Los gremios de los maestros expusieron sus reclamos con una serie de marchas, la principal de ellas a la sede del Ministerio de Educación nacional. “Le decimos al Gobierno que no vamos a aceptar que nos pongan de rodillas”, subrayó la titular de Ctera. En 17 de los 24 distritos no empezaron las clases.

Los docentes responsabilizan al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro por el conflicto. Básicamente, por la decisión de desconocer la paritaria nacional, prevista por la Ley de Financiamiento Educativo. Ese ámbito de negociación funcionó desde 2008 hasta 2016 como el espacio donde los gremios y las autoridades acordaban un piso salarial para los maestros de todo el país, y establecían los montos de dos fondos nacionales, uno Compensador –para garantizar que las provincias más pobres puedan pagar el piso salarial– y otro de Incentivo Docente –que se reparte de manera igualitaria entre todos los maestros del país, para mejorar sus sueldos–.

En 2016, durante el primer año de la gestión de Cambiemos, la paritaria nacional se realizó, fijó un piso salarial, destinó recursos a esos dos fondos y facilitó que los gobernadores estuvieran desahogados para acordar los salarios docentes, provincia por provincia. Pero a partir de 2017, el gobierno nacional desarmó la paritaria nacional. Este año la eliminó por decreto.

El resultado fue que los docentes vieron caer el poder adquisitivo de sus salarios. Dos análisis de consultoras no oficialistas –CEPA y Cippec– coinciden en que los sueldos de los maestros tuvieron una pérdida de entre 1600 y 1300 pesos en los últimos dos años. El techo del 15 por ciento fijado por Cambiemos en las paritarias de este año –pese a que el propio BCRA estima una inflación del 19,8 por ciento– amenaza con agravar esa caída.

En 17 de los 24 distritos no empezaron las clases, el paró arrojó un 85 por ciento de adhesión, según la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

En tanto, el diario Página 12 consigna este martes: Al menos seis Centros Educativos Complementarios (CEC) de la Provincia de Buenos Aires deberán cerrar sus puertas si la gobernación de María Eugenia Vidal concreta una quita del subsidio a los sueldos docentes. Así lo denunciaron trabajadores de los CEC. El ajuste, que fue adelantado informalmente, como parte del paquete que incluyó el cierre de escuelas rurales y del Delta, amenaza con dejar sin trabajo a más de 200 docentes y sin servicio alimentario a más de 2 mil chicos, en un contexto de pico de demanda.

La decisión del Ejecutivo provincial afectaría a seis instituciones de gestión privada que brindan servicios gratuitos y, hasta ahora, cuentan con 100 por ciento de subvención del Estado para trabajar en barrios de extrema vulnerabilidad social. Los CEC brindan servicio alimentario y jornada extendida gratuita a más de 2 mil chicos de entre 4 y 16 años, que concurren 4 horas en contraturno de la escuela, de lunes a viernes. Estos espacios permanecen abiertos todo el año, sin receso.

Luego de la oposición que madres, padres, docentes y dirigentes sociales y políticos mostraron frente al intento de cerrar escuelas, el gobierno de Vidal convocó a los CEC afectados a una mesa de negociación, con fecha a confirmar, en la que los trabajadores deberán explicar a los funcionarios los servicios que prestan a la comunidad desde hace 30 años. “Es impresionante, toman la medida sin saber el servicio que se brinda. El ministro de Educación de la Provincia y el subsecretario desconocen totalmente nuestro trabajo”, afirmó Fernando Neo, docente coordinador del CEC Malaver-Villate. “Nunca nos pasó algo así con todas las gestiones que hemos tenido”, agregó, en diálogo con PáginaI12.

Ese espacio depende de una asociación civil conformada por los propios maestros, mientras que los otros cinco CEC afectados dependen de congregaciones religiosas. También existen en la provincia CEC de gestión estatal, que por ahora no estarían afectados por el recorte.

