El secretario general de la CGT, Antonio Caló salió al cruce del presidente de la Nación, Mauricio Macri, por los anuncios sobre la movilidad del impuesto a las ganancias.

Caló coincidió con su par de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, y aseguró que "Macri no cumplió con su palabra".

"No es a lo que Macri se comprometió con nosotros cuando fuimos el otro día", aclaró el gremialista respecto de lo conversado sobre la modificación en las escalas del tributo en la reunión que los jefes sindicales mantuvieron con el mandatario en Casa Rosada una semana antes del anuncio.

"Nos juntaremos los compañeros que fuimos a la Casa Rosada y le plantearemos que el compromiso lo tiene que cumplir. Y si no, les diremos a los diputados peronistas y a los de otros partidos como [Sergio] Massa y lo sacaremos por mayoría por Diputados", explicó Caló acerca de cuáles son los pasos próximos que avizora.

Con respecto a la inflación, el dirigente gremial señaló que

"si bajás la inflación y eso enfría la economía, seguro que hay despidos. Decir que la paritaria va a ser de 25% es enfriar la economía. El desfase de precios va contra el consumo".

Y en ese sentido añadió que ningún gremio "va a pedir menos del 30 por ciento" en las negociaciones paritarias  y consideró que el presidente Mauricio Macri "debería poner mano firme con los empresarios" porque de lo contrario "la inflación no la va a bajar".

En la misma línea, en una entrevista publicada hoy por el diario La Nación, Caló sostuvo que "los formadores de precios que le prometieron cosas al Presidente le han fallado" a pesar de la liberación del tipo cambiario y la eliminación de retenciones implementadas por el Gobierno y reclamadas por el empresariado.

"La inflación sigue para arriba. Yo creí que la iban a tratar de corregir rápido", señaló el dirigente metalúrgico, quien propuso "controlar" y "poner mano firme con los empresarios" porque "poner los precios de referencia en Internet" como propuso el Gobierno "es cháchara. No sirve para nada".

Por último, el dirigente gremial alertó que se "vislumbra menos actividad" en el nivel de empleo.

Taty Almeida, integrante de la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, consideró que sería "muy importante" que durante la visita que realizará el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el 24 de marzo, al cumplirse el 40 aniversario del golpe cívico militar, "pidiera perdón en nombre de su país por la complicidad en los golpes de Estado" que se produjeron en el Cono Sur en la década del '70.

"Sería muy importante que si tiene gestos como visitar Cuba, que cuando esté en la Argentina pida perdón en nombre de su país por su complicidad en los golpes de Estado en la región y en especial en nuestro país, con la más sangrienta dictadura que sufrimos los argentinos", dijo Almeida.

En declaraciones a Télam, la dirigente de derechos humanos confirmó la reunión a la que fueron invitadas por el presidente Mauricio Macri para el martes, de la que participarán junto a organizaciones de derechos humanos.

El encuentro se hará en Casa Rosada a las 18.30 y en representación de los organismos estarán Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Haydée Gastelú de García Buera (Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora), Lita Boitano (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas ) y por H.I.J.O.S., Charly Pisoni.

Los organismos de derechos humanos habían solicitado una audiencia con el Presidente el 8 de enero último, pero como "por cuestiones de agenda" no podían ser recibidos, fue el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien recibió a todos los organismos el 27 de enero. El presidente los recibirá ahora, presionado por la visita del mandatario de Francia, François Hollande, quien participará junto a las Abuelas de Plaza de Mayo de un homenaje a las víctimas francesas de la última dictadura cívico-militar.

Este lunes 22 de febrero a las 12 horas en el Congreso Nacional, los diputados Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa, que integran el bloque del Frente de Izquierda, convocan a una audiencia pública en rechazo al protocolo presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, presentaron un proyecto de resolución en rechazo al mismo.

“El protocolo regimenta severamente el derecho a la protesta popular y a la libertad de prensa y, a su vez, habilita la represión y convalida la impunidad de las fuerzas de seguridad”, expresa la invitación que se está girando a todos los bloques del Congreso.

Pablo López, diputado del FIT por Salta, sostuvo: “A Macri no le importa el tránsito sino la regimentación de la movilización popular. En la campaña electoral participó de los cortes de ruta de las patronales agrarias a quienes después premió con la quita de retenciones y la devaluación".

