El Ejecutivo bonaerense promulgó el decreto que reglamenta la ley de expropiación de los terrenos ubicados en la localidad platense de Abasto, sancionada por la Legislatura luego del desalojo de un grupo de familias que había ocupado esas tierras en mayo pasado.

El decreto, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, designa al ministerio de Gobierno y a la subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda del ministerio de Infraestructura como autoridades de aplicación de la ley. Esos organismos deberán entonces adjudicar los lotes a las familias beneficiarias, para que construyan sus viviendas.

La declaración de utilidad pública afecta al lote ubicado entre las calles 520 y 530, de 213 a 217, que deberá destinarse, de acuerdo a la ley sancionada por la Legislatura, “al desarrollo de un plan de vivienda única, familiar y de ocupación permanente”.

Los terrenos deberán ser vendidos a sus actuales ocupantes o personas con grave situación de vulnerabilidad, agrega la ley. En tanto, el proyecto convertido en ley en la Legislatura dispone que los adjudicatarios deberán abonar “cuotas mensuales que no podrán exceder el diez por ciento de los ingresos del núcleo familiar” y que “el plazo se convendrá entre el Estado y sus adjudicatarios, no pudiendo ser mayor de 25 años”.

La ley además contempla algunos de los planteos que se habían presentado los vecinos desalojados para que se contemple la instalación de establecimientos educativos y servicios de salud en la zona donde ahora se levantará el nuevo complejo habitacional. “El Estado actuará como ente coordinador entre las distintas áreas administrativas provinciales y municipales y preverá las gestiones tendientes a procurar la instalación de efectores de salud y educación”, dispone el texto.

La norma promulgada ayer por el Ejecutivo fue tratada en legislatura bonaerense en mayo pasado luego del desalojo de unas 750 personas que habían ocupado esas tierras. El operativo policial tuvo lugar tras la decisión de la sala IV de la Cámara Penal platense, que ratificó el fallo de primera instancia del juez Pablo Raele de desalojar el predio, que comprende aproximadamente 50 hectáreas.

El desalojo dispuesto por la Cámara Penal de La Plata en Abasto se llevó a cabo durante la madruga de ayer. La confirmación del hecho vino de la mano del juez en lo Contencioso Luis Arias a Radio Provincia, quien indicó que “la Policía Bonaerense desalojó el predio con violencia y tiros”.

En ese marco, el titular de la Cámara Alta bonaerense, Gabriel Mariotto, repudió la medida judicial a través de su cuenta de Twitter y dijo estar "consternado por la afectación del derecho a la vivienda frente a la especulación inmobiliaria”.

Más tarde, en diálogo con la agencia Télam, adelantó que pedirá el juicio político para el juez de Garantías Nº 3, Pablo Raele, y la fiscal de La Plata, Betina Lacki, responsables del desalojo de unas 750 familias que habían ocupado las tierras.

"Había dos fallos cruzados, por un lado el del juez penal Pablo Raele ordenando el desalojo; y por otro lado estaba Luis Arias, del Contencioso Administrativo, pidiendo el cese de la medida. No entendemos por qué se cumple con el fallo de Raele y no el de Arias", sostuvo el Vicegobernador.

Además, precisó que "se pide el desalojo por la fuerza para asignarle al señor Alberto Mattioli las 40 hectáreas, en una medida que favorece intereses de un privado que ni siquiera acredita posición del terreno, el cual tiene deudas con ARBA (Agencia de Recaudación de Buenos Aires) y la AFIP".

"No entendemos por qué Mattioli tiene tanto peso sobre la justicia penal, o quién está detrás de Mattioli, quién está atrás de un especulador inmobiliario como él", disparó Mariotto y consideró que "seguramente habrá que buscarlo en el Arzobispado o la Intendencia de La Plata, con el amparo de la corporación judicial".

Mariotto se hizo presente ayer en la zona de 520 y 214 para apoyar la suspensión que promovía Arias a traves de una cautelar. En esa oportunidad, remarcó que el conflicto “no se soluciona con topadoras y policías” y propuso un proyecto de ley para expropiar los terrenos.

"Habíamos definido poder realizar durante la jornada de hoy un censo para evaluar cada una de las situaciones por las que atraviesan las familias, con la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Tierras y Vivienda, y la Secretaría de Niñez", pero "por culpa de las topadoras y la policía, vemos frenado nuestro trabajo", se quejó el presidnete de la Cámara Alta.

Por último, explicó que en los próximos días no sólo impulsará el juicio político contra los responsables del desalojo "por las irregularidades del fallo y por la acción represiva de la policía", sino que además trabajará para que avance en el Senado el proyecto de expropiación de las tierras, que "conlleva la construcción de un complejo habitacional en el lugar".