La Cámara de Apelaciones dejó sin efecto la resolución de primera instancia que frenaba un punto clave del endurecimiento penal promovido por el Gobierno. El fallo alinea al Poder Judicial con la agenda punitivista de la Casa Rosada y enciende las alarmas en los organismos de derechos humanos.
En un fallo alineado con la retórica de mano dura e intromisión punitiva que impulsa la gestión libertaria, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia de la jueza Laura de Marinis que había declarado la inconstitucionalidad de un artículo central de la reforma penal juvenil. La decisión judicial revalida las pretensiones del Poder Ejecutivo para avanzar en la baja de la edad de imputabilidad y el endurecimiento del régimen sancionatorio hacia los adolescentes, ignorando las advertencias y tratados internacionales que protegen los derechos de la infancia.
La resolución de la jueza de primera instancia había sentado un precedente clave al señalar que el texto impulsado desde el Ministerio de Justicia vulneraba de manera flagrante el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y el interés superior del niño, consagrados en la Constitución Nacional. Sin embargo, el tribunal de alzada optó por desoir las fundamentaciones técnicas y doctrinarias, dando vía libre al andamiaje legal con el que la Casa Rosada busca criminalizar a la juventud más vulnerada por la crisis económica.
El fallo de la Cámara no resulta un hecho aislado en el mapa político actual, sino que se enmarca en la constante presión que el Gobierno ejerce sobre los estrados para convalidar su agenda de persecución y control social. Ante la falta de respuestas para frenar el aumento de la pobreza y la exclusión que su propio modelo genera, la cúpula oficialista responde canalizando la demanda de seguridad hacia el eslabón más débil de la cadena social: las infancias marginalizadas.
Desde organismos de derechos humanos y colectivos especializados en niñez, respaldaron el fallo de la jueza Laura de Marinis, advirtiendo que la baja de la imputabilidad y el endurecimiento de penas no resuelven las causas estructurales del delito ni brindan soluciones efectivas. Por el contrario, señalar a las y los jóvenes como responsables de la emergencia social sólo busca desviar la atención de los severos recortes presupuestarios en educación, salud y programas de contención social.
Esta marcha atrás en la protección de los derechos de la niñez refleja la acelerada erosión del Estado de derecho bajo la administración de Milei. Con un Poder Judicial cada vez más permeable a las exigencias de la propaganda gubernamental, la decisión fija un peligroso antecedente que habilita la profundización de un modelo represivo, diseñado para castigar a los sectores más postergados mientras se desmantelan todas las redes de protección social.