El presidente presenta el proyecto para generar inversiones en Vaca Muerta a costa de la reducción de los salarios de los trabajadores petroleros.

Mauricio Macri se adjuntó como un logro la primera flexibilización laboral obtenida durante su Gobierno. En un acto realizado en Casa de Gobierno, presentó el acuerdo con el sindicato de los trabajadores petroleros para modificar el convenio colectivo de trabajo a cambio de una promesa de mayores inversiones de parte de las empresas.

Así mismo felicitó especialmente a los trabajadores petroleros, representados por el senador neuquino Guillermo Pereyra, del MPN. Es que el proyecto tiene como plataforma fundamental el no reconocimiento de horas extras, lo que consiste en una reducción de salarios como forma de bajar el coste laboral. Además, incluye la eliminación de retenciones a la exportación de petróleo y una baja en la carga tributaria provincial. El impacto será una pérdida salarial del 30 % para los trabajadores petroleros neuquinos.

Para abordar semejante tarea, El Presidente le encargó a Aranguren que delineara una batería de medidas con el objetivo de bajar los costos. Lo hizo con el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, y el presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez. La bendición más buscada la obtuvo del senador Guillermo Pereyra, que también es secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Para tentar a los sindicatos con la creación de empleos, en YPF les confiaron que había dos gigantes petroleros prestos a firmar cheques por miles de millones de dólares. Pero demandaban alguna modificación -en el mundo de los contratos,  la famosa "adenda"- al convenio laboral, que sería solo para Neuquén y en exclusivo para yacimientos no convencionales.

A cambio, los gremios aceptaron que “todo personal que esté en condiciones de jubilarse” se adhiera al beneficio previsional. Además habilitaron la reubicación de trabajadores “en forma temporal o permanente en tareas diferentes a las que venían realizando”. Admitieron la ampliación de los horarios de trabajo, permitiendo que el montaje y desmontaje de equipos se llevara a cabo durante la noche, y que “en una misma operación se den tareas simultáneas a los efectos de hacer más eficientes los tiempos operativos”, abriendo las puertas de la polifuncionalidad, algo que hasta ahora  había sido rechazado por la conducción sindical. También se previeron medidas contra el ausentismo laboral, preocupación empresaria que el presidente Macri ha hecho suya en varias oportunidades.

En el contexto de la baja del precio internacional del crudo, los CEOs petroleros afirman que ajustar costos es vital para la viabilidad de la explotación no convencional en el país, y para eso apuntan sus cañones contra los “costos” laborales.

Ese fue el mensaje que envió el alto funcionario a un grupo de legisladores; dos se comprometieron a trabajar en una reforma de la Ley de Inteligencia para darles facultades policiales a los agentes de la ex SIDE.

El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quiere que los espías puedan realizar detenciones para evitar que “los delincuentes se le escapen”. Así lo planteó ante los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, en una reunión que encabezó en su despacho.

Según publicó el sitio La Política Online, el cónclave se dio en octubre pasado y contó también con la participación de Silvia Majdalani, subdirectora general del organismo.

El reclamo de Arribas se debe a la desarticulada relación que mantienen los agentes de la ex SIDE y la Policía Federal. Sobre todo, cuando se trata de casos no mediáticos. Uno de los presentes en aquel encuentro reveló a LPO que el Señor 5 “relató como un espía convivió con una banda delictiva y cuando pidió su detención, la Federal lo ignoró y los malhechores huyeron”.

Ante esto, al menos dos legisladores anticiparon que presentarán en febrero proyectos para modificar la ley de inteligencia, sancionada durante la gestión de Fernando De la Rúa. Precisamente, fue esa norma la que limitó para siempre a los presidentes a nombrar sólo al director y subdirector de “La Casa”. Por debajo de ellos sólo hay empleados de carrera con la única misión de nutrir de información al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en el Congreso no hay consenso respecto a la posibilidad de dotar a los espías de tantas facultades, ya que no saben si están instruidos para trabajar de policías.

Un grupo de vendedores que fueron desalojados por un operativo policial esta madrugada en el barrio porteño de Once. Ahora cortan el tránsito en la avenida Pueyrredón.

