En el mismo día que la justicia procesó a funcionarios del AFIP por asociación ilícita, el funcionario macrista presentó su renuncia del ente. El sucesor será Leandro Cuccioli.

Alberto Abad renunció como titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) poco después de haber anunciado la recaudación de febrero porque decidió "retirarse de la función pública".

La renuncia se anunció luego de que Abad, Cuccioli, el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, se reunieran este viernes con el Presidente Macri en la Quinta de Olivos.

Hoy el juez Canicoba Corral procesó a funcionarios de la AFIP por asociación ilícita y a otros acusados por asociación ilícita y violación de secreto, en el marco de la investigación por venta de información confidencial del organismo.

Su reemplazante será Leandro Cuccioli, Secretario de Servicios Financieros de la Nación, quien tomará el cargo a fin de mes cuando Abad concrete su salida luego de la transición que ya comenzó.

¿Terminará fuera de la AFIP Alberto Abad antes de que termine 2017? No se sabe: lo que está claro es que existe un fuerte cortocircuito entre el jefe del organismo recaudador y la administración de Cambiemos. En cada tema, la controversia gana un nuevo capítulo.

En primer lugar, está el caso de Mercado Libre: la AFIP le reclama una deuda por 500 millones de pesos a Marcos Galperín, el empresario que Mauricio Macri suele poner como ejemplo. El ex presidente de Boca quiere a Abad se olvide de esa deuda, lo que no parece estar dentro de los planes del hombre fuerte del organismo descentralizado. En las redes, Galperín redobló la apuesta y amenazó con irse del país si persiste la controversia. Tema aparte: el Gobierno quiere además que el Banco Nación le otorgue un crédito millonario a Mercado Libre, lo que podría generar un fuerte ruido con el presidente de esa institución, Javier González Fraga.

Ahora, el nuevo incidente tiene que ver con que la AFIP se metió en la disputa judicial por la venta de Oil Combustible al empresario Ignacio Rosner, nuevo dueño del Grupo Indalo. Se trata de la unidad de negocios más importante de Cristóbal López, que podría pasar a Rosner. Antes, estuvo la venta de los medios de Indalo, que tienen baja rentabilidad pero mayor impacto político (C5N era una de las principales voces críticas al macrismo). Vale insistir: Rosner es un viejo amigo de Macri.

En esa controversia también jugó fuerte la AFIP que niega el concurso de acreedores de Oil Combustible y el traspaso de acciones y sigue exigiendo el pago de una deuda de 6 mil millones de pesos.

No casualmente, fue Ámbito Financiero, que pertenece a Rosner, el que difundió la información de que Abad había contratado al estudio jurídico de Ricardo Gil Lavedra – "uno de los más caros del mercado", según el diario – a pesar de que la AFIP tiene su propio equipo legal. Por ahora es una guerra fría, que parece ir calentándose de a poco.

El ministro de Hacienda junto al titular de la AFIP dieron a conocer la cifra. Del total, unos 20 500 u$s millones correspondieron a la declaración de 167.000 inmuebles.

El blanqueo de capitales alcanzó a 116.800 millones U$S. Así lo informaron hoy el Ministerio de Hacienda y la AFIP. El anuncio fue formulado por el ministro Nicolás Dujovne y el titular del organismo recaudador, Alberto Abad, en una conferencia de prensa conjunta.

El encuentro con los periodistas se concretó a partir de las 15.45 en el microcine del Palacio de Hacienda. Antes de esa presentación, Dujovne fue recibido por el presidente Mauricio Macri.

Abad precisó que, de los 116 800 millones de dólares presentados, unos 20 500 millones de dólares correspondieron a la declaración de 167 000 inmuebles, de los cuales 110 000 están ubicados en el país.

"Es como si un día nos acostáramos y al otro día, cuando nos despertamos, aparecieran de la nada 220 countries de 500 casas cada uno", dijo, de manera irónica, Abad.

El sinceramiento fiscal comenzó en agosto de 2016 y, hasta fines de ese año, los contribuyentes podían declarar sus bienes en el exterior pagando el 10% de lo blanqueado. Luego de esa fecha y hasta fines de marzo último, debieron pagar el 15%.

Por un DNU del Poder Ejecutivo, se le permitió a los familiares directos de los funcionarios ingresar al blanqueo, a pesar de que estaba prohibido por la ley sancionada en el Congreso meses antes.

"Muchos de los dirigentes que firman la carta tienenresponsabilidades políticas en la provincia desde hace décadas", enfatizó Abad.

El legislador radical agregó: "dicen que es la nueva situación social la que está generando el crecimiento del delito, como si fuera una novedad de los últimos meses".

"Más que salir a pedir recursos, tendrían que salir a pedir disculpas por haber mirado para otro lado mientras el narcotráfico se instalaba en el territorio bonaerense cuando el justicialismo gobernaba", subrayó.

