El argumento busca explicar una de las principales inconsistencias detectadas por el fiscal Guillermo Marijuán, pero abre nuevos interrogantes sobre la precisión y confiabilidad de la información patrimonial presentada por un supuesto profesional de las ciencias económicas.
El argumento busca explicar una de las principales inconsistencias detectadas por el fiscal Guillermo Marijuán, pero abre nuevos interrogantes sobre la precisión y confiabilidad de la información patrimonial presentada por un profesional de las ciencias económicas.
A simple vista, resulta difícil de comprender cómo un contador público puede confundir un dato central de su propia declaración jurada patrimonial y, además, firmar y presentar formalmente el documento con una cifra diez veces superior a la que, según ahora sostiene, correspondía.
Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, recurrió precisamente a esa explicación para intentar despejar las dudas planteadas en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Según el escrito presentado ante el juez Daniel Rafecas, en su declaración jurada correspondiente a 2024 consignó una deuda inicial de $130 millones, cuando en realidad —afirma ahora— debía haber escrito $13 millones. Ese supuesto error de un cero modificó sustancialmente la lectura de su evolución patrimonial.
El fiscal Guillermo Marijuán había advertido que, de acuerdo con la información declarada por Adorni, su deuda se había reducido de $130 millones a $60 millones durante el período. Es decir, aparecía una diferencia de aproximadamente $70 millones que no encontraba una explicación clara.
La defensa de Adorni sostiene ahora que esa reducción nunca existió: los $130 millones serían en realidad $13 millones y, por lo tanto, la interpretación realizada a partir de la declaración jurada habría partido de un dato incorrecto.
La explicación, sin embargo, difícilmente pueda evitar nuevas preguntas. No se trata de un error menor en un documento informal, sino de una declaración jurada patrimonial presentada y firmada por un contador público, precisamente el tipo de profesional que conoce la importancia de consignar correctamente cifras y movimientos financieros.
El episodio recuerda además otras explicaciones ensayadas en torno al patrimonio de los hermanos Adorni. En el caso de Manuel Adorni, las ganancias obtenidas con criptomonedas fueron invocadas para justificar parte del crecimiento patrimonial, mientras que también quedaron bajo cuestionamiento los préstamos declarados provenientes de jubiladas.
Ahora, Francisco Adorni sostiene que una cifra diez veces mayor en su declaración jurada fue simplemente consecuencia de “olvidarse” un cero.
Más allá de que la Justicia deberá determinar si se trató efectivamente de un error material o de una inconsistencia con otra explicación, el episodio vuelve a instalar un interrogante de fondo: ¿cuánto margen puede tener un funcionario para equivocarse en cifras patrimoniales millonarias antes de que la explicación deje de parecer un simple error administrativo?
La sucesión de inconsistencias y explicaciones posteriores alrededor de los patrimonios de funcionarios y dirigentes libertarios empieza a configurar un patrón que merece especial atención. Cuando las cifras no cierran, aparecen errores de tipeo, ceros mal colocados o ingresos extraordinarios como explicación. Y en cada caso, las dudas terminan apareciendo después de que la Justicia o los investigadores detectan las diferencias.
En un Gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios y combatir la corrupción, las declaraciones patrimoniales deberían ser una herramienta de transparencia, no un rompecabezas que necesita ser corregido una vez que los fiscales encuentran las inconsistencias.