En un durísimo revés judicial, el fiscal Pollicita intimó formalmente al ex funcionario a presentar documentación sobre las compras en dólares, contrataciones e inconsistencias que destapó la causa por enriquecimiento ilícito. Se le termina el tiempo para explicar de dónde salió la plata.

Las investigaciones judiciales avanzaron, el escándalo estalló y ahora es la propia Justicia la que le puso fecha límite. En un dictamen contundente, el fiscal Gerardo Pollicita intimó al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y le dio un plazo perentorio de 15 días para que presente las pruebas que justifiquen el “agujero negro” detectado en sus compras, erogaciones y movimientos patrimoniales que no cierran por ningún lado.

La medida judicial se produce luego de que la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito sacara a la luz una serie de irregularidades escandalosas. Con el secreto fiscal y bancario ya levantado, los peritajes dejaron expuestos pagos de reformas en efectivo con dólares billete, operaciones en criptomonedas y adquisiciones de bienes que resultan incompatibles con sus ingresos declarados, derribando el discurso de austeridad oficial.

Las claves del ultimátum del fiscal Pollicita:

• Plazo perentorio de 15 días: La Justicia le exigió que entregue los comprobantes, facturas y respaldos documentales que expliquen el origen de los fondos utilizados en sus compras y gastos bajo la lupa.
• El escándalo de las compras en efectivo: La intimación apunta a los desembolsos no bancarizados en moneda extranjera y a las erogaciones patrimoniales que las pericias judiciales ya marcaron como no justificadas.
• Al borde de la citación a indagatoria: Si al vencer los 15 días el ex funcionario no logra acreditar la procedencia del dinero, la fiscalía quedará en condiciones de solicitar su citación a declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito.

Acorralado por los tribunales

A diferencia de los cruces políticos o las denuncias mediáticas, el avance de la fiscalía marca que la etapa de recolección de pruebas concluyó con resultados comprometedores. Ahora la carga de la prueba recae directamente sobre el ex funcionario, que deberá responder punto por punto ante el juzgado.

En la Casa Rosada la preocupación es máxima. Con el reloj corriendo y un plazo judicial estricto de dos semanas, el caso Adorni dejó de ser un dolor de cabeza comunicacional para convertirse en un expediente penal al borde de la imputación formal.