La protesta se desarrollaba desde las 8.15 frente a la Plaza Miserere, a la altura de la calle Bartolomé Mitre, en medio de los reproches de los automovilistas.

Además de decenas de efectivos de la nueva Policía de la Ciudad, en el lugar se encuentran inspectores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, personal de Higiene Urbana, de Tránsito y de Desarrollo Social.

"El operativo fue pedido por la Fiscalía General a modo de prevención para impedir la venta en el espacio público. Lo que se hizo fue un operativo durante la noche para evitar que los manteros se instalen durante la mañana y el personal de la Ciudad desarmó las estructuras que estaban montadas sobre la recova en Pueyrredón", confirmó Luis Cevasco, a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires.

Y continuó: "Se trató de una medida de prevención, como se hizo en su momento sobre Rivadavia y Acoyte y sobre la calle Avellaneda".

Por su parte, Omar Guaraz, de la organización Vendedores Libres, indicó que "muchos compañeros sabían que se iba a realizar este operativo y entonces no armaron y retiraron las cosas, pero otros no y se llevaron todo".

(Por Andrés Fidanza)La Secretaría de Comercio podría darle razón a Farmacity, la firma que fundó y dirigió Mario Quintana, en una disputa que lleva varios años. La queja de laboratorios y farmacias.

Farmacity quiere aprovechar su momento de cercanía con el poder. En medio de las conflictivas negociaciones entre PAMI, las farmacias y los laboratorios, la cadena retomó un viejo reclamo monetario. Fundada por el influyente vicejefe de gabinete Mario Quintana, la empresa plantea que es víctima desde hace años de una suerte de confabulación entre la industria de los medicamentos (con Roemmers a la cabeza) y las farmacias chicas y medianas, ante la mirada pasiva del PAMI. Con ese argumento, reflotó su queja ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio, quien pocos años atrás había fallado en su contra.

Ahora, ante un nuevo clima político, la Comisión podría darle razón a Farmacity en su reclamo multimillonario. De resultar así, se favorecería la concentración y expansión de ese tanque de 250 sucursales, según afirman los representantes de las demás farmacias.

A partir de un acuerdo post-crisis de 2001, las farmacias ponen una parte del descuento que se le hace a los beneficiarios de PAMI (la mayor obra social de la Argentina, con más de cinco millones de afiliados), cada vez que los jubilados o pensionados compran un remedio. Se trata de una especie de sistema solidario, en función de las capacidades, ubicación, publicidad, facturación y volumen de ventas: una farmacia mediana de Capital se hace cargo del 17% del precio del remedio, mientras que una chica de una ciudad chaqueña pone alrededor de un 10%.

En 2011, las farmacias y los laboratorios reajustaron el arreglo, considerando la expansión y ventajas comparativas de Farmacity. El promedio nacional del descuento pasó a ser del 14%, mientras que para Farmacity alcanzó los 22 puntos.

En 2014, un decreto del entonces alcalde Mauricio Macri saldaría la controversia sobre la ventas polirrubro de Farmacity en Capital: la cadena del fondo de inversión Pegasus (controladora de heladerías Freddo y el shopping Tortugas Open Mall) podría seguir vendiendo tanto remedios, como golosinas, café y galletas.

Pese a ese handicap, Farmacity siempre se opuso al acuerdo. En 2013, Quintana le apuntó directamente a Roemmers, su archienemigo de la industria. “La rentabilidad del sector queda en manos de los laboratorios”, afirmó el actual vicejefe de Gabinete.

A tal punto llegó la pulseada por esos puntos de descuento, que Farmacity recurrió al estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados para judicializar su reclamo. Patrocinada por el bufet del actual juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, la cadena pidió una medida cautelar. Pero el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Federal Nº 11 de la Capital lo desestimó.

En mayo de 2012, buscó una alternativa administrativa en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD). Denunció una movida discriminatoria por parte de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), y Roemmers SA, entre otros actores. Pero en junio de 2014, la CNDC la desairó nuevamente.

