En un marco de crisis económica y devaluación de salarios, desde este lunes el gobierno porteño le dará un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores.

La medida cautelar que frenaba el aumento fue suspendida por la Justicia porteña que estaba frenado desde el mes de julio.

El subte que es utilizado por miles de pasajeros de provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal aumentará un 67%. Pasará a valer de $4,50 a $7,50.

La causa fue iniciada por el auditor de la ciudad Facundo del Gaiso, los legisladores del Frente de Izquierda Patricio del Corro y Marcelo Ramal, el ex diputado de Alejandro Bodart y el delegado de la línea B, Claudio Dellecarbonara, quienes cuestionaron la forma en que se estableció la tarifa técnica que se toma como referencia para fijar el precio del boleto.

Por su parte, el auditor Facundo del Gaiso, sostuvo que “seguimos sin saber si el valor de la tarifa técnica del subte es el adecuado, la Cámara levantó la cautelar sin resolverlo“.

La nueva tarifa empezará regir desde el lunes 31 de octubre.

El presidente de la nación, Mauricio Macri, aprovechó hoy la conferencia brindada en la residencia de Olivos junto al gobernador de la provincia de Córdoba juan Schiaretti, para criticar a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que reclaman la apertura de paritarias.

Macri sostuvo que "todos tienen responsabilidades, hay sectores que no entienden el cambio que vive nuestro país" al referirse al gremio de los Pilotos, APLAS.

"Nos hemos comprometido a que esa empresa, que es nacional por decisión de los argentinos, tiene que funcionar dando el mejor servicio y en un período que hemos fijado de dos años, lograr que no lo cueste nada a los cordobeses, tucumanos, chubutenses, como nos ha costado hasta ahora", lanzó el presidente de la nación notablemente enojado con los trabajadores de la empresa.

En otro tramo de su alocución, hizo una comparación "poco feliz": "Hoy, Aerolíneas Argentinas nos cuesta dos jardines de infantes por semana. Tenemos que construir tres mil jardines para que todos los chicos de tres a cinco años tengan la posibilidad de recibir la mejor preparación antes de entrar al colegio".

Enseguida le adujo responsabilidades a los trabajadores de la empresa sin reconocer el momento de crisis económica que atraviesa el país: "Creo que todos tienen que entender, aquellos que tienen la responsabilidad de conducir una provincia, una ciudad, un gremio o una empresa que esta Argentina demanda que seamos todos seamos responsables y solidarios en lo que hacemos".

La empresa Aerolíneas Argentinas estuvo en manos de capitales españoles hasta el año 2008, cuando la ex presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, decidió nacionalizarla.

Cuando la empresa pasó a mano del Estado Nacional contaba con 26 aviones operativos y el valor de la flota era de 342 millones de dólares.

En el 2015, la flota de la aeronaves llegó a ser de 70 unidades y el valor ascendió a 1635 millones de dólares, generando puestos de trabajo de mano de obra calificada a cientos de argentinos.

Por otra parte la empresa, aumentó sus destinos y en la actualidad vuela a 36 destinos de cabotaje y 24 destinos internacionales.

Hasta el año pasado el aumento de cantidad de pasajeros superaba el 80% y a principio de año 2015 el

superávit total (de la empresa) había ascendido a 14 millones de dólares.

Lejos de ser una empresa que genera pérdidas, Aerolíneas Argentinas, se convirtió en un símbolo de la recuperación económica de la Argentina en los últimos 12 años de gobierno.

En las últimas horas trascendieron las resoluciones firmadas por Gabriela Michetti y Emilio Monzó que disponen los aumentos del 70% para senadores y diputados. Pasaron de los actuales $62.000 a los $106.000. Y no es todo, sumando los incrementos por otros conceptos, la cifra trepa a los $142.000

Los trabajadores legislativos están enfurecidos. Ocurre que recién ahora se conocieron los alcances del acuerdo salarial para los legisladores nacionales y, mientras que la paritaria gremial arrojó un 31℅ en tramos, la paritaria política mejoró ostensiblemente el poder adquisitivo de los diputados y senadores, que tendrán un fin de año más que feliz.

A partir de octubre de este año, diputados y senadores tienen un 70% de aumento en las dietas. Superando ampliamente a la inflación de 2016. Así, pasarán de los actuales $62.000 a $106.000.