El Obispado de San Isidro, al que pertenecen algunos de los CEC damnificados, emitió un comunicado afirmando que “en el marco del diálogo que los funcionarios han aceptado, se suspenden por ahora las medidas anunciadas”, aunque manifestaron su preocupación por “los conflictos por los que atraviesa en este momento el sistema educativo”. Además agregaron: “Estamos cercanos y atentos a las obras que podrían verse afectadas, tanto en nuestra Diócesis, como en otras de la provincia de Buenos Aires”.

El contexto no puede ser menos oportuno para la decisión. “La cantidad de asistentes está actualmente en un pico de demanda, sobre todo por el servicio alimentario”, explicó Fernando Neo, y agregó que “el planteo es que quieren desprenderse de todo lo que no es obligatorio”, con el argumento de que “hay poca plata”. En el CEC de Malaver funcionan actualmente nueve grupos de nivel primario y uno de inicial, con un total de 25 maestros. “Son dos millones de pesos por año que estarían recortando. No son fondos que podamos conseguir de otra manera”, aseguró el coordinador.

Los CEC cuentan con 30 años de trayectoria en la provincia de Buenos Aires. “Casi todas las experiencias nacieron con la recuperación de la democracia en los 80, cuando varios grupos y organizaciones volvieron a trabajar en apoyo escolar en las villas. Esas prácticas –explicó Neo—, muchas veces llevadas de la mano de la Iglesia, y en otras por parte de estudiantes, se consolidaron luego dentro del sistema educativo como CEC.”

Sin cargo formal un dirigente docente define la estrategia de negociación de los gremios del sector. Su paso previo por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

De un lado y del otro del mostrador, así se podría definir el rol que juega desde diciembre de 2015 el dirigente docente Miguel Garófalo, un hombre clave en el dispositivo de negociación montado por el Ministerio de Educación de la Nación con la llegada de Alejandro Finochiaro.

Este sindicalista porteño, hombre de confianza del secretario general de la Confederación de Educadores de la Educación (CEA), Fabián Feldman, pero también Secretario General Adjunto del sindicato Educadores Porteños, pegó el salto desde esas organizaciones gremiales a la cartera de Educación bonaerense donde se desempeñó como Director Provincial de Negociaciones Colectivas.

El desembarco de Finochiaro en julio del año pasado le valió un ascenso a la esfera nacional con ese mismo rol, donde sus ex compañeros de mesa docente lo señalan como una pieza clave en la estrategia de negociación del Ministerio de Educación.

Sin embargo, pese a que en el Ministerio de Educación lo presenta a la prensa como Director Nacional de Negociaciones Colectivas, su designación en ese cargo ni siquiera fue considerada por el Ministerio de Modernización porque esta cartera frenó una designación previa del sindicalista como Coordinador de Enlace de la Unidad Ministro debido a inconsistencias en su nombramiento.

En un dictamen del 29 de enero pasado, firmado por Pedro Pourthe, el Director Nacional de la Oficina de Empleo Público de la cartera que conduce Andrés Ibarra, rechazó la designación de Garófalo porque, además de no haber presentado las declaraciones jurada que les exigen a los funcionarios, consideró que de autorizar su designación podría haber "incompatibilidad y/o conflictos de intereses" por la permanencia en cargos gremiales.

El informe oficial detalla que el (ex?) sindicalista no precisó en su curriculum vitae cuando inicio ni cuando concluyeron sus mandatos en la CEA y en Educadores Porteños, ni en como miembro permanente en del Foro Gremial para la Educación y Capacitación de Trabajadores. Tampoco figuraba en su presentación el inicio y la finalización en los cargos que supo ocupar tanto en la Provincia, de la mano de Vidal, ni los ámbitos de negociación gremial con el gobierno porteño.

La poca claridad sobre sus mandatos gremiales se replica incluso al interior de esas organizaciones. LetraP intentó sin éxito comunicarse con Feldman pero ante las consultas en el sindicato respondieron con información contradictoria. Inicialmente informaron que Garófalo continúa siendo Secretario de Organización pero horas se desdijeron y aseguraron telefónicamente que no ejercía el cargo aunque no pudieron confirmar si existió una renuncia formal, una licencia ni en qué fecha se corrió del cargo.