"Acá lo que está en juego son los intereses sociales que se defienden. Este protocolo es contra los reclamos de los trabajadores, en el marco de un fuerte ajuste. En Salta lo conocemos, porque Urtubey es un adelantado en el ajuste y la represión. El ejemplo son las trabajadoras despedidas de Cerillos, que fueron encarceladas y se encuentran procesadas con graves imputaciones", fustigó el diputado salteño.

Soledad Sosa, diputada por la provincia de Mendoza, explicó que “el protocolo es similar a lo que estableció la Intendencia radical de la capital de Mendoza, multa a gremios y organizaciones políticas de izquierda por realizar movilizaciones por reclamos populares, que no logró evitar. En cambio, exceptuó de las multas a las movilizaciones encabezadas por la UCR y el PRO. Está claro el sentido regimentador y represivo que posee esta medida del Ejecutivo”.

Por su parte, Néstor Pitrola, agregó que “el protocolo está hecho para hacer pasar el ajuste, por eso fue avalado por la mayoría de las provincias, incluidas las gobernadas por el FPV".

"No sorprende, Scioli no solo había planteado en su campaña ´tolerancia cero´ a los piquetes sino que en los últimos días sus referentes defendieron las medidas contra el pueblo trabajador llevadas adelante por el gobierno de Macri, que generarán fuertes convulsiones sociales", agregó el ex candidato a gobernador de la izquierda.

Están convocados a la audiencia diputados, legisladores, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos.

Los directivos del Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE) que nombró el presidente Mauricio Macri decidieron que era el momento apropiado para aumentarse el sueldo y se incrementaron el salario en casi un 40 por ciento.

En el marco de la crisis energetica que atraviesa el país  y de la vuelta de los cortes programados  de luz la nueva cúpula del ENRE se aumentó el sueldo casi un 40 por ciento y los directivos de la empresa estatal que debe auditar y supervisar a las distribuidoras de energía pasaron a ganar más de  100 mil pesos.

Entre las máximas autoridades  del ENRE beneficiadas con el aumento de sueldo se encuentran Juan Garade (ex Edesur) y Ricardo Sericano (ex Edenor), dos funcionarios del sector privado que Mauricio Macri incorporó a la gestión pública y que fueron miembros de las dos empresas distribuidoras de energía más cuestionadas por el propio gobierno por la falta de inversión .

El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, afirmó que el anuncio del aumento del mínimo no imponible que realizó ayer el presidente Mauricio Macri "tiene a sabor a poco" y sostuvo que con las retenciones que el Gobierno le quitó a la minería "se podría financiar el fin" del impuesto a las Ganancias.

"El anuncio de ganancias tiene sabor a poco. Debemos defender el poder de compra de la gente", sostuvo Massa a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, en las que agregó: "Con las retenciones que le quitaron a la minería podrían financiar el fin del impuesto a las ganancias".

Según el diputado, "hay 220 mil personas que no venían pagando ganancias y ahora sí lo van a hacer" y sostuvo que "el salario no es ganancia, es remuneración".

En ese marco, dijo que desde su espacio se propone "escalas por ley y terminar con esto de que cada Presidente decide hasta donde le roba un poco el salario a los trabajadores".

Otro que sumó sus críticas al anuncio fue el diputado Carlos Heller (Partido Solidario), quien  advirtió que con las modificaciones en el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias "muchos trabajadores que estaban exceptuados de pagar se encontrarán con la sorpresa de que tendrán que hacerlo".

"Ahora comenzarán a pagar ganancias muchísimas personas que estaban exceptuadas en el nivel de los trabajadores que menos ganan", remarcó, para advertir que "dentro del 10 por ciento que tributaba, muchos van a pasar a tributar menos".

"Lo que se plantea como un beneficio es una presentación mediática que no se ajusta a la realidad de lo que sucederá", cuestionó Heller.

Macri presentó ayer el nuevo Mínimo No Imponible del Impuesto a las Ganancias ($18.800 para los solteros y $25.000 los casados con dos hijos), pero postergó cambios esperados como la actualización de las escalas y el ajuste automático. El anuncio, que contó con la presencia de 14 sindicalistas en primera fila, dejó un sabor agridulce entre los dirigentes gremiales que esperaban medidas más profundas.

La primera reacción de los sindicalistas que acompañaron a Macri en el acto fue positiva, aunque en el caso de Hugo Moyano ni siquiera espero a irse de la Casa Rosada para mostrar que estaba del todo conforme con el nuevo piso, además de aclarar que la suba no impactará en las paritarias.

