El jefe del Ejército de reserva brasileño advirtió que será “el deber de la Fuerza Armada restaurar el orden” si la Justicia decide dejar en libertad al ex presidente Lula Da Silva y de ese modo, se presenta a las próximas elecciones presidenciales. "Si ocurre semejante apartamiento de la ley, ahí no tengo duda de que sólo queda el recurso a la reacción armada", advirtió el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa.

La amenaza llegó un día antes de que la Corte Suprema brasileña analice un recurso excepcional solicitado por Lula para evitar la prisión y poder presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Todas las encuestas lo dan como el principal candidato, muy por encima del segundo.

Lula se encuentra condenado de manera insólita por haber recibido un departamento como soborno de la constructora OAS. En el expediente no hay una sola prueba que demuestren que Lula es dueño de esa propiedad. Sin embargo, el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre confirmó una condena de primera instancia y elevó la pena a 12 años y un mes de prisión.

Para el Partido de los Trabajadores, la intención de un sector de la justicia es clara: evitar que Lula se presente a las próximas elecciones presidenciales a disputarse este año. Las declaraciones del militar buscan presionar a la Corte Suprema para que arreste al ex mandatario brasileño.

Por su parte, el Ejécito brasileño emitió un comunicado donde aseguró que las opiniones del general Lessa son "personales" y la institución "actúa dentro de los parámetros legales establecidos por la Constitución". Sin embargo, no suspendió ni sanción al militar.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, es el encargado desde 2015 de llevar adelante el ajuste en el Estado nacional. Cercano al presidente Mauricio Macri, Ibarra coordina los despidos y el achicamiento de diferentes áreas, antes estratégicas para el kirchnerismo, como puede ser Derechos Humanos o el INTI, por citar solo dos casos.

Mientras a muchos estatales les va cada vez peor, a Ibarra la vida le sonríe: sigue poniendo a hombres de su confianza en muchos lugares claves de la administración nacional. Ahora, sumó en la conducción en la empresa estatal Arsat y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) a dos hombres muy cercanos, como Guillermo Baistrocchi y Raúl Martínez. El primero es además un histórico del Grupo Macri.

"En la transición, antes de nombrar a un reemplazante de Rodrigo (de Loredo), el ministro quiere tener un día a día de la empresa, que por el momento lo tiene con Martínez, que funciona como un coordinador", dijo una fuente del Ministerio de Modernización al diario Clarín. Lo llamativo es que Martínez no fue designado oficialmente como nuevo CEO de Arsat aunque ya se desempeña de hecho en esa tarea.

De esta manera, Ibarra se configura como el tridente de mayor confianza de Macri en lo que respecta la gestión del Estado, por debajo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del vicefeje, Mario Quintana. Los tres van colonizando prácticamente todas las áreas del Gobierno nacional.

Los bancos crearán un instrumento financiero para vender en el mercado. La Anses sería uno de los principales clientes.

El país estaría por aplicar el mismo mecanismo financiero que provocó la crisis de las hipotecas subprime en 2008 y arrastró a la economía mundial. Se trata de la "secutirización" de los créditos hipotecarios UVA, que ahora podrán venderse en el mercado y tendría a la ANSES como un cliente importante, poniendo en riesgo las futuras jubilaciones.

¿En qué consiste el sistema? Ante el riesgo de posible falta de cobro de parte de los bancos, en momentos en el que la cuota de los UVA ya igualó a los créditos "comunes", los bancos aseguran paquetes de hipotecas y los venden en el mercado. La garantía (y el riesgo) de cobro se traslada así al mercado, que pasa a ser una suerte de acreedor indirecto de los deudores hipotecarios.

De esta forma, los bancos ganan por partida doble: mantienen un reaseguro por la inflación con la indexación de las UVA, por un lado, y se mantienen a salvo de la posible incobrabilidad de los créditos con el reaseguro, que se traslada al mercado, por otro. Un negocio redondo.

Pero hay más: ya que, de acuerdo a la información provista por el diario BAE, la ANSES sería uno de los clientes de este nuevo instrumento financiero. Los presentes y futuros jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y AUH pasan a estar en riesgo si por una crisis, los créditos se vuelven incobrables y se genera un efecto cascada.

Este sistema funcionó, a gran escala, en los Estados Unidos y estalló con la crisis de las hipotecas subprime. Se trataban de hipotecas "basura", préstamos a deudores insolventes en muchos casos pero que representaban para los bancos un bajo riesgo ya que luego vendían esas hipotecas en el mercado, hasta que comenzaron a caer los deudores y eso arrastró a todo el sistema. Así, mucha gente perdió su empleo, sus ahorros y sus jubilaciones que estaban invertidas en estos instrumentos.