En la página oficial de la CEA se repite el misterio, ingresando por el portal principal a la nómina de la Comisión Directiva 2016-2020, el puesto de Secretario de Organización permanece vacante, pero si la consulta se hace a través de la Escuela de Formación Docente de CEA "Julio Goido", Garófalo sí figura como autoridad sindical.

Consultado telefónicamente sobre su cargo en Educación, el funcionario sostuvo que "no es exactamente" Director Nacional de Negociaciones Colectivas y propuso explicar su situación en una nueva comunicación que nunca se concretó.

El trabajo de Garófalo en la mesa docente del Ministerio de Educación es celebrada por lo bajo por los sindicatos más chicos ya que les permitió tener un interlocutor conocido, sobre todo  después de que el gobierno redujo la cantidad de representantes de Ctera en las negociaciones y borró la discusión salarial de las rondas de acuerdo. Es más, varios dirigentes docentes aseguran que la redacción del decreto presidencial que empardó la proporcionalidad entre los sindicatos sin contemplar su cantidad de afiliados, salió directamente del despacho de la planta baja del Palacio Pizzurno desde donde opera el funcionario fantasma. También desde esa misma oficina Garófalo coordina el Consejo Gremial de Enseñanza Privada y maneja la Caja Complementaria para la Actividad Docente, una jugosa fuente de recursos que opera con el aporte de los docentes de varios sindicatos.

Alejandro Finocchiaro, el flamante ministro de Educación que asumió cuando Esteban Bullrich asumió como Senador, ordeno el despido de 900 tutores del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela, al tiempo que ordenó el cierre de postítulos.

El “reformismo permanente” que anuncio Mauricio Macri tras las elecciones de medio término empieza a caminar. El Gobierno pretende dejar sin efecto el Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela, dejando 900 tutores sin cargo. Además de ser un Instrumento clave para la formación docente de todo el país, el programa permite a cualquier docente la posibilidad de cursar un posgrado gratuito de uno o dos años, con modalidad presencial y virtual.

A su vez, desaparecen los postítulos de Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías. Postíbulos que, según la web del Gobierno de la Ciudad, “tienen como objetivo brindar una formación post-inicial orientada a optimizar el desempeño docente, el ejercicio de nuevos roles y funciones, y la profundización y actualización sistemática de conocimientos en los niveles, modalidades y orientaciones del sistema educativo”.

De esta manera Finocchiaro confirma que continua en la misma linea que el ex ministro Esteban Bullrich, que a fines de 2016 firmó una resolución para restringir el régimen de cursada del postítulo y dispuso el cierre definitivo para fines de 2017 de las especializaciones en Educación y Derechos Humanos, Problemática en Ciencias y Educación y Tecnologías de la información y Comunicación. En consecuencia, se esperan más despidos y reformas para después de Agosto.

La fractura se produjo tras la votación del presupuesto municipal, que fue respaldado por los concejales que responden a Miguel Saredi. Los ediles que votaron en contra, cercanos a Alejandro Finocchiaro, conformarán otro espacio llamado Cambiemos-PRO.

La aprobación en el Concejo Deliberante del Presupuesto 2018 y la actualización de los impuestos municipales de La Matanza terminó con el quiebre del bloque de Cambiemos.

La intendenta Verónica Magario consiguió que ambos proyectos salieran por amplia mayoría, incluidos los votos de los concejales macristas que responden a Miguel Saredi.

De esta forma, el presupuesto fue aprobado por 22 votos a favor y 2 en contra, mientras que el proyecto de tasas municipales por 21 a 3.

“No vamos a ser funcionales al oficialismo local”, señalaron a Infobae desde el sector de Cambiemos que se opuso a los proyectos de Magario, alineado al actual ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro.

Con la asunción de los nuevos concejales, el bloque Cambiemos sigue constituido por cuatro integrantes: Miguel Saredi, Miguel Calvete, Natalia Ybalo y Luisa Belkis, que fueron los que respaldaron el Presupuesto.

