mayor frecuencia las filas militares atraídos por remuneraciones significativamente superiores fuera de la institución.
Diversas fuentes vinculadas al ámbito castrense advierten que la combinación de bajos salarios, escasas perspectivas de carrera y deterioro presupuestario ha generado una situación inédita en las últimas décadas agravada en materia salarial durante la gestión libertaria. La pérdida de recursos humanos capacitados impacta directamente sobre la operatividad, el adiestramiento y la capacidad de respuesta de las tres fuerzas.
En este contexto, la autorización para que los militares trabajen como choferes de aplicaciones, repartidores o custodios privados se convierte en un símbolo de una realidad más profunda: unas Fuerzas Armadas que enfrentan una crisis estructural de personal y financiamiento, mientras miles de uniformados buscan fuera de los cuarteles los ingresos que el Estado ya no les garantiza dentro de ellos.