Los 54 intendentes peronistas agrupados en la Federación Argentina de Municipios-Provincia de Buenos Aires consensuaron los términos de la carta, que se hizo pública en las últimas horas, y que le solicita a la gobernadora Vidal recursos para afrontar el delito, mayor presencia de Gendarmería y que interceda ante el Presidente para "la urgente intervención desde el aspecto económico y técnico generando un plan de seguridad integral que se ajuste a las necesidades y reclamos de todo el territorio nacional, destinando recursos".

A su vez, el diputado marplatense de Cambiemos agregó que es "importante que todos puedan expresarse y difundir sus pensamientos, pero creo que aquellos que han sido parte del problema no pueden venir a explicar ahora cuáles son las soluciones".

"Desde el gobierno provincial se está trabajando muy fuerte para revertir el cuadro que dejó la dirigencia anterior, esto no se generó en dos, tres, o cinco meses; es producto de un mecanismo sistemático de destrucción del Estado que vivimos durante años", agregó Abad para finalizar diciendo "no es mucho pedir un poco de sensatez, y también un poco de pudor en las declaraciones de algunos dirigentes", subrayó.

Aunque Cambiemos prometió otra cosa, la política de los "carpetazos" está más vigente que nunca. A sólo unos meses de gestión, el fiscal Eduardo Taiano imputó por el delito de "violación de secreto" al actual titular del organismo recaudador, Alberto Abad, y al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, entre otros, por la supuesta confección de "dossiers" de personalidades influyentes que eran luego utilizados en causas judiciales o ventilados en los medios de comunicación.

La imputación alcanza, también, a la diputada y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, una de las principales denunciantes por hechos de corrupción durante el kirchnerismo.

El juez Claudio Bonadio adoptó las primeras actuaciones para corroborar la autenticidad del mensaje recibido por email que describía el marco de actuación dentro del organismo recaudador. Ordenó a la Policía Federal que perite la computadora y el sistema informático del legislador Rodolfo Tahilade, quien formalizó la denuncia.

La denuncia original había sido radicada en Tribunales el 28 de marzo pasado a raíz de un anónimo recibido en el correo electrónico institucional de uno de los diputados del bloque del Frente para la Victoria. En sigilo, Taiano impulsó la acción penal que difundió ahora Ámbito Financiero, y requirió que se abra una causa contra todos quienes fueron mencionados en la presentación, además de ordenar una batería de medidas tendientes a establecer si dentro de la AFIP funcionaba una suerte de "task force" encargada de recopilar información sensible que era luego utilizada por allegados al Gobierno.

La imputación impacta en la actual cúpula de la actual AFIP: involucra al administrador general, Abad; al titular de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola; a Mecikovsky en su rol de subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior; y a funcionarios de ese organismo. Entre ellos se menciona a Liliana Graciela Chimenti (abogada, exagente judicial en jurisdicción de la Agencia Nº 8 de la Dirección Regional Centro); al agente Miguel Ángel Rifici; Diego Sparsa (director regional de la Dirección Regional San Juan); y Clotilde Silvana Sinatra, asesora de la AFIP.

El expediente N° 3386/2016, caratulado "Mecikovsky, Jaime y otros s/violación de secretos", retoma los términos de la denuncia y apunta que el agente anónimo identificado como "CB" "habría sido obligado a ingresar a distintos sistemas del organismo -tales como eFisco, Cuentas Tributarias, Red Fiscal, Mis Facilidades y Mis aportes- para extraer información de declaraciones juradas, movimientos bancarios y consumos de tarjeta de crédito, entre otras operaciones, sin que hubiere un expediente administrativo y/o fiscalizaciones en trámite que lo habiliten".

El denunciante señaló a Mecikovsky como quien implementó la maniobra "para entregarle memos, dossiers y/o carpetas" a Carrió, con quien "mantendría asiduas comunicaciones".

Allí mencionó que se suministró información sobre el presidente Mauricio Macri y su entorno (el constructor Nicolás Caputo, la familia Awada y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, entre otros); de jueces federales como Bonadio, Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Julián Ercolini y los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero; y de exfuncionarios kirchneristas.

El denunciante destacó que uno de los primeros informes suministrados fue el del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, denunciado por Carrió por supuesto enriquecimiento ilícito, caso que se cerró en marzo último. Además, el fiscal transcribió que esos mismos informes habrían sido utilizados en causas que involucran empresas de Báez y de Cristóbal López.

Párrafo aparte, Taiano pidió investigar si "con el aval de Castagnola y Abad, Mecikovsky asesoró para ocultar y readecuar el caso de la empresa IECSA, que habría incurrido en insolvencia fiscal fraudulenta". Esa firma constructora es de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri.

Por esto es que Taiano le pidió a Bonadio investigar la titularidad de un teléfono aportado a la causa, terminado en 9131, se investigue la nómina y organigrama de AFIP y en especial "los registros de consultas efectuadas en las bases de datos del organismo por parte de los imputados".