“Es importante, es un paso adelante, aunque uno siempre pretenda un poco más”, se sinceró el líder de la CGT Azopardo apenas concluido el acto. “Es un avance, pero faltan todavía muchos temas para discutir”, continuó Moyano, que reconoció que los gremialistas “creían” que la suba “iba a ser un poco más amplia”.

Por su parte Roberto Fernández, titular de la UTA, se mostró "muy contento" por las medidas pero dijo que las mismas impactarán "sólo sobre un sector de los trabajadores, el que está arriba de los 15 mil pesos". De todos modos Fernández aseguró que el Gobierno antes de anunciar un porcentaje debería “hablar de un sueldo de bolsillo que alcance para vivir”.

Entre la cautela y la crítica se repartió también Omar Maturano. El líder de La Fraternidad, sostuvo que el anuncio representó un “avance mínimo”, pero fue más allá. Es que el líder de los conductores de trenes le recordó a Macri que ”debe cumplir su promesa y eliminarlo“.

Otra de las voces de Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, el titular de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, remarcó que el anuncio de Ganancias “es un gesto de Macri, pero no es la solución que esperamos y exigimos“.

Uno que dijo que no asistió al anuncio aduciendo problemas familiares fue Antonio Caló. El secretario general de la UOM, y titular de la CGT Alsina, manifestó que la medida es "un paso adelante". "Compartimos el anuncio del presidente sobre Ganancias y más compartimos el de asignaciones familiares. Me hubiera gustado que sea más de 30 mil pesos pero con algo empezamos". enfatizó.

Dos de los más eufóricos con la medida fueron Gerónimo "Momo" Venegas y Julio Piumato. El "Momo", titular de la UATRE y aliado político de Macri, se mostró exultante: "El Presidente hace dos meses y días que está en el gobierno y pareciera que (está) hace dos años. El de ayer fue un acto muy importante para nosotros los trabajadores, que veníamos pidiendo desde hace tantos años por el mínimo no imponible de (Ganancias), un impuesto distorsivo al trabajo, porque el trabajo no es una ganancia", disparó.

Por su parte Piumato, líder de los Judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT Azopardo catalogó el anuncio de "sumamente importante". “Esperábamos un poco más, porque el salario no es ganancia, la promesa del Presidente genera expectativa y esto es el primer paso y va a ser progresivo, y cada vez van a pagar menos trabajadores”, justificó Piumato.

El más crítico fue Pablo Micheli, líder de la CTA Autónoma. El estatal consideró que la suba de mínimo no imponible es "insuficiente" y reclamó la "eliminación" del tributo. "El salario no es ganancias. El Gobierno no ataca el fondo de la cuestión que es eliminar Ganancias", se quejó Micheli.

Los sindicalistas que ayer estuvieron en la Rosada fueron: Hugo Moyano, Gerónimo "Momo" Venegas, José Luis Lingeri, Armando Cavalieri, Abel Frutos, Omar Maturano, Guillermo Pereyra, Carlos West Ocampo, Roberto Fernández, Ricardo Cirielli, Julio Piumato, Rodolfo Daer, Carlos Acuña y Julio Insfran.

La CTA Provincia de Buenos Aires cuestionó el Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas, aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, y buena parte de sus pares provinciales.

“Estas normas limitan la protesta social, violan derechos y garantías de los ciudadanos y pone en peligro la integridad de las personas”, consideró María Reigada, Secretaria de Derechos Humanos de la central gremial.

En tanto, desde la CTA bonaerense se exigió que “las autoridades se atengan a la legislación vigente y a los tratados internacionales que garantizan el derecho a la protesta”.

También se manifestó en este sentido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que considera que este Protocolo es contrario a "los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta", ya que "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al ’orden público’ por encima de todo".

"Según la resolución, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad", señala.

Para el CELS, este protocolo "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social". En ese sentido, "no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego en las manifestaciones". Tampoco obliga al "uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles".

"Además, limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta", agrega.

El radicalismo ladra pero no muerde, al menos por ahora. Luego de las declaraciones de Ricardo Alfonsín donde reclamó mayor participación de su partido en la toma de decisiones que esta llevando adelante la gestión de gobierno, hoy senadores radicales se mostraron satisfechos con los anuncios realizados por el presidente Mauricio Macri.

La causa de la algarabía boina blanca  fue en relación al impuesto a las ganancias. Los diputados nacionales del radicalismo Miguel Bazze, Soledad Giménez y Patricia Gimenez se manifestaron al respecto.