Pero esto no es todo, hay que sumar los otros componentes que cobran los legisladores. Por ejemplo los gastos de representación suben un 100%: de $10.000 crecen a $20.000. En el rubro desarraigo, la mejora es del 60%, pasando de los actuales $10.000 a los $16.000. Además se aumentarán en un 100% los canjes de pasajes aéreos y terrestres por efectivo (cada legisladores recibe pasajes de avión y colectivo que si no usan pueden cambiarlos por dinero contante y sonante).

En febrero pasado, senadores y diputados nacionales percibían $60.000 que correspondía al acuerdo paritario que cerraron los empleados del Congreso en 2015 y que fue de 28,15%. Sumando los pasajes aéreos y terrestres el monto total podía llegar a casi $80.000.

Según informó el portal Urgente24, contando todos los componentes los sueldos de los diputados son, a partir de octubre y por todo concepto, de unos $142.000.

Gremios y federaciones universitarias estudiantiles y agrupaciones de científicos convocaron para mañana frente al Congreso de la Nación a un acto en contra del "ajuste" en ciencia, tecnología y las universidades públicas y en reclamo de mayor presupuesto para el sector.

El acto se desarrollará a partir de las 16 en el cruce de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, donde se leerá un documento conjunto en el que manifestarán su oposición al proyecto oficial de Presupuesto de 2017.

"Además de reclamar mayor presupuesto universitario, las agrupaciones sindicales plantearemos la necesidad de un urgente aumento salarial y la aplicación de los convenios colectivos de trabajo," explicó hoy a Télam Luis Tiscornia, de la Conadu Histórica.

Entre los convocantes se destacan también la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Fedun), la corriente universitaria nacional Mella, la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), las agrupaciones de ATE en el Conicet, el Inta y en Energía Atómica, Jóvenes Científicos Precarizados y Científicos y Universitarios Autoconvocados, entre otros.

El titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, expuso por primera vez en el Congreso. Aseguró que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene más recursos y que este año no se venderán acciones.

Emilio Basavilbaso expuso por primera vez ante la Bicameral de control de fondos de seguridad social, donde aseguró que el fondo de garantías de sustentabilidad (FGS) creció desde diciembre y prometió no vender este año acciones del organismo en empresas, adquiridas por Cristina Kirchner cuando estatizó las AFJP.

Su presencia fue requerida por la oposición sobre todo tras la sanción de la ley de reparación histórica, que garantizó el pago de deudas previsionales a beneficios de fallos judiciales y a quienes se vean beneficiados por ellos, aun sin haberse acercado a Tribunales.

Basavilbaso sorprendió con un sinfín de balances, que dejó temprano en mesa de entrada del Senado para que los legisladores puedan repasar luego de su exposición.

El dato sorprendente que dejó es que desde el 10 de diciembre el FGS calcula un crecimiento de sus activos en dólares, aun cuando gran parte de su cartera es en pesos. A muchos legisladores de la oposición les pareció necesario repasar los números para corroborarlo.

“El FGS pasó de tener 28.440 millones de dólares el 5 de diciembre de 2008 a 55.285 millones de dólares el 30 de septiembre de 2016, con una tasa acumulada del 14,8% correspondiente al período enero – septiembre 2016”, informó el jefe de Anses.

Basavilbaso negó que vaya a vender las acciones del FGS en empresas este año, aun cuando el Gobierno presionó para quedar habilitado a hacerlo en la ley de reparación histórica y el titular del Fondo, Luis Blaquier, recorrió Wall Street buscando inversores.

"El FGS no ha vendido acciones, sino que ha comprado, principalmente de YPF, dado que hay un crecimiento de los valores de las acciones de las empresas argentinas", aclaró el jefe de Anses.

Nucleados en el espacio Interredes, diferentes radios y canales de televisión reclamarán hoy frente a la sede de Enacom. Exigen la cancelación de los fondos adeudados, la apertura de nuevas líneas de financiamiento y para que se deje de beneficiar a los canales comerciales.

Bajo el rótulo #ENACOMnoCumple, los medios comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires marcharán hoy a las 16  a la sede del Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom), para reclamar por el atraso de más de diez meses de pago de Fondos de Fomento Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca) otorgados el año pasado, la demora en el llamado a concurso de los fondos de 2016 y la falta de habilitación de canales que ganaron concursos.

