Con la excusa de buscar terminar con la evasión impositiva de comercios, la AFIP ordenó que todos los locales deban aceptar tarjeta de débito. Habrá multas y posibles clausuras para aquellos que no se acoplen a la medida.

Una nueva resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) establece que todos los locales deberán aceptar tarjeta de débito a partir del primero de abril. Se dispuso a traves de la ley 27,253, y afectará a los comercios que realicen venta de cosas mueble para consumo final, presten servicios de consumo masivo, o hagan obras o locaciones de cosas muebles.

Además, quienes no cumplan con la ley, pagarán multas que irán desde los $300 a los $30.000 con la posible clausura entre 3 y 10 días. Los comercios deberán exhibir un cartel para informar que aceptan débito y los clientes podrán denunciar a quienes no lo hagan.

Por su parte, la medida apunta a que el ciudadano realice el trabajo de control de comercios, ya que los consumidores podrán denunciar con su teléfono celular a los comercios que no acepten el pago con tarjetas de débito como medio de pago. También se podrá denunciar a aquellos comerciantes que realicen descuentos por pagar en efectivo.

El economista afirmó que la salida del titular de la AFIP, Alberto Abad, se debió a que había mandado a pedir información del ministro de Finanzas, Luis Caputo, por las cuentas que tenía en el exterior.

"Abad había pedido información sobre Caputo, el ministro de Finanzas que es el buen cajero de este gobierno que vive por el respirado artificial de plata que le trae este ministro", comenzó Espert.

"Las incompatibilidades de no haber informado a la Oficina Anticorrupción o a otros organismos que tres años antes había trabajado para empresas que manejaban fondos off shore hizo que Abad pida información", agregó.

"Vos fijate que casualidad que justo el sucesor de Abad es un fiel colaborador de Caputo", cerró.

Mirá el video:

Es una lógica que parece abarcar a todo el autodenominado "mejor equipo de los últimos 50 años". Esto es: tener todo o buena parte del patrimonio en el exterior. A veces puede ser peor: muchos funcionarios de primera línea participan además en empresas offshore. El caso de Leandro Cuccioli, nuevo jefe de la AFIP, no es la excepción.

Cuccioli reemplazará a Alberto Abad como titular del organismo que se encarga de la recaudación de impuestos. Entre otros temas, deberá controlar a los constribuyentes que tienen plata irregular en el exterior. Podría buscar entre sus compañeros de Gabinete…

Según su declaración jurada, Cuccioli cuenta con un patrimnio de 5 millones de pesos. El 90% está en el exterior. Cuccioli es un hombre cercano a Luis Caputo, ministro de Finanzas. Caputo está siendo investigado por una supuesta participación en sociedades offshore.

“Qué linda imagen el organismo que recauda los impuestos a cargo de un hombre que arma la ingeniería financiera de evasión de impuestos y fuga de capitales y además no declara sus offshore a la misma AFIP. Es una postal del macrismo”, chicanearon en las redes sociales desde la oposición.

En el mismo día que la justicia procesó a funcionarios del AFIP por asociación ilícita, el funcionario macrista presentó su renuncia del ente. El sucesor será Leandro Cuccioli.

Alberto Abad renunció como titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) poco después de haber anunciado la recaudación de febrero porque decidió "retirarse de la función pública".

La renuncia se anunció luego de que Abad, Cuccioli, el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, se reunieran este viernes con el Presidente Macri en la Quinta de Olivos.

Hoy el juez Canicoba Corral procesó a funcionarios de la AFIP por asociación ilícita y a otros acusados por asociación ilícita y violación de secreto, en el marco de la investigación por venta de información confidencial del organismo.

Su reemplazante será Leandro Cuccioli, Secretario de Servicios Financieros de la Nación, quien tomará el cargo a fin de mes cuando Abad concrete su salida luego de la transición que ya comenzó.

Un nuevo escándalo envuelve a Cambiemos. El cuñado de Daniel "Tano" Angelici, Sergio Maguiña, fue desplazado de su cargo como alto funcionario de AFIP tras amenazar de muerte a un superior que investiga las filtraciones o venta de los secretos fiscales derivados del blanqueo que impulsó este Gobierno.