Por su parte, el nuevo bloque Cambiemos-PRO estará encabezado por Mirta Redes y Miguel Racanelli, a los que se suman los ediles electos en octubre, Lucas Córdoba y Pamela Loisi.

El secretario de Economía y Hacienda municipal, Roberto Feletti, explicó que el Presupuesto 2018 “pone mucho énfasis en la cuestión social”, con un “un 47,7 por ciento” del total.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener el nivel de inversión, contrapesando la falta de recursos de Provincia y Nación”, subrayó el funcionario matancero.

El ministro de Educación de la Nación informó que invertirá 13 millones de pesos en un “nuevo edificio para el jardín de infantes N° 22”. Pero de nuevo no tiene nada. No sólo se envió la misma gacetilla realizada en 2015 por la gestión de CFK, sino que la obra ya fue inaugurada el año pasado por el intendente Jorge Ferraresi.

Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de María Eugenia Vidal y actual de Mauricio Macri, dice que va a hacer lo que ya está hecho.

“Avellaneda recibirá más de 13 millones de pesos para construir nuevos jardines de infantes”, sostiene una gacetilla enviada ayer desde la cartera educativa nacional y agrega que esa cifra es “para la creación de un nuevo edificio para el jardín de infantes N° 22 “Nancy Vanrell, que albergará a más de 150 niños y niñas”, y para “la ampliación del jardín de infantes N° 903”.

La información repite al pie de la letra lo que decía una gacetilla de 2015, difundida durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, sobre la misma inversión de 13 millones para los mismos edificios escolares.

Incluso, la obra del Jardín Nº 22 ya fue inaugurada por el intendente Jorge Ferraresi el 12 de agosto de 2016. El establecimiento cuenta con seis aulas, sanitarios, oficinas, un salón de usos múltiples y un patio de juegos.

No es la primera vez que el Gobierno de Cambiemos se atribuye cosas que no hizo. Siguiendo con el caso de Avellaneda, a mediados de año, el propio Macri presentó como un logro de su gestión una obra de infraestructura para la planta depuradora de Dock Sud que había sido planeada, licitada e incluso iniciada durante el gobierno de CFK.

Rara la evaluación de gestión de Cambiemos. Es que ante la salida de Esteban Bullrich del Ministerio de Educación ascenderán al titular de la cartera bonaerense que hace 4 meses no logra cerrar la paritaria docente. Además las escuelas se caen a pedazos.

A partir del 14 de julio se confirmarán las renuncias de los ministros Esteban Bullrich, Julio Martínez y José Cano, quienes serán candidatos en sus provincias. Por su parte en el Ejecutivo ya evaluaron quiénes los reemplazarán.

En este sentido en el Ministerio de Defensa thabrá modificaciones dado que Oscar Aguad dejará Comunicaciones, que pasará a ser una secretaría dentro del Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra y asumirá en lugar de Julio Martínez.

Además desde el Gobierno quieren que José Cano le dé el mando al ex gobernador Angel Rozas y mantener la presencia radical.

Pero lo que sorpredió fue que en el ministerio de Educación Alejandro Finocchiaro, ministro de educación bonaerense, será el que reemplace a Esteban Bullrich, con quién viene trabajando desde que el candidato a senador estaba a cargo de la gestión en Ciudad. Según indicó el matutino Clarín su desembarco garantiza una transición ordenada y sin sobresaltos.

La gestión Finocchiaro no parece tener muchos logros que mostrar para merecer un ascenso. Es que hace 4 meses no logra cerrar la paritaria docente, las denuncias sobre el estado de las escuelas se multiplican y desde los gremios lo señalan como uno de los responsables del empobrecimiento de la calidad educativa en la Provincia.

A pesar de esos antecedentes, el ministro de Vidal parece que asumirá en la cartera nacional. Parece más un reconocimiento a la confrontación con los maestros que a la actividad como funcionario.

