"En todos los cultivos más del 40% de los productores utilizan principios activos que pertenecen a clases toxicológicas de extremada o alta toxicidad", según un informe elaborado a pedido de la Defensoría del Pueblo.

El estudio fue elaborado por un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, y

advirtió sobre el uso indebido de pesticidas en los campos de la provincia. En su conclusión reseñó sobre la necesidad de

controlar y restringir el uso de plaguicidas, para evitar problemas severos para la salud.

La investigación destacó que "la producción en invernáculo es potencialmente más intensa y peligrosa que al aire libre", y

detalló que "los cultivos de tomate y pimiento bajo invernáculo son los más riesgosos".

En este sentido, el relevamiento detalló que "en algunas plantaciones de tomate, se verificó la presencia de más de 60

productos químicos".

Sobre el tipo de agroquímicos empleados, se precisó que "el mayor uso de productos son los insecticidas" y aclaró que "existen diferencias importantes en los índices de peligrosidad entre las distintas zonas hortícolas de la provincia de Buenos Aires. Esto está relacionado con el cultivo prevaleciente, su modalidad y su superficie relativa".

A raíz de esta evaluación, el secretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Honores, enfatizó que "este

índice es solo un indicador estimativo del peligro potencial que implica realizar esta actividad de acuerdo a la modalidad

que predomina en determinada zona".

En ese marco, se reunió con el presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia, Norberto Beliera, quien presentó el área

específica vinculada al tema, que será la encargada de articular acciones con la Defensoría, el Departamento de Ingeniería

Agronómica, que dirige Alejandro Bonade.

Sobre la manera de abordar esta problemática del uso de agroquímicos en los cultivos y la eventual afectación del ambiente y

la población, se especificó que en una primera etapa podrían desarrollarse, en forma conjunta, jornadas de formación técnica,

al mismo tiempo que se planteó la necesidad de reformar la ley de agroquímicos 10.699, la cual data de 1988, es decir, antes

de la introducción de los transgénicos.

Honores precisó que "el rol de la Defensoría es defender los derechos de todos los habitantes de la Provincia y en esa

inteligencia nos propusimos ampliar los resultados de la investigación sobre agroquímicos, con el objeto de dimensionar

adecuadamente esta realidad vinculada al efectivo ejercicio del derecho a la salud y de gozar de un ambiente sano".

A su vez, propuso "formular una propuesta de articulación entre los diferentes actores implicados en torno a la problemática

y promover mesas de trabajo para un uso racional y responsable de los agroquímicos que promueva una agricultura sustentable".