El expediente parecía cerrado, hasta que en septiembre pasado la cadena volvió a la carga en la Comisión, con el argumento del empeoramiento de la situación económica. Bajo la órbita del secretario de Comercio Miguel Braun, la CNCD pidió informes a Farmacity y citó a declarar a los representantes de la COFA y de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia. Si bien prefieren no hacer declaraciones, desde esas organizaciones intuyen un desenlace inminente y favorable a la empresa. Es decir, contrario a sus intereses. “El rol de Quintana es determinante”, opina un dirigente farmacéutico

Fuente: Perfil

Se filtraron una serie de videos donde se observa el triste papel realizado por funcionarios macristas de la Secretaría de Derechos Humanos que bailaban y festejaban en esa dependencia gubernamental que fue escenario de desapariciones y torturas de la última dictadura cívico-militar. Aquí los videos.

Se filtraron una serie de videos, donde se puede ver como funcionarios medios y altos de Cambiemos que “trabajan” en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, realizan pasos de baile en la Ex Esma.

Una filmación tomada con un teléfono celular  mostró los efectos "etílicos" que produjo la celebración sobre los funcionarios de dicha Secretaría, que hasta se animaron a bailar sobre las mesas.

Es sabido y conocido el "fervor" hacia las bebidas alcohólicas que manifestaron siempre los marinos, forman parte del acervo histórico de los navegantes, y no para combatir el frio necesariamente, tal como quedó demostrado en las noches entre el 24 de diciembre y 1°de enero de 1979, cuando el Contralmirante Supisich (Director de la ESMA) se presentó, visiblemente borracho, en el sótano del Casino de Oficiales y se dirigió a los prisioneros y les dijo: "Señoras y señores, felices fiestas".

En aquella oportunidad, varios de los que fueron "saludados" por Supisich (hoy muerto) fueron finalmente trasladados y nunca se supo más de ellos.

Por la ESMA, pasaron más de 5000 desaparecidos. Hoy los funcionarios del gobierno que niegan el genocidio, que pretende imponer una vez más la política de los dos demonios, bailan alegres y borrachos en el Centro Clandestino de detención donde miles de personas sufrieron las peores torturas.

El Gobernador de Jujuy se reunió el fin de semana con su par de Santa Fe, y dirigentes de ese partido llegaron a la provincia norteña para participar del Campamento Nacional de Juventudes Socialistas de la Argentina, entre ellos los diputados nacionales Hermes Binner y Alicia Siciliani.

Sin hacer mención alguna por la injusta detención de la dirigente social y política de la Tupac Amaru, Milagro Sala, los mandatarios provinciales de Jujuy y Santa Fe, Gererdo Morales y  Miguel Lifschitz, repectivamente, intercambiaron loas de ambas administraciones y celebraron "las grandes transformaciones y de la paz que se respira en Jujuy".

Ambos gobernadores "se reunieron para garantizar la alianza con el socialismo en Jujuy", resumió un estrecho colaborador del Gobierno norteño.

"No se trata de ninguna alianza, es sólo un encuentro entre dos gobernadores y dirigentes que coinciden más allá de la pertenencia partidaria", desechó un hombre del entorno de Lifschitz.

De cualquier manera, los socialistas tienen su propio referente en Jujuy, el comisionado municipal de Yala, Santiago Tizón, nieto del recordado escritor Héctor Tizón.

"Como socialistas estamos comprometidos con la generación de políticas que ayuden a mejorar la calidad de vida y a garantizar la igualdad de derecho", dijo.

Morales, por su parte, reconoció que "hablamos de las grandes transformaciones y de la paz que se respira en Jujuy". De lo que no se supo ni se mencionó es acerca de la detención de Milagro Sala ni su actual situación, la cual parece no hacer ruido en la comitiva socialista que arribó a Jujuy.

A través de una carta escrita de puño y letra por la dirigente de la Tupac Amaru que llegó hasta la redacción de Primereando, la presa política jujeña valoró la militancia juvenil y convocó a no dejarse arrebatar la dignidad y la alegría.

Milagro Sala, detenida desde hace más de un año en un penal de mujeres de Jujuy escribió una carta a la que tuvo acceso Primereando.

La dirigente política y social aprovechó para enviar un “fuerte abrazo” a los militantes de las diferentes fuerzas políticas del campo popular y pidió defender la patria porque “que estamos siendo testigos como están destruyendo todo lo que se avanzó en 12 años”.