Sergio Maguiña, pareja de Claudia María Angelici, hermana del “el Tano”, fue desplazado de su cargo en la AFIP por amenazar de muerte a un superior que investiga las filtraciones o venta de los secretos fiscales de quiénes blanquearon dinero en 2016. A raíz de la agresión, Néstor Abelardo Sosa, el subdirector general de Auditoría Interna de la AFIP agredido por Maguiña, tiene custodia policial designada por el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa.

Según el periodista Hugo Alconada Mon, el apriete ocurrió en el hall central de la casa matriz de la AFIP, cuando Sosa ingresó a un ascensor. Además, el periodista confirmó que el ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad que la AFIP ya entregó a la Justicia. Allí se observa como Maguiña se metió en el ascensor, de improviso, junto a otro funcionario o empleado del organismo, de apellido Caetano. Transcurridos quince segundos, los videos muestran que Sosa salió del ascensor -que nunca llegó a moverse del hall central-, mientras que se observa cómo Caetano contenía o sujetaba del hombro a Maguiña, que pretendía avanzar hacia Sosa.

Según declaró luego al denunciar las amenazas, Sosa sostuvo que Maguiña le recriminó los avances de las investigaciones internas sobre los responsables de esas filtraciones, para de inmediato amenazarlo. "Vas a ser boleta. Pero antes te vas a cansar de recorrer tribunales", afirmó que le espetó entre insultos.

En consecuencia, Néstor Abelardo Sosa alertó sobre lo ocurrido a las máximas autoridades de la AFIP y ya durante las primeras horas del sábado 3 de febrero se presentó en la comisaría para denunciar las amenazas, que se remitió al juez Lijo, quien dispuso la custodia y las primeras medidas.  Tres días después, el martes 6, Abad firmó la disposición interna 27-E/2018, que se publicó al día siguiente para desplazar de su puesto a Maguiña, un funcionario de 57 años que ingresó a la DGI en 1991 hasta llegar a su último cargo como director de Fiscalización.

"En virtud de las diversas investigaciones practicadas por la Subdirección General de Auditoría Interna, que han dado origen a la causa CFP 12474/17, caratulada 'NN s/ violación de secreto fiscal", suscribió Abad, "se han detectado una serie de maniobras en la operatoria habitual de distintas áreas pertenecientes a las Subdirecciones Generales de Sistemas y Telecomunicaciones, Recaudación y Fiscalización".

Por su parte, Daniel Angelici agregó que su cuñado Sergio Maguiña "no tiene nada que ver"  con las acusaciones, y que dentro del ente recaudador (AFIP) hay una caza de brujas. "Para tapar que no saben cómo se filtraron los nombres del blanqueo quieren usar una persona cercana a mi hermana y que salga mi apellido", dijo en diálogo con La Nación. Además, aclaró que va a esperar a que se levante el secreto de sumario para ver "qué hay en la causa", pero que por ahora "no tiene por qué no creerle que está no involucrado".

¿Terminará fuera de la AFIP Alberto Abad antes de que termine 2017? No se sabe: lo que está claro es que existe un fuerte cortocircuito entre el jefe del organismo recaudador y la administración de Cambiemos. En cada tema, la controversia gana un nuevo capítulo.

En primer lugar, está el caso de Mercado Libre: la AFIP le reclama una deuda por 500 millones de pesos a Marcos Galperín, el empresario que Mauricio Macri suele poner como ejemplo. El ex presidente de Boca quiere a Abad se olvide de esa deuda, lo que no parece estar dentro de los planes del hombre fuerte del organismo descentralizado. En las redes, Galperín redobló la apuesta y amenazó con irse del país si persiste la controversia. Tema aparte: el Gobierno quiere además que el Banco Nación le otorgue un crédito millonario a Mercado Libre, lo que podría generar un fuerte ruido con el presidente de esa institución, Javier González Fraga.

Ahora, el nuevo incidente tiene que ver con que la AFIP se metió en la disputa judicial por la venta de Oil Combustible al empresario Ignacio Rosner, nuevo dueño del Grupo Indalo. Se trata de la unidad de negocios más importante de Cristóbal López, que podría pasar a Rosner. Antes, estuvo la venta de los medios de Indalo, que tienen baja rentabilidad pero mayor impacto político (C5N era una de las principales voces críticas al macrismo). Vale insistir: Rosner es un viejo amigo de Macri.