El director General de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, afirmó hoy que "no" entiende "en qué beneficia a los docentes" el nuevo paro lanzado ayer "para protestar por los paros que ya se descontaron" cuando la huelga de mañana también "se va a descontar", y ratificó la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de continuar abonando "adelantos a cuenta" hasta cerrar la paritaria.

"Yo no entiendo la inteligencia de ir a un paro, que se va a descontar, para protestar por los paros que ya se descontaron. No entiendo en qué beneficia eso a los docentes", dijo Finocchiaro tras el fracaso de la negociación que ayer mantuvieron los funcionarios de la administración provincial con los seis gremios docentes bonaerenses.

"Entre los últimos paros y ayer estuvimos negociando en forma informal con los gremios. Esas negociaciones se vieron trabadas porque el gremio Suteba tenía elecciones. Después volvimos a retomar las negociaciones hasta que se puso una condición de imposible cumplimiento que fue la devolución de los días de paro para los agentes que pararon", contó en radio Mitre el funcionario provincial.

Finocchiaro recordó que desde el día de su asunción, el gobierno de Vidal sostuvo que "el derecho constitucional de huelga consiste en una inasistencia justificada para la gente, pero no que hay que pagarle el sueldo al que no trabajó como a aquel docente que ese día fue, trabajó, estuvo al frente de sus alumnos".

"Ayer básicamente las dos grandes discusiones fueron por esto y por el presentismo. Ellos filosóficamente toman el presentismo como un castigo, y nosotros para bajar ese 17% de ausentismo que tenemos en la docencia en la provincia de Buenos Aires creemos que es bueno dar un incentivo positivo, un premio a aquel que está todos los días al frente del aula", resumió Finocchiaro el encuentro que tuvo lugar ayer en La Plata.

El funcionario precisó además que la propuesta oficial ofrecida ayer "tiene aumentos sustanciales" que consisten en pasar "de 1500 y 2500 pesos a 2000 y 4000 pesos para los que tienen dos cargos" para recuperar el poder adquisitivo de 2016, cifra que "como pidieron los gremios incluye a los jubilados".

"Mañana se va a ir a un paro, que yo tengo la más plena y absoluta confianza que la mayoría de los docentes van a estar educando. Yo no entiendo la inteligencia de ir a un paro, que se va a descontar, para protestar por los paros que ya se descontaron. No entiendo en qué beneficia eso a los docentes", insistió Finocchiaro y confirmó la decisión del Ejecutivo provincial de abonar adelantos a cuenta de la paritaria.

"Vamos a volver a sacar otro adelanto a cuenta. Vamos a seguir sacando adelantos a cuenta hasta que cerremos esta paritaria" porque "no sólo los chicos son rehenes de este conflicto, también lo son los docentes. Dimos uno en marzo, otro en abril y ahora vamos a sacar uno en estos días para que los docentes tengan dinero en el bolsillo mientras nosotros discutimos", concluyó.

Los seis gremios docentes bonaerenses rechazaron ayer la oferta de aumento salarial propuesta por el gobierno, de un 21 por ciento para este año, una suma por presentismo y 2.000 pesos por cargo por la pérdida de poder adquisitivo en 2016, y anunciaron un paro de 24 horas para mañana.

La decisión la adoptó el Frente de Unidad Docente conformado por Suteba, FEB, Udocba, Sadop, AMET y UDA tras una nueva reunión paritaria que mantuvieron en La Plata con representantes del gobierno provincial.

Según se desprende del Boletín Oficial, en medio del conflicto docente, la Dirección de Cultura y Educación bonaerense generó 43 nuevos contratos por más de $ 4 millones de pesos. Mientras le niega los fondos a los docentes, incorporó empleados con salarios de hasta $150 mil.

Lejos del discurso de ajuste y de la "provincia quebrada" que cubre la negociación paritaria del gobierno de María Eugenia Vidal con los gremios docentes, la dirección de Cultura y Educación bonaerense incorporó en abril 43 contratos de servicios por más de $ 4 millones de pesos.

Según un rastreo del Boletín Oficial realizado por el portal Diagonales, los fondos que se le niegan a los maestros, llegan a los bolsillos de los nuevos estatales PRO que ya colman las oficinas públicas bonaerenses.