Carta de Milagro Sala

A los jóvenes argentinos militantes y no militantes del campo popular, les mando un fuerte abrazo y saludo de otra militante.

Les piden que cuiden y defiendan nuestra patria, ya que estamos siendo testigos como están destruyendo todo lo que se avanzó en 12 años.

Es muy importante la militancia de los jóvenes ya que son el futuro de nuestra querida Argentina.

No dejemos que nos quiten la dignidad y la alegría que heredamos de Néstor y Cristina.

Me despido de ustedes humildemente soñando que harán realidad con su militancia el país que merecemos todas y todos.

Milagro Sala, presa política.

Penal de Alto Comedero.

En medio del conflicto por las cesantías, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, planea recortar las funciones del INET y crear una Agencia Nacional de Formación de Talentos. El sector empresario ganaría poder de decisión en la educación técnica, en detrimento del Estado y los docentes.

Mientras continúa el conflicto por el despido de trabajadores del Ministerio de Educación, la “revolución educativa” anunciada por el ministro Esteban Bullrich está por cobrarse una nueva víctima: el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). El organismo creado en 2005 para definir los perfiles profesionales y el diseño curricular de la educación técnica está a punto de ser desguazado y reemplazado por un nuevo ente, cuyo nombre llevaría la marca PRO: “Agencia nacional de Formación de Talentos”. En el nuevo esquema, los sindicatos y el Estado retroceden en voz y voto a la hora de la formación de futuros técnicos en favor del sector empresario, que se verá doblemente beneficiado: dejará de tener intermediarios a la hora de capacitar potenciales empleados y contará para ello con fondos estatales. El Gobierno prevé implementar la medida a través de un decreto, que está a tiro de la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el propio Bullrich, y a cuyo borrador accedió PáginaI12.

La nueva “Agencia de Talentos” absorberá la actual Dirección Nacional de Formación Profesional y la Coordinación de Terciarios Técnicos, hasta ahora dependientes del INET, que transferirá además la facultad de evaluar los planes de estudios. Y lo hará con objetivos bien distintos: mientras que en el INET tenían representación el Estado, los sindicatos y el sector privado, en una mesa tripartita que funcionó como política pública desde la sanción de la ley de Educación Técnico Profesional en 2005, la “Agencia de Talentos” macrista está diseñada exclusivamente para beneficio del sector privado. Según consta en el borrador del decreto al que accedió este diario, el organismo tendrá como objetivo “prospectar la demanda del sector socioproductivo de forma sistemática y unificada”, lo que se traduce en que el Estado hará un inventario de las necesidades de formación profesional que presenten las empresas. También tendrá la facultad de “determinar los programas de formación en función de la demanda identificada”, es decir, que la formación de técnicos estará adaptada a los requerimientos corporativos. No hay en todo el decreto mención a la participación del sector sindical en el proceso.

“De concretarse esta nueva iniciativa privatizadora de Bullrich, las escuelas técnicas, en lugar de enseñar a pensar, a discernir, a apropiarse críticamente de las herramientas científico técnicas, pasarán a formar mano de obra barata para las empresas. Los estudiantes pierden libertad dentro de su formación, en la que intervenían la comunidad educativa y el Estado y ahora será sólo decisión de las empresas. Cada vez está más claro que Bullrich es un gerente de recursos humanos, como se definió el mismo, que un ministro de Educación, que es lo que necesita el país”, señaló a PáginaI12  el secretario gremial de Ctera, Eduardo López.

Algo de lo que se vendrá con la nueva agencia lo había adelantado el propio Bullrich en una columna de opinión publicada en el diario Clarín a principios de octubre. Allí aseguró que con el objetivo de “preparar recursos humanos para el mundo de hoy, ser permeables a lo qué pasa en ese mundo”, durante el último año el INET y el Ministerio de Trabajo “realizaron una encuesta a casi 900 empresas, para ver qué es lo que necesitan de nuestros recursos humanos”. En esa misma línea, el decreto que está a punto de publicarse dice en su tercer artículo que la Agencia se enfocará en “prospectar la demanda del sector socioproductivo”, lo que acota drásticamente los fines del INET, que según la ley de formación técnica buscaba educar en “una política nacional y federal, integral” articulada entre “los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo”.