En esa controversia también jugó fuerte la AFIP que niega el concurso de acreedores de Oil Combustible y el traspaso de acciones y sigue exigiendo el pago de una deuda de 6 mil millones de pesos.

No casualmente, fue Ámbito Financiero, que pertenece a Rosner, el que difundió la información de que Abad había contratado al estudio jurídico de Ricardo Gil Lavedra – "uno de los más caros del mercado", según el diario – a pesar de que la AFIP tiene su propio equipo legal. Por ahora es una guerra fría, que parece ir calentándose de a poco.

El ministro de Energía de la Nación estaba embargado por no pagarle a la AFIP más de 200 mil pesos de impuestos a los bienes personales. Cuando el presidente se enteró, dio la orden de desistir de las acciones legales y perdonarle la deuda a su funcionario.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció hoy una maniobra del Gobierno nacional para beneficiar al ministro de Energía, Juan José Aranguren, tras evadir 201.477 pesos de impuestos a los bienes personales el 15 de febrero de este año.

Por la falta de pago del funcionario de los tarifazos, la AFIP le inició una demanda y le embargó los bienes. Sin embargo, cuando a comienzo de agosto se enteró el presidente Mauricio Macri dio la orden al titular del organismo recaudador, Alberto Abad, de dar marcha atrás con las acciones legales.

“De inmediato la AFIP dispone ‘desistir del juicio y levantar el embargo’, sin que existiera ninguna presentación de Aranguren”, explicó Tailhade y luego ironizó en su cuenta de Twitter: “Mientras tanto vos preparate para pagar hasta el último centavo del nuevo tarifazo de Aranguren. Macri no te va a perdonar nada”.

Aranguren es el tercer funcionario con más dinero del gobierno, detrás de Gustavo Arribas y Luis Caputo. El ministro de Energía vendió los 16 millones de pesos en acciones que tenía en la petrolera Shell. En paralelo, incrementó sus depósitos en Estados Unidos de $ 49 a $ 60 millones.

Entre bienes, depósitos y dinero la fortuna de Aranguren pasó de $ 86.685.999 a fin de 2015 a $ 104.784.376 a fin de 2016.

La AFIP será el ente encargado de habilitar a los acusados por cuentas en Suiza sin declarar para entrar al sinceramiento fiscal. Según el organismo que conduce Abad, lo habilita la norma aprobada en el Congreso.

Tras una consulta de la Justicia, la AFIP confirmó que permitirá el ingreso al blanqueo de las personas investigadas por la Justicia desde 2014 por supuesta evasión tributaria por tener cuentas sin declarar en Suiza, ocultadas por el Banco HSBC. Según argumentaron desde el organismo, lo habilita la ley de sinceramiento fiscal votada por el Congreso.

En el marco de la causa que investiga la presunta evasión fiscal, la jueza Verónica Straccia consultó a la AFIP si los 200 imputados podían adherirse al "sinceramiento fiscal" lanzado en junio pasado y que concluirá a fin de mes, a lo que el organismo que conduce Alberto Abad respondió de forma afirmativa.

Según la AFIP, el sinceramiento de los imputados está permitido por el artículo 46° de la ley de sinceramiento fiscal 27.260, aprobada por el Congreso en junio de 2016.

"Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado", reza el artículo.

Además, agrega que "la liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59° del Código Penal", algo que equivale a una amnistía según consignó el diario La Nación.

La causa comenzó en 2014 a partir de una denuncia del entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray. La jueza Straccia deberá determinar si dicta la falta de mérito, el procesamiento o el sobreseimiento de las personas involucradas, luego de que el fiscal Navas Rial termine la investigación en la cual se realizaron más de 200 indagatorias.

La semana pasada, la magistrada rechazó la nulidad planteada por algunos abogados defensores  a partir del argumento de que la información original se obtuvo a partir de datos robados por un ex empleado del banco HSBC, Hervé Falciani, en Suiza.

