José Luis Espert apeló el procesamiento que le dictó el juez federal Lino Mirabelli en una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. A través de dos presentaciones judiciales, su defensa pidió a la Cámara Federal de San Martín que revoque la resolución, deje sin efecto el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país, y dicte su sobreseimiento.
El exdiputado de La Libertad Avanza cuestionó con dureza la decisión del magistrado. En una publicación en redes sociales, calificó el fallo como contradictorio, sesgado y carente de pruebas suficientes. También sostuvo que la investigación tiene motivaciones políticas.
La causa se centra en un pago de US$200.000 que Espert recibió en enero de 2020 como supuesto anticipo de un contrato de consultoría. La investigación busca establecer el origen de esos fondos y su relación con Federico “Fred” Machado, empresario condenado en Estados Unidos e investigado por presuntos vínculos con el lavado de dinero y el narcotráfico.
Los argumentos de Espert contra el procesamiento
En su descargo público, Espert cuestionó que el juez considerara probado que el dinero provenía de una actividad delictiva, que el contrato de consultoría era simulado y que recibir y gastar esos fondos constituía una maniobra de lavado.
Según su interpretación, la resolución presenta una contradicción: por un lado, sostiene que el dinero tiene origen ilícito y, por otro, admite que todavía falta determinar un delito precedente vinculado con esos fondos. Para el exdiputado, esa situación demuestra que la imputación no cuenta con pruebas suficientes.
Espert también negó haber ocultado o disimulado el dinero. Afirmó que los fondos permanecieron en su cuenta bancaria, que los gastos se realizaron a su nombre y que pagó los impuestos correspondientes. Además, cuestionó que se lo vinculara con el financiamiento de dirigentes políticos o campañas electorales, al sostener que esos aspectos no formaron parte de los hechos por los que fue indagado.
Qué pide la defensa
En los escritos presentados ante la Justicia, sus abogados solicitaron que la Cámara Federal de San Martín revoque el procesamiento y dicte el sobreseimiento. También reclamaron que se levanten el embargo de $1.000 millones y la restricción para salir del país, medidas que consideran desproporcionadas.
La defensa sostuvo que la imputación no configura el delito de lavado de activos y que todavía falta incorporar o analizar evidencia necesaria para resolver el caso. Por eso, pidió que la investigación se complete y que la situación de Espert se evalúe a partir de las pruebas que obran en el expediente.
Ahora será la Cámara Federal de San Martín la que deberá analizar los planteos y resolver si confirma o revoca la decisión del juez Mirabelli.