“El decreto plantea que el eje central de la formación profesional y técnico superior tiene que ver con la demanda del sector socioproductivo. La educación, contrario a lo que plantea este gobierno, no está para resolver la demanda de un sector, sino para formar en función de un proyecto de país y de las necesidades del conjunto”, advirtió el secretario gremial de UTE, Guillermo Parodi. “El decreto tiene muchas debilidades –indicó Parodi–. Imaginemos que viene una empresa muy poderosa, se instala en el país, forma profesionales muy específicos de acuerdo a lo que necesita y luego de se va o decide cambiar el plan de negocios. El que se formó en ese perfil viejo se quedó sin poder trabajar y además, no tuvo antes formación general, que es la que se da ahora. Es un intento más de precarización.”

El INET fue creado por la Ley de Educación Técnico Profesional, sancionada en 2005 a fin de regular de funcionamiento de las instituciones de la educación técnica en todo el país. Según esa ley, el INET se llevaba el 0,2 por ciento del total del presupuesto. Para 2016, esa cifra fue de 3300 millones de pesos, casi un 4 por ciento de las partidas del Ministerio de Educación. La intención del Gobierno, según se desprende del borrador de decreto al que accedió este diario, es transferir al menos dos tercios de los recursos del INET a la nueva “agencia de talentos”.

“Hasta hoy, las empresas históricamente tomaban técnicos con formación general e invertían en una mayor capacitación de acuerdo a su necesidad específica. A través de esta nueva agencia, van a tercerizar esa tarea en el Estado. Es una transferencia de ingresos del sector educativo a las empresas”, explicó Parodi. “Es materia de discusión si el Estado debería o no subsidiar a las empresas en el proceso de formación de sus trabajadores. Lo que está fuera de discusión es que tenga que financiarse con fondos de la educación”, puntualizó.

Como paso previo a la transferencia, Bullrich se dedicó el último año a subejecutar el presupuesto del INET, tal como lo hizo con el área de Infraestructura y Equipamiento y los programas de Formación Docente, entre otros. En el caso del INET, se llegó al tramo final de 2016 con apenas el 11 por ciento del presupuesto ejecutado. También hubo indicios del desguace en el presupuesto 2017, en el que el organismo recibió un recorte de más de 900 millones de pesos, dejándolo por debajo del 0,2 por ciento establecido por ley, según un informe de UTE y del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala de ATE Capital.

No será esta la primera vez que el Gobierno modifique por decreto una norma relacionada con la educación. En diciembre de 2015, el decreto 13/2015 que estructuraba el nuevo organigrama del Ejecutivo omitió mencionar la Ley de Financiamiento Educativo, lo que despertó el rechazo unánime de la comunidad educativa. El decreto fue corregido y Bullrich dijo que se había tratado de un “error”. En diciembre pasado, el decreto 1222/2016 transfirió los canales Encuentro y Pakapaka de la órbita de Educación a la Jefatura de Gabinete, en contradicción con la ley de Educación.

En este caso, de publicarse el decreto al que accedió este diario, se modificarían varios artículos de la ley de Formación Técnica: el 32º, sobre las funciones del INET; el 34º y el 35º, para quitarle a ese organismo la función de realizar un “registro de instituciones” de la educación técnica; y los artículos 26º, 27º y 28º, que trasladarán a la Agencia de Talentos la facultad de homologar los títulos secundarios.

El histórico dirigente del peronismo estaba en tratamiento tras haber sufrido un ACV. También había ocupado cargos legislativos en la Provincia y había sido intendente de San Nicolás.

El ex diputado nacional del peronismo José María Díaz Bancalari murió esta mañana a los 72 años. Estaba en tratamiento en una clínica especializada tras haber sufrido en abril un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

Oriundo de San Nicolás, Díaz Bancalari fue intendente de ese distrito cuando se recuperó la democracia en 1983. Luego fue diputado nacional y senador bonaerense y también se desempeñó como Ministro de Gobierno y Justicia durante los mandatos de los ex gobernadores Antonio Cafiero y Eduardo Duhalde.