Además, tampoco aceptó el argumento de los abogados defensores que denunciaron la vulneración del derecho a la privacidad por parte de los acusados. Sin embargo, la magistrada afirmó que "el secreto bancario no es oponible a la autoridad fiscal y las tenencias de activos depositadas en un banco son informadas a la AFIP. Por lo tanto, no es información que pertenezca al ámbito de reserva o privacidad de los ciudadanos".

Aunque Cambiemos prometió otra cosa, la política de los "carpetazos" está más vigente que nunca. A sólo unos meses de gestión, el fiscal Eduardo Taiano imputó por el delito de "violación de secreto" al actual titular del organismo recaudador, Alberto Abad, y al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, entre otros, por la supuesta confección de "dossiers" de personalidades influyentes que eran luego utilizados en causas judiciales o ventilados en los medios de comunicación.

La imputación alcanza, también, a la diputada y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, una de las principales denunciantes por hechos de corrupción durante el kirchnerismo.

El juez Claudio Bonadio adoptó las primeras actuaciones para corroborar la autenticidad del mensaje recibido por email que describía el marco de actuación dentro del organismo recaudador. Ordenó a la Policía Federal que perite la computadora y el sistema informático del legislador Rodolfo Tahilade, quien formalizó la denuncia.

La denuncia original había sido radicada en Tribunales el 28 de marzo pasado a raíz de un anónimo recibido en el correo electrónico institucional de uno de los diputados del bloque del Frente para la Victoria. En sigilo, Taiano impulsó la acción penal que difundió ahora Ámbito Financiero, y requirió que se abra una causa contra todos quienes fueron mencionados en la presentación, además de ordenar una batería de medidas tendientes a establecer si dentro de la AFIP funcionaba una suerte de "task force" encargada de recopilar información sensible que era luego utilizada por allegados al Gobierno.

La imputación impacta en la actual cúpula de la actual AFIP: involucra al administrador general, Abad; al titular de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola; a Mecikovsky en su rol de subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior; y a funcionarios de ese organismo. Entre ellos se menciona a Liliana Graciela Chimenti (abogada, exagente judicial en jurisdicción de la Agencia Nº 8 de la Dirección Regional Centro); al agente Miguel Ángel Rifici; Diego Sparsa (director regional de la Dirección Regional San Juan); y Clotilde Silvana Sinatra, asesora de la AFIP.

El expediente N° 3386/2016, caratulado "Mecikovsky, Jaime y otros s/violación de secretos", retoma los términos de la denuncia y apunta que el agente anónimo identificado como "CB" "habría sido obligado a ingresar a distintos sistemas del organismo -tales como eFisco, Cuentas Tributarias, Red Fiscal, Mis Facilidades y Mis aportes- para extraer información de declaraciones juradas, movimientos bancarios y consumos de tarjeta de crédito, entre otras operaciones, sin que hubiere un expediente administrativo y/o fiscalizaciones en trámite que lo habiliten".

El denunciante señaló a Mecikovsky como quien implementó la maniobra "para entregarle memos, dossiers y/o carpetas" a Carrió, con quien "mantendría asiduas comunicaciones".

Allí mencionó que se suministró información sobre el presidente Mauricio Macri y su entorno (el constructor Nicolás Caputo, la familia Awada y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, entre otros); de jueces federales como Bonadio, Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Julián Ercolini y los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero; y de exfuncionarios kirchneristas.

El denunciante destacó que uno de los primeros informes suministrados fue el del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, denunciado por Carrió por supuesto enriquecimiento ilícito, caso que se cerró en marzo último. Además, el fiscal transcribió que esos mismos informes habrían sido utilizados en causas que involucran empresas de Báez y de Cristóbal López.

Párrafo aparte, Taiano pidió investigar si "con el aval de Castagnola y Abad, Mecikovsky asesoró para ocultar y readecuar el caso de la empresa IECSA, que habría incurrido en insolvencia fiscal fraudulenta". Esa firma constructora es de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri.

Por esto es que Taiano le pidió a Bonadio investigar la titularidad de un teléfono aportado a la causa, terminado en 9131, se investigue la nómina y organigrama de AFIP y en especial "los registros de consultas efectuadas en las bases de datos del organismo por parte de los imputados".