Por Sonia López
No se trata de un hecho aislado de “salvajismo campestre” ejecutado por peones rurales, sino de la acción aberrante de un entramado criminal que, hasta el momento, goza de impunidad institucionalizada, que protege a las altas esferas económicas y sociales de la Provincia cuando aparecen vinculadas a delitos graves contra la población.
La propiedad donde se cometió la masacre contra Nancy es la “Estancia El Curupí” de 18.000 hectáreas, publicitada para paseos turísticos; en realidad allí funciona un coto de caza mayor que pertenece y administra Lourdes Winkler, vinculada al concejal Hugo Mancini, hermano de la diputada provincial María Eugenia Mancini, ambos de política oficialista.
La Justicia no cita a declarar hasta el momento a la dueña responsable del establecimiento donde se secuestró, torturó y ejecutó a la docente Nancy Godoy, directora de la Escuela que funciona dentro del perímetro de esa propiedad. No se la citó como imputada, sospechosa, ni siquiera como testigo, cuando es ella quien trasladaba en vehículo a la docente desde el pueblo al casco de estancia. Es el mismo doble estándar aplicado en el caso Loan por el Juzgado Federal de Goya: cuando ciudadanos comunes fueron señalados por desviar supuestamente la investigación, estos fueron citados, procesados y hasta encarcelados; en cambio, cuando claramente un Senador Provincial (Diego Pellegrini) protagonizó un intento de desviar la investigación, ni siquiera lo llamaron como testigo.
La responsabilidad alcanza también al Ministerio de Educación y a los organismos de supervisión, que ignoraron las denuncias y solicitudes que Nancy había elevado dos meses antes de ser asesinada, dejándola sola y a su suerte en una situación de indefensión laboral absoluta en esa propiedad rural.
La narrativa judicial y de abogados busca reducir el hecho a una suerte de “ataque en manada” de los imputados, que porque carnean animales entonces carnearon una directora de Escuela, utilizando el morbo del público al detallar cada tortura y ataque aplicado contra el cuerpo de Nancy, lo que no solo distrae sacando el foco de los autores intelectuales y su cadena de mandos, sino que también multiplica el terror, cumpliendo con entregar el mensaje que este crimen expresa.
Está en curso una profunda movilización social que desafía este sistema de privilegios e impunidad vigente. La protesta del 29 de octubre pasado, con marchas en todas las ciudades y el paro de CTERA con el apoyo de las tres centrales obreras del país, puso en el centro del debate nacional la extrema vulnerabilidad de las y los maestros rurales, que trabajan en estado de absoluto desamparo, rechazando la romantización de esta precariedad bajo el concepto de “vocación docente”, para reclamar garantías reales de seguridad e infraestructura.
Este mensaje de terror contra todo el pueblo trabajador mediante el secuestro, abuso y tortura seguida de femicidio contra Nancy perturba la conciencia social a escala nacional y detona la convicción de que si la Justicia y el Estado no es capaz de investigar y castigar a estas organizaciones criminales, que se creen dueñas de la vida de las personas, entonces estaríamos en una suerte de “tierra de nadie”, que necesita entonces la urgente intervención de la soberanía popular, que restablezca el orden y el respeto por la vida de nuestro pueblo.
No vamos a aceptar que este caso se cierre como un hecho exótico para llenar noticieros de morbo, ni que se judicialice el caso sin tocar los intereses del entramado institucional del crimen organizado, mientras las mujeres y los niños de la clase obrera siguen bajo ataque.
La memoria de Nancy Godoy, sus valores y coraje para enfrentar sola el desafío imposible de una educación desamparada, nos obliga a redoblar la lucha contra todas las formas de opresión y violencia contra las mujeres y los niños y niñas de nuestro Pueblo. ¡Justicia por Nancy Godoy!