Tras conocerse la noticia, importantes figuras del justicialismo lo despidieron en las redes sociales. Jorge Landau, apoderado del PJ, dio la primicia en su Facebook: "Con gran tristeza informo que acaba de fallecer nuestro compañero y amigo Jose Maria Diaz Bancalari".

En la misma red social se expresó Fernando Espinoza, ex intendente de La Matanza y actual titular del PJ Bonaerense: "Lamento profundamente el fallecimiento de José Maria Díaz Bancalari, compañero entrañable. Acompaño en el dolor a familiares y amigos".

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli también expresó su pesar tras conocer la noticia: "Lamento el fallecimiento de José María Díaz Bancalari. Histórico dirigente peronista que contribuyó tanto a nuestra democracia. Condolencias a su familia", escribió en Telegram.

Para el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, ingresar o salir del mercado laboral debería ser como “comer o descomer”. En Hacienda evalúan incentivos para quienes cobran planes.

El Gobierno avanza con su proyecto de bajar los impuestos al trabajo dentro de un marco de mayor flexibilización laboral. Si bien prefiere no utilizar este término, el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, confirmó que se planea el regreso del sistema de pasantías y hasta habló que incorporar o despedir a personal debería ser como “comer o descomer”.

“La única forma de integrar la educación con el mundo del trabajo es con prácticas formativas”, definió Ponte en diálogo con el programa Toma y Daca de “Radio Con Vos”. El ex director general del Grupo Techint sostuvo que “la posibilidad de entrar y salir (del mercado laboral) hace a su esencia; es como comer y descomer”.

“Si todos ellos no pueden tener una fluida presencia de aprendizaje en el mundo del trabajo y de las empresas, tampoco vamos a tener la posibilidad que aunque haya trabajo, de que haya empleabilidad sobre estas personas”, defendió respecto a la posibilidad de instalar un esquema de pasantías o prácticas laborales.

También habló de “favorecer un blanqueo laboral aplicando después esquemas muy serios de fiscalización”. Aseguró además que “el empleo no registrado en Argentina es un drama y para el Gobierno es un tema prioritario”. Y que “la competitividad requiere costos razonables”.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, buscó alejar la palabra “flexibilización” del esquema oficial de generación de empleo. “Ese es un término que está lejos de lo que queremos. Nosotros buscamos que haya más producción, porque eso va a generar más trabajo en la Argentina y para eso tenemos que pensar cómo producir mejor y es lo que hemos hecho”, según sostuvo en declaraciones radiales. Sin embargo, el esquema de pasantías y las definiciones de Ponte de ayer irían en el sentido contrario.

A su vez, desde el Ministerio de Hacienda evalúan diversas alternativas dentro de lo que Nicolás Dujovne trazó como una de sus prioridades: reducir la carga laboral. Luego de reunirse el miércoles pasado con Triaca, el viernes fue el turno de un almuerzo entre el ministro de Trabajo y el secretario de Política Económica, Sebastián Galiani.

“Hay muchas ideas en evaluación”, sostuvo una fuente de Hacienda. Además de la posibilidad de una agencia de talento (para fomentar el primer empleo) suena una propuesta que intentará incentivar a quienes reciban un plan social a sumarse al mercado laboral: el Gobierno lo seguirá abonando y ese dinero será parte del salario que reciba ese trabajador. “Funcionaría como un voucher para aquellas personas que tienen planes sociales, para que el Estado siga pagando ese plan social”, explicaron.

También está en juego el blanqueo laboral, elaborado por Triaca, y que tuvo buena aceptación por parte de Dujovne: buscará sumar 300.000 trabajadores por año al sistema formal, en el que el Estado se haría cargo de abonar parte de los aportes patronales de quienes sean regularizados. El programa sería para primeros empleos dentro de sectores específicos y con salarios brutos de hasta $ 12.000 mensuales. Desde Hacienda visualizan este plan como uno posible pero para más largo plazo.

Dujovne sostuvo, en entrevista con este diario, que “la carga laboral es anormalmente alta frente al resto del mundo y eso explica en buena medida que la Argentina tenga 35% de empleo en negro”.