El senador Bazze afirmó por su parte  que “los anuncios hechos hoy son una respuesta importante a las necesidades de los argentinos que benefician a un vasto sector de la sociedad que ven mejorados sus ingresos y su calidad de vida ya que representan una mejora económica sustancial”.

“La suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias era un reclamo de distintos sectores de la sociedad que habían sido acompañados por varios partidos políticos, entre ellos la Unión Cívica Radical. Había sido una promesa de campaña y su concreción es un alivio para millones de argentinos que, de esta manera, reciben un aumento importante en su poder adquisitivo”, indicó el bonaerense.

A su vez, consideró que “la ampliación de las asignaciones familiares para incluir a más de un millón de chicos es también una respuesta en la misma dirección, que tiende a la inclusión de millones de argentinos en un beneficio que antes no recibían”.

En tanto, Giménez, vicepresidente de la Cámara, señaló: "Es un viejo anhelo de muchos legisladores que quisimos debatirlo en el recinto, cuando el kirchnerismo era la primera minoría, pero nuestros pedidos de sesiones especiales fueron sistemáticamente negados por el oficialismo de entonces”.

“El kirchnerismo, con su decisión de no actualizar las escalas salariales, convirtió este impuesto en regresivo, un impuesto al trabajo, lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos es devolverle progresividad”, consideró Giménez.

La legisladora afirmó que esta decisión "es muy beneficiosa para el mercado interno, ya que el dinero que antes el trabajador aportaba al fisco, ahora se destinará al consumo, una forma de compensar la pérdida del poder adquisitivo que ocasionó la inflación negada y falseada, por la ex presidenta Fernández de Kirchner y sus 'fabuladores' -Guillermo- Moreno y -Axel- Kicillof entre otros”.

Para la cordobesa Soledad Carrizo, "se cumple con lo prometido, y el tema deja de ser una promesa de campaña para convertirse en una realidad, eso de por sí ya es muy positivo, pero además, las medidas que se han adoptado son valoradas enormemente porque con esto se está llegando a los que menos tienen”.

“Si bien el Gobierno no modificó sus montos, amplió la cobertura de las asignaciones familiares y las familias que estaban en una determinada categoría pasarán a estar en una superior, con un mayor beneficio; y muchas que no estaban alcanzadas por la asignación pasarán a estarlo”, amplió.

La relación dentro de la alianza de gobierno "Cambiemos" está en un permanente tire y afloje. El diálogo también fue promesa de campaña.

Hebe de Bonafini le confirmó a PRIMEREANDO que les prohibieron el ingreso cuando se aprestaban a realizar la habitual ronda de los jueves. "La ronda la vamos a hacer como sea" afirmó la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.

"Nosotros no recibimos órdenes de la dictadura" arremetió Hebe y aseguró que un jefe de la  policía  prohibió el ingreso de la camioneta por la entrada que las Madres acostumbran a ingresar todos los jueves para realizar la histórica marcha .

Este hecho, sorpresivo, ocurre sólo horas después del anunció realizado por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, donde confirmó que en relación a los piquetes que  “les daremos 5 o 10 minutos, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos”.

Hebe confirmó a este medio que se dirigía a la plaza par resolver la situación. y reafirmó "nadie nos va a sacar la plaza que es nuestra".

La ronda de los jueves lleva casi 39 años ininterrumpidos, desde que comenzó en 1977 para reclamar por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico-militar del país.

Momentos más tarde, con la llegada de las Madres y de militantes, la policía permitió el ingreso del stand y del vehículo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió hoy que los manifestantes tendrán "5 o 10 minutos" para desalojar las calles, autopistas o rutas que corten, sino serán desalojados, a partir del nuevo protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad que se pondrá en vigencia en los próximos días.

"Les daremos 5 o 10 minutos, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos", afirmó Bullrich en declaraciones a radio La Red, en relación al protocolo difundido ayer por el Ministerio de Seguridad, que busca establecer "reglas claras para los funcionarios, los jueces y los manifestantes".

"A partir de ahora, sabrán a qué atenerse en caso de hacer lo que hicieron ayer", amenazó la ministra, refiriéndose a los cortes en protesta por la liberación de Milagro Sala.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticaron con dureza la nueva normativa por considerarla vaga e inconstitucional.

Mediante un comunicado, el CELS explicó: "Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad".

"El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en la resolución 210/2011, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta. Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles".

"Este protocolo limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta" y aseguraron: "Todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta", agregaron.

Asimismo, afirmaron que la nueva medida "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al "orden público" por encima de todo".