(por Ignacio Cantala) El 2017 arrancó con mucho ajuste y pocas buenas noticias. En el frente eléctrico la cara del “sinceramiento” es sin lugar a dudas el ministro de energía Juan José “tuerca” Aranguren. Quien en estos días, llevando al borde su vocación pedagógica sobre eficiencia energética, logró eclipsar buena parte de la batería de medidas regulatorias que dispararon desde el ENRE.

El afán blanqueador del nuevo gobierno, no llegó todavía a este Ente autárquico, que con un directorio sin concursar se puso al hombro la libreta de demandas de las principales empresas del sector. En tiempo de descuento, en marzo se realizaría el concurso de cargos para el directorio, los responsables del organismo avanzaron con algunas viejas cuentas pendientes del mercado. El primer objetivo fue alcanzado hace pocos días, con la realización en tiempo record de una Revisión Tarifaria Integral que dio como resultado lo que se esperaba, mucha tarifa para que las empresas distribuidoras del AMBA “hagan caja”. Tan exagerados parecen ser los supuestos del estudio, que algunas fuentes del sector comentan por lo bajo que los responsables políticos del experimento técnico presentado, deberán dar explicaciones, no solamente a los usuarios, sobre los márgenes de rentabilidad garantizados.

Contando entre sus filas con otrora directivos de las empresas reguladas, los funcionarios del Ente fueron por más y reformaron las condiciones para la calidad del servicio establecidas por los contratos de concesión. Es que, producto del desastroso servicio brindado, Edenor y Edesur acumulan millonarias deudas con el Estado por las multas que se niegan a pagar. Para evitarles seguir engrosando sus pasivos, los temerarios servidores públicos bajaron a la mitad, si a la mitad, el valor de los indicadores de calidad. Mientras tanto, el “tuerca” Aranguren exprime su imaginación para mantenerse en la escena mediática.

Pero como todos sabemos, la libreta de demandas nunca es corta, y la ansiedad empresaria puede volverse insoportable hasta para los políticos más experimentados. En su mayoría, con amplia trayectoria en el sector, los funcionarios reguladores saben que una vez iniciada la marcha, sólo resta acelerar.

Hace años se autorizó en la parte norte del área de concesión la realización de un experimento con medidores “de carga automática”. El sistema, bastante simple, consiste en la instalación de un medidor especial con un mecanismo “tipo SUBE”, que habilita el consumo eléctrico en tanto haya una carga registrada. Si no hay carga, no tenés luz. Es decir, si no cobrás o no llegás a fin de mes, vivís a la luz de la vela. Bajo los ojos empresarios, fue una experiencia fantástica, que además “ayuda a los pobres a ser más racionales con el consumo eléctrico”. Bajo los efectos del emprendedurismo pampero, la línea gerencial de Edenor convenció al “chelo” Mindlin de importar medidores al por mayor, que finalmente quedaron arrumbados en un galpón ante la sistemática negativa por parte del entonces ministro planificador.

Pero el sueño de los justos llegó. Casi como quien no quiere la cosa, los funcionarios del Ente publicaron una resolución donde se autoimponen avanzar en las reformas necesarias para habilitar la instalación de este nuevo sistema en toda el área de concesión. Algunas fuentes del sector dicen que el celular del ministro no para de sonar, del otro lado le piden aplazar el concurso un año más… La sinfonía fina llego al sector eléctrico, con la sello de origen de la gestión PRO: mayores ganancias empresarias, desregulacion y peor servicio a los usuarios.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata autorizó los aumentos de tarifas de luz de los prestadores de ese servicio en la provincia de Buenos Aires, se informó hoy.

La medida fue adoptada por los jueces Gustavo De Santis y Claudia Milanta al hacer lugar a un recurso de queja presentado por la Fiscalía de Estado provincial contra una resolución del juez platense Luis Federico Arias, que declaró la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Infraestructura bonaerense que autorizaron el aumento en la tarifa de luz.

En un fallo que fue dictado el martes pero recién se conoció hoy, los magistrados hicieron lugar también a un recurso de apelación presentado por el Estado y otorgaron efecto suspensivo a la medida judicial del juez de primera instancia, por lo que hasta que no se defina el tema de fondo, el fallo de Arias que declaró la nulidad de las tarifas no estará en vigencia.

Con esta medida, las empresas EDELAP (La Plata y región), EDES (sur bonaerense), EDEA (costa atlántica), EDEN (norte de la provincia) y las alrededor de 2.000 cooperativas quedaron habilitadas para cobrar el aumento tarifario.

Arias había suspendido el incremento al hacer lugar a una medida autosatisfactiva promovida por el Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ) contra el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y declaró la nulidad de la resolución 22/16.

En el fallo, el juez platense consideró que la nulidad de los aumentos no afecta a la Tarifa Social dispuesta en esa resolución.

Además, había ordenado al Poder Ejecutivo y al Órgano de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires a que, dentro del plazo de cinco días corridos, se instruya a las distribuidoras a la refacturación de la tarifa eléctrica, con sujeción a los valores vigentes con anterioridad a la resolución impugnada.

Arias también había hecho lugar el pasado 31 de mayo a una medida cautelar presentada por el CIAJ y suspendió el aumento tarifario, aunque luego la Cámara en lo Contencioso revocó el fallo.

Si bien la Cámara no se expidió sobre el fondo de la cuestión, aceptó las apelaciones presentadas contra el fallo el Arias y dio "efecto suspensivo" a la medida de la instancia anterior hasta que sea resuelta el caso, con un criterio similar al que adoptó hoy.

La empresa estatal de energía eléctrica, Edenor, envió una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo autárquico que tiene como objeto es otorgar la oferta pública y garantizar la transparencia en los mercados de valores y la formación de precios, en la que sostuvo que las medidas cautelares dictadas que suspendieron provisionalmente los aumentos tarifarios ordenados en las Resoluciones 6 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería y 1/2016 del ENRE, provocan:

– que el 80% de sus usuarios pasen a abonar por el suministro eléctrico las tarifas vigentes hasta enero de 2016.

– que más de un 30% de sus usuarios tendrán la suspensión retroactiva al mes de febrero, con lo cual recibirán créditos en las próximas facturas que implicarían que no deban pagar su factura de electricidad por aproximadamente 16 meses.

A la vez la empresa de energía, añadió que de mantenerse en el tiempo esta situación le generaría un déficit de caja de aproximadamente $4.800 mln en el año. Ello pondría en riesgo sus operaciones y deberá incurrir nuevamente en atrasos en el pago de la energía que adquiere en el MEM, la paralización de las inversiones y el recorte de otros gastos operativos, de los cuales los salarios representan un 80%.

Por otra parte, Edenor advierte que dado que las medidas cautelares suspenden la Resolución MEyM 7/2016, que derogaba la Resolución SE 32/2015 (es decir la transferencia de fondos del Tesoro Nacional a las distribuidoras para cubrir el déficit operacional generado por la falta de aumento de tarifas), se considera que la Resolución SE 32/2015 vuelve a recobrar vigencia en aquellas jurisdicciones alcanzadas por las medidas cautelares y, por lo tanto, el déficit generado por éstas debería ser cubierto por fondos transferidos por el Estado Nacional.

Las medidas cautelares continúan siendo discutidas judicialmente tanto por la Sociedad, como por el Estado Nacional y se espera que la Corte Suprema de Justicia admita el recurso extraordinario tendiente a la revisión de los fallos que hicieron lugar a las medidas cautelares.