Además, las radios y televisoras comunitarias denuncian que FOMECA incumple con lo previsto en la Ley Nacional de Presupuesto del año en curso; al no entregar la habilitación definitiva de los canales comunitarios y sin abrir nuevos concursos para licencias de radio y televisión sin fines de lucro.

Interedes denuncia que el Gobierno no subsanó las interferencias producidas por Canal 13 contra Barricada TV y Urbana TV, ni por el proceso penal contra Antena Negra TV, iniciado por una empresa de seguridad privada que no posee licencia alguna para operar en el espectro.

La red de medios comunitarios a través de un comunicado, expresó: “Los funcionarios de ENACOM, ente presidido por Miguel Ángel De Godoy, sostienen una política de dilación con los medios comunitarios. Nos reciben, pero no nos escuchan. Nos prometen respuestas que nunca llegan y en nada han avanzado en estos meses, condenándonos al ahogo financiero y la precariedad”.

“Esto no es democratización ni pluralidad, sino regresión en materia de derechos a la libertad de expresión, de los medios y de sus audiencias. En consonancia con otros conflictos que surgen cotidianamente en el país, la gestión de Cambiemos sólo gana tiempo, para que el único que avance sea el mercado”,denunciaron.

Según enuncia este comunicado, el ENACOM decidió restringir la participación en los fondos concursables sin hacerse cargo de que la falta de legalidad del sector es producto de la incapacidad del propio Estado para regularizar la situación.

Y, además, habría desconocido la reserva el 33 por ciento del espectro para el sector sin fines de lucro al abrir concursos para medios comerciales en zonas en las que el espectro se encuentra saturado y sin la cantidad de medios sin fines de lucro prevista en la ley, tal el caso del concurso por la frecuencia de Radio América.

A fines de julio último, la red de medios comunitarios se movilizó al Enacom y no tuvieron respuesta concreta alguna por parte de la dirección de esa entidad gubernamental.

Así lo manifestó la ex mandataria de la Nación a través de su cuenta personal de twitter como respuesta a una nota sobre el tema publicada en Infobae. Además puntualizó que se enteró por los medios de una resolución judicial de la que no fue notificada ni ella ni su abogado. "No saben qué hacer con la causa Dólar futuro", marcó.

Cristina Fernández de Kirchner utilizó las redes sociales para denunciar que se enteró de la resolución de la Cámara Federal I sobre la causa de dólar futuro a través de los medios.

En Twitter, la expresidenta comenta que presentó el pedido de "pronto despacho" por haberse vencido los plazos para resolver su situación procesal, y denuncia que, una vez más, se entera por los medios, opinando con cierta ironía sobre la complicidad entre la justicia.

"No te preocupes. Para eso entre otras cosas están los medios: para que te enteres por ellos lo que resuelven los jueces sobre tus derechos", dice Cristina.

Y cuestionó a los medios: "Para eso entre otras cosas están los medios: para que te enteres por ellos lo que resuelven los jueces sobre tus derechos".

También denuncia que utilizan esta cuestión porque los únicos que cometieron delito fueron los del actual gobierno de Cambiemos.

La Comisión de Defensa de la Cámara baja aprobó el despacho del proyecto firmado por 6 diputados oficialistas que había impulsado Piter Robledo, pero a último momento 5 de ellos decidieron quitar su firma.

El subsecretario nacional de la Juventud, Piter Robledo, es el principal dirigente juvenil del PRO e impulsa un proyecto para derogar de forma definitiva el Servicio Militar Obligatorio. Seis diputados de Cambiemos firmaron la iniciativa que  obtuvo despacho en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, pero una interna en el oficialismo hizo que 5 de los firmantes quitaran su apoyo y la propueta corra peligro.

El proyecto de ley busca poner fin a la ley 24.429, que indica que el servicio militar puede ser puesto en práctica en tiempos de guerra, crisis o emergencia nacional. Martín Maquieyra, Carlos Roma, José Patiño, Leandro Koenig,  Ana Laura Martínez y el ex árbiro de fútbol Héctor Baldassi son los legisladores del PRO que firmaron la iniciativa. Sin embargo, a último momento, todos retiraron su firma a excepción de Maquieyra.