Sin especificar las tareas concretas que demandan la incorporación de los flamantes empleados por sobre el personal de planta permanente que ya trabaja en la dirección, el titular de la cartera de Educación, Alejandro Finocchiaro, realizó contrataciones que van desde 50.000 hasta 150.000 pesos.

Según se detalla en el Boletín Oficial del martes 11 de abril, entre los contratados se encuentran jóvenes de 20 y 21 años con montos mayores a 90 mil pesos, bajo la modalidad de monotributistas.

Los contratos están vigentes desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de mayo del mismo año y se descuenta que tendrán renovaciones automáticas.

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, deberá devolver a los docentes de la provincia los descuentos que sufrieron por ejercer el derecho constitucional a parar durante el mes de agosto del año pasado

Así lo determinó la Justicia Contenciosa Administrativa de La Plata, por lo que Vidal deberá devolver a los docentes los descuentos salariales efectuados, por los días de paro de agosto del año pasado.

En este sentido el titular de de Udocba, Miguel Díaz, manifestó que la tardanza en la devolución del dinero "es un capricho y una chicana legal de la provincia, porque a la jueza ya le dijeron que iban a pagar pero que se hacía muy difícil calcular los montos". Y, además, agregó que "el descuento se hizo casi automáticamente, pero ahora para las devoluciones necesitan meses".

La resolución fue adoptada el jueves pasado por la titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 4, María Ventura Martínez, quien en noviembre de 2016 había ordenado al gobierno bonaerense devolver el dinero. Dicha resolución se dio a conocer en el día de hoy, que coincide con el paro docente nacional de 48hs que se está llevando a cabo.

Seguramente esta medida judicial sentará jurisprudencia para el paro que se está llevando a cabo en estos momentos. Ya que las autoridades de la Provincia habían anticipado que le descontarían a los docentes los días de paro.

En medio de las vacaciones veraniegas y sin ninguna discusión con el conjunto de la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires, el director general de Cultura y Educación bonaerense anunció que las escuelas públicas bajo su jurisdicción serán “un lugar sagrado”, lo que significa borrar de un plumazo cualquier posibilidad de debate político.

En una resolución firmada el 16 de enero pasado, el funcionario provincial Alejandro Finocchiaro dispuso que “en ningún caso podrán autorizarse actividades en las que se traten, de manera directa o indirecta, asuntos de carácter político partidario o se utilicen símbolos de partidos políticos”, los días en que no haya clases, durante los feriados o los recesos escolares.

Tras conocer la medida, referentes de diversos sectores advirtieron que se trata de una acción antidemocrática que viola diversas leyes provinciales y nacionales, entre ellas la que promueve y garantiza el pleno ejercicio de los Centros de Estudiantes, así como la propia Constitución y los tratados internacionales suscriptos por nuestro país.

La medida adoptada se enmarca dentro de la normativa  que dispone el empleo de la sede escolar fuera del horario de clases, como así también durante los feriados y días inhábiles para la realización de actividades educativas, deportivas, culturales, recreativas y solidarias.

Del mismo modo, la resolución establece que no podrán realizarse actividades con connotaciones raciales o que afecten los principios y fines establecidos por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco se permitirá el expendio de bebidas alcohólicas, tabaco y la realización de juegos de azar, según dispone expresamente la reglamentación.

En tanto, Finocchiaro aclaró que “esta resolución se suma a otras políticas de Gobierno que tienden a recuperar la normalidad de roles y responsabilidades dentro de las instituciones” y asegura que la resolución integra una serie de medidas tendientes a la” normalización del espacio escolar”.

En este sentido, el Código de Faltas introdujo un cambio en las “penas para quienes agredan y/o agravien a docentes”, con el objetivo de “devolver la autoridad al docente  y el acompañamiento a su investidura”. “La escuela debe volver a ser un lugar sagrado, donde toda la comunidad educativa se sienta resguardada y protegida”, aseguró el Ministro.