El juez federal Martín Cormick sancionó al jefe de Gabinete con una multa de $100.000 por cada día de incumplimiento de la cautelar que obliga al Gobierno de Javier Milei a recomponer los salarios universitarios y actualizar los fondos para becas. La decisión llega a horas de una nueva Marcha Federal Universitaria y vuelve a poner en el centro de la escena el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades públicas.
La Justicia avanzó contra el Gobierno nacional por no acreditar el cumplimiento de la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). A pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Cormick hizo efectiva la sanción económica contra Santilli, luego de que vencieran dos prórrogas de cinco días sin que el Ejecutivo demostrara haber acatado la resolución.
La multa se aplicará por cada jornada de demora y el magistrado dejó abierta la posibilidad de extender las sanciones a otros integrantes del gabinete libertario. La decisión constituye una nueva presión judicial sobre una administración que mantiene el conflicto presupuestario con las universidades públicas, pese a las resoluciones que respaldan la aplicación de la norma.
Salarios atrasados y becas, en el centro del reclamo
La cautelar exige recomponer de manera inmediata los ingresos del personal docente y no docente para compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, además de actualizar las partidas destinadas a las becas estudiantiles.
Según las estimaciones incorporadas a la causa, la recomposición salarial prevista equivale a un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos de julio de 2025. La ley también establece actualizaciones periódicas vinculadas con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y contempla la actualización de los fondos para sostener a los estudiantes.
El Gobierno argumentó que otorgó aumentos y mantuvo las negociaciones paritarias, pero el juez consideró insuficientes las pruebas presentadas para demostrar el cumplimiento efectivo de la orden judicial.
La cautelar sigue vigente pese a la ofensiva del Gobierno
La medida fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Además, según los antecedentes del expediente, la Corte Suprema rechazó el 25 de junio un recurso presentado por el Estado.
En paralelo, continúa la controversia por el decreto 759/2025, cuyo artículo que condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad presupuestaria fue declarado inconstitucional. La apelación del Gobierno sobre esa cuestión de fondo no suspendió los efectos de la cautelar.
La sanción contra Santilli se produce en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, en un escenario de reclamos por salarios, becas y financiamiento. La Justicia puso un costo económico diario al incumplimiento: el Gobierno deberá responder por no demostrar que acata una orden judicial que exige garantizar los recursos previstos por ley para las universidades públicas.