El proyecto logró despacho en la Comisión de Defensa Nacional que preside Nilda Garré,  gracias a que el Frente Para la Victoria y Progresistas consiguieron el número necesario de votos positivos. Sin embargo, el histórico dirigente radical Héctor "Cachi" Gutiérrez se presentó para cuestionar la iniciativa y tuvo un fuerte cruce con el legislador Carlos Kunkel.

Tras el pomposo anuncio, fruto del Diálogo Social, el Gobierno sale a desmarcarse. Fue el vicejefe de Gabinete el que salió a decir que "no es obligatorio" y no pasa nada con los que no quieran pagarlo. Algo parecido al compromiso antidespidos que no comprometió a nadie.

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, remarcó que el bono de fin año acordado la semana pasada entre empresarios y sindicalistas en la Mesa del Diálogo, el Trabajo y la Producción convocada por el gobierno nacional "no es obligatorio" y sostuvo que su entrega a los trabajadores "se tiene que negociar sector por sector" ya que hay "realidades diversas".

"El bono es parte de esta primera reunión de diálogo y se enmarca en las paritarias libres, que son una institución. Las realidades de cada sector son diversas y el bono no es obligatorio", dijo Quintana anoche en Canal 26 en referencia a esa suma extraordinaria de -al menos- 2 mil pesos.

El funcionario nacional destacó que "en este año de transición no queremos que el salario sea la variable de ajuste", al tiempo que indicó que el bono sería para "compensar el salario real 2016".

"'El grupo de los 6 (G-6, grandes empresas) ha firmado el bono unánimemente. La mesa puede vaciarse de sentido si lo que se acuerda no se respeta", advirtió.

No obstante, evaluó que las autoridades están convencidas de que "el bono se va a pagar, con salvedades como Comercio, que cerró la paritaria anual con un aumento que compensa la inflación. Comercio cerró una paritaria en que no está el bono pero sí la compensación".

Quintana agregó que se busca "el equilibrio fiscal" y que se debe ser "prudente a la hora de asignar el gasto. La prioridad se la dimos a la inversión social y la obra pública".

Asimismo, indicó que "parte del déficit es por los subsidios a energía".

También desmintió que hubiera recortes presupuestarios en Educación y en Ciencia y subrayó: "Tenemos un presupuesto como nunca hemos tenido en 12 años".

El proyecto que declara la Emergencia Social y busca generar 1 millón de planes sociales presentado por el senador es tan inconsistente y plagado de fallas técnicas, jurídicas y legislativas que ni los propios asesores lo defendieron.

El Senador Abal Medina presentó hace algunas semanas un proyecto de Emergencia Social producto de su acercamiento al Movimiento Evita, relación que no termina de formalizar públicamente debido al juego zizgaguente que posee con el peronismo ortodoxo, con Massa e incluso con el oficialismo.

Lo que no sabía Abal Medina, diploma de honor de la Carrera de Ciencia Política y con el promedio más alto de todos los graduados, era que su juego con el Evita lo llevaría a presentar un proyecto de ley que pone en duda su capacidad legislativa, pues el proyecto que busca imponer por fuerza de ley es un deseo del Movimiento Evita está plagado de inconsistencias técnicas, jurídicas y legislativas.

Las inconsistencias técnicas son de tal magnitud que ningún asesor de Abal Medina fue a defender el proyecto en las reuniones de asesores e incluso hicieron correr el mensaje de que el propio Papa Francisco apoyaba la iniciativa a los fines de evitar las observaciones que todos los bloques tenían para hacerle.

Según pudo saber Primereando, entre las observaciones se destacan declarar una Emergencia Social cuando en realidad ya se encuentra vigente por la ley 25.561, generar 1 millón de planes sociales sin establecer fundamentos del porqué de ese universo, sin incorporar criterios de distribución geográfica, inclusión, etc. Además, plantea establecer un aumento mensual del 15% a la AUH sin ningún tipo de parámetro y promueve la creación de un índice de consumo paralelo específico de los sectores involucrados en el Plan, entre otras.

Quienes miran el proyecto con condescendencia admiten que es necesario una propuesta más integral, que incorpore a las PYMES, a los pequeños comerciantes, etc., pues de lo contrario el proyecto devela su único fin: generar un millón de planes para que sean administrados por el Movimiento Evita a través de la CTEP, su frente de cooperativas y economía popular.