El riesgo de un eventual aumento de la incobrabilidad no es menor, en una economía que tendría una inflación más cercana al 20% este 2018, con paritarias que se están cerrando al 15. Un informe del economista Christian Buteler mostró cómo las cuotas de los UVA ya igualaron a las de un crédito con tasa fija que daba el Banco Nación en 2016.

Fuente: El Destape

El histórico edificio de Bolívar 1, que albergó la jefatura de gobierno porteño por más de 120 años fue transferido al gobierno nacional el año pasado. La nueva noticia sobre las intenciones la dio a conocer el diario Tiempo Argentino.

En su informe, el diario revela: "Ya fueron ofrecidos en Londres y Francia, con la justificación de que con los millones obtenidos se financiarán obras en la ex cárcel de Caseros y el complejo teatral San Martín, que ya tienen presupuestos asignados".

El valor que estima la Ciudad para el inmueble de Bolívar 1, es de 30,7 millones de dólares. Ahora la sede del Gobierno se mudará al sur de la Ciudad.

"La iniciativa, se presentó en marzo en el MIPIM 2018, la feria mundial del sector desarrollador que se realiza en Cannes".

Y destaca Tiempo: "No es la primera vez que Cambiemos ofrece en el extranjero vender algo que está prohibido por ley. Dos meses atrás, en la Feria Mundial de Minería en Toronto, Canadá, el Ministerio de Energía promocionó el proyecto minero Suyai en el cordón montañoso de Esquel, lo que despertó la indignación de los vecinos chubutenses: la Ley 5001 prohíbe esa actividad extractiva en la provincia, a partir de la histórica oposición que encabezó la comunidad esquelina en 2003".

Fuente: Tiempo Argentino, El Destape

La miembro fundacional de Cambiemos lanzó dardos a la política tarifaría del Gobierno y dijo que el Ministro de Justicia es "un poste político" y que le perdió el respeto. Las secuelas del cruce con el Presidente por el Canje de pasajes de los diputados.

La diputada del oficialismo, Elisa Carrió volvió a mostrar mostró su enojo con el presidente Mauricio Macri después de que se desatara una serie de críticas por el canje de pasajes por parte de los diputados de Cambiemos. Ante esta situación Lilita salió a criticar los tarifazos, al ministro Germán Garavano y al operador judicial Daniel Angelici.

"Ya basta, le diría al gobierno basta. Las clases medias no tienen la culpa de que hayan vaciado las empresas. Ya le dije al Presidente que me opongo al aumento de tarifas", cuestionó Lilita a la nueva suba en los servicios de luz, gas, agua y de transporte que comienzan a regir en este cuarto mes del año.

Otro frente de batalla que Carrió mantiene dentro de Cambiemos es contra el ministro de Justicia y también el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti. De todos modos, los principales dardos se los llevó Germán Garavano a quien calificó como un "poste político".

"No tengo ninguna relación ni la voy a tener con el ministro Garavano. Cuando le ofrecí a mi mejor abogada para querellar a los que encubrieron a la AMIA, tuvo que renunciar. Es un poste de la Argentina, un poste político. Le perdí todo tipo de respeto porque esas cosas no se hacen", dijo este martes en una entrevista con Canal 13.

Acerca de la feroz interna de Cambiemos, la diputada aseguró que "A Macri le han mentido (Ernesto) Sanz, (Ricardo) Gil Lavedra y el propio presidente de la Corte. Dos años tardó, pero se dio cuenta".

"Lorenzetti lo que siempre quiso ser es presidente, por la vía de facto o por elecciones, pero no va a ser jamás, por eso insisto tanto. Él llama a todos, pero ¿a mí me va a amedrentar?, a los corruptos no hay que tenerle miedo jamás", agregó.

Sobre el rol que cumple el presidente de Boca Juniors en la Justicia, Carrió consideró que "hay una parte de Macri que quiere otra Argentina y otra que lo lleva a Angelici". La diputada recordó que fue ella quien lo denunció y aclaró que si bien el Gobierno no tiene un operador judicial, el vicepresidente de la AFA "se mete".

El actor cargó durísimo contra el presidente después que Luis Novaresio le preguntase que pensaba del mandatario argentino. Además también le pegó a Aranguren.

El humorista fue muy duro con el jefe de Estado a quien dijo que "no lo entiende".

Cuando Novaresio le preguntó "qué le pasaba" con Macri, Pinti le dio una respuesta de las suyas: "El día que pueda entender lo que dice, te voy a contestar". Pero fue más allá y agregó: "Estoy tratando de traducir la justificación que hizo de Aranguren. Parece que tengo que agradecerle porque ahora no puedo comprar un sachet de leche".

Mirá el video:

Fuente: Revolución Popular, El Destape

Los trabajadores de Vialidad Nacional se declararon en estado de “alerta y movilización” por el cierre de 5 escuela técnicas, que deja en la calle a 300 docentes y 1200 alumnos, en lo que consideran como el comienzo del “vaciamiento y desguace” del organismo nacional, el paso previo a su “privatización”.

El proceso comenzó con la decisión del gobierno nacional, adoptada mediante un decreto presidencial de 2017, de crear la empresa Corredores Viales SA, que habilita la tercerización de las obras viales a empresas privadas con contratos y licitaciones sin control estatal; continuó con otro decreto para vender la sede del primer distrito de Vialidad y avanzó con el cierre de las escuelas industriales y una lista de 200 despidos que circula en el organismo.

La resistencia de los trabajadores de Vialidad Nacional volverá a hacerse sentir hoy con una asamblea en la amenazada sede del 1er distrito de la institución –sobre la Avenida General Paz– contra el cierre de las escuelas técnicas de Buenos Aires, Chubut, Tucumán, Santa Fe, Santa Cruz y la virtual que dicta clases a distancia.

Allí participarán todos los gremios del sector: Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional (Fepevina), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Validad Nacional, junto a padres, alumnos y profesores de las escuelas cerradas. La única excepción será UPCN, a la que el resto de los gremios responsabilizan de ser “funcional” a los planes privatizadores de Vialidad.

“Exigimos la inmediata reapertura de las escuelas técnicas en conjunto con la reincorporación y pago a los 300 docentes”, expresó César González, secretario general del Stvyara, a través de un comunicado, donde anunciaron el estado de “alerta de movilización” de los trabajadores de Vialidad.

Los trabajadores del sector ya habían llevado sus reclamos al Congreso, donde solo fueron recibidos por las bancadas del arco opositor. Allí, desde los diferentes bloques elevaron pedidos de informes a Vialidad y hasta un  proyecto para declarar de “interés nacional” las escuelas técnicas del organismo nacional para buscar evitar sus cierres definitivos. Aunque las escuelas están cerradas y su docentes ya no cobran haberes.

“Lo que el director de Vialidad hoy ve como un gasto constituye en realidad una inversión, ya que los que se forman luego, su mayoría, ingresan al organismo como profesionales. La realidad es que quieren que todo funcione desde el sector privado, y reducir al máximo nuestro trascendental rol vial que cumplimos para el país”, sumó la secretaria adjunta del gremio, Graciela Aleñá. “Mientras tanto, Vialidad aporta los recursos económicos para mejorar la concesionada Autopista Richieri”, agregó la sindicalista.

Para Aleña, la situación de los trabajadores de Vialidad se complica con cada decisión del Gobierno en avanzar con el desguace. “Todo se ve agravado ante los inminentes despidos de 200 trabajadores que componen la DNV, en el marco de la privatización del organismo”, denunció.

“Venimos realizando protestas y asambleas denunciando la tercerización de funciones y el cierre de nuestras escuelas de formación”, insistió Aleña, ante la carencia de interlocutores. “Hace un año que no tenemos diálogo con Vialidad ni con Iguacel. Hasta diciembre llevamos nuestras problemáticas al Ministerio de Trabajo, pero nunca tuvimos respuestas y ahora tampoco interlocutores”, agregó Aleña ante este diario.

Los trabajadores del sindicato de peajes también salieron ayer al cruce del plan de “corredores viales”, anunciados por Vialidad Nacional. “Que las obras que todo esperamos no signifiquen más desocupación, endeudamiento y rutas inseguras”, reza el volante que trabajadores de los peajes repartían ayer en los accesos a la Capital.

Allí detallan “algunas verdades” que “Iguacel quiere tapar con asfalto”. Entre ellas, que las llamadas “rutas seguras” que promete Vialidad “no contarán con seguridad vial, asistencia al usuario, balanzas de pesados ni postes de SOS”. Y que la asistencia que hoy brindan los concesionarios privados pasarán a manos de los municipios del interior que deberán hacerse cargo, poniendo a disposición “policías, bomberos y ambulancias” de los pueblos. “Queremos que Iguacel diga en qué puestos va a reubicar a estos trabajadores (que pertenecen a los actuales concesionarios privados) y qué tareas van a desempeñar”, sostienen desde el gremio del peaje sobre los puestos de trabajo que se perderían. Algo que ya sucedió en los nuevos corredores viales de Ameghino, Santa Fe y Cipolletti, donde los puestos de trabajo de los concesionarios no fueron contemplados.

Fuente: Página 12

El editorialista estrella de La Nación denunció una acción de "espionaje clandestino" en torno a las graves acusaciones de su supuesta participación en una red de pedofilia.

El editorialista estrella de La Nación Carlos Pagni, acusó Mirtha Legrand de haber prestado su programa de televisión "a una operación que hoy está muy en discusión, donde se dijeron una cantidad de disparates que no merecen ni siquiera ser comentados" y confirmó que presentó una denuncia para que se investigue el "espionaje clandestino" en su contra que confesó la modelo mediática Natacha Jaitt en la emisión del sábado último.

"Mirtha Legrand ofreció su programa para una operación, donde se dijeron una cantidad de disparates que no merecen ni siquiera ser comentados", lanzó el periodista de La Nación.

En ese sentido, puntualizó en una de las declaraciones de Jaitt: "Lo que sí importa, es que una persona en esa mesa confesó haber sido contratada por una empresa cuyo nombre se negó a brindar, para realizar una operación de inteligencia clandestina", dijo y se preguntó si no se tratará de "parte de la mano de obra desocupada que quedó después de que la ex SIDE o AFI se hicieron remociones de personajes que fueron tan influyentes".

"Como no sabemos casi nada, y es muy difícil que el Estado se haga cargo de estas revelaciones, le he pedido a mis abogados que formulen una denuncia en la Justicia para que se investigue qué tipo de operación de inteligencia se ha realizado, según lo que esta persona confesó en el programa de televisión, dicho sea de paso, sin que nadie le pregunte lo que estaba explicando", concluyó el conductor.

Asimismo, subrayó que instruyó a sus abogados para que "formulen una denuncia para que se investigue qué tipo de operación de inteligencia se ha realizado".

El decreto firmado por el Presidente comprende a toda la Administración Nacional. Este martes fue publicado en el Boletín Oficial. Consiste en un pago de 24 a 36 cuotas mensuales del sueldo neto, además de la obra social.

El Gobierno formalizó el plan de retiro voluntario con el fin de achicar la planta estatal, alentando así la reducción del Estado. En el documento, datado como el 263/2018, se especificaron las condiciones y requisitos necesarios para entrar en esta iniciativa, y cuáles son los organismos alcanzados por la medida.

Entre los principales puntos, se destacan que la edad con la que se debe contar paraa llegar a esta jubilación anticipada es tener entre 60 y 65 años, pero que no cuenten con los suficientes años de aporte para un retiro ordinario. Cabe destacar que aquellas personas menores de 60, que “acrediten una prestación de servicios de DOS (2) o más años en Entidades y Jurisdicciones” alcanzadas en la medida, pueden sumarse a esta propuesta.

El documento, que lleva la firma de Mauricio Macri, alcanza a quienes trabajan tanto en la Administración Nacional, como así también en los organismos descentralizados, como la ANSES, el PAMI,  el INTI, el Senasa, la AFIP, y el INTA, aunque están exceptuados de este plan aquellos que trabajan en las Fuerzas de Seguridad y Armadas, y la Agenci Federal de Inteligencia, entre otros.

Con esta iniciativa, se estima que serán entre 3000 y 5000 personas las que se retirarán, que no podrán ser reemplazados en sus tareas por alguien nuevo, tal como lo dispone la legislación presentada.

Organizaciones de Derechos Humanos de Bahía Blanca denunciaron la posible designación de un defensor de militares y civiles de la última dictadura acusados de delitos de lesa humanidad como fiscal federal. “No convaliden con su acuerdo a un funcionario que promovió la impunidad”, expresaron.

Mauricio Macri busca designar como fiscal federal a Santiago Ulpiano Martinez, de Bahía Blanca, actual subrogante en el Juzgado Federal 1, desde junio de 2012. Según InfoCielo su actuación pasó por rechazar los pedidos de indagatoria a ex represores del ejército y lograr la impunidad de un ex capellán de la fuerza, que terminó sus días sin un juzgamiento, pese a ver sido cómplice de torturas a estudiantes secundarios. Ademas, Martínez también se las ingenió para beneficiar a Vicente Massot, el por entonces dueño del diario La Nueva Provincia, por estar investigado en complicidad por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

En consecuencia, organismos de Derechos Humanos le piden al Senado “que no convalide con su acuerdo a un funcionario que promovió la impunidad”, lo que de lo contrario significaría un verdadero “retroceso”. En un comunicado firmado por varios organismos, como HIJOS, APDH, la Red por la Identidad bahiense y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, señalaron: “La actuación de Martínez como subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que debemos defender y por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo”.

Martínez se negó de la misma forma que con Vara, al llamado de su indagatoria de Massot por el asesinato de obreros gráficos. Cuando la Cámara Federal revirtió la decisión y ordenó su indagatoria, Martínez se corrió de la causa. Por lo que los organismos de Derechos Humanos manifestaron: “Martínez no puede integrar el Ministerio Público, cuya función es promover la actuación de la justicia en la legalidad de los intereses